Dos visiones del nuevo decreto de Dependencia: de «simplificar el proceso» a «modelo 'low cost'»

Con la norma se pretende «agilizar el proceso» de reconocimiento de la dependencia, pero para Yolanda Cívicos, de Intersindical, solo trata de «reducir las estadísticas» mermando la atención a la ciudadanía. Bienestar Social, sin embargo, asegura que han apostado por «simplificar el proceso», que el «silencio negativo es mejor que el positivo, porque genera un derecho» y que, además, se trata de un «borrador» que se puede cambiar. «Vamos a tomar en consideración todas las aportaciones que se hagan. El decreto no está cerrado. Si se tiene que cambiar, se cambiar», aseguró ayer la directora general de dependencia, Concepción Ramírez.

«El que si en seis meses no se ha resuelto el expediente el silencio administrativo sea desestimatorio no se había dado nunca. Se amparan en que puedes presentar un recurso de alzada. Pero esa posibilidad ya la tenemos», critica Cívicos, quien entiende que con ello lo que se pretende es reducir las listas de espera.

Podemos Canarias ha presentado alegaciones al decreto porque la formación entiende que contiene modificaciones en el sistema que consideran «regresivas e incluso contrarias» a la propia Ley 39/2006. Según Santana, el decreto «reduce la calidad de la atención al incorporar cambios que van en detrimento de la prestación del servicio, de sus usuarios y usuarias y de la propia Ley estatal que supuso el nacimiento de este derecho». Y también critican ese cambio en que si no se resuelve en seis meses el silencio administrativo en negativo. Eso son, dice Santana, ««motivos de alarma». Es más, «se trata de una medida que pretende disuadir a la gente de ejercer su derecho, obligándola a presentar repetidamente solicitudes que probablemente decaerán por falta de personal», lamenta.

Según la directora general de Dependencia, «las administraciones deben pronunciarse y si no se responde el silencio administrativo puede entenderse como positivo o negativo». Este último, que es el que incorpora el nuevo decreto, «es abrirle a la ciudadanía la vía judicial en defensa de los derechos, pero eso no quita que el procedimiento finalice. Lo continuamos, la administración está obligada a terminarlo». Por eso, afirmó Concepción Ramírez, «no caduca» su expediente y sigue en la lista de espera.

Ramírez insiste en que ahora mismo, «con el silencio positivo» en dependencia la ciudadanía «tiene que esperar». El nuevo procedimiento, añade, «se ha simplificado a una sola fase. Ahora para hacer el PIA estamos tardando un año», lamenta. «Este modelo ha sido tomado por otras comunidades». Por ejemplo, dice, en Madrid «va un profesional que no es solo la figura del Trabajador Social y si lo que me vincula es el informe social no se lo voy a exigir que en esa única visita. Va el trabajador, de un perfil sociosanitario, y hace el trámite, consulta el baremo y hace el PIA, no hace el informe social» sino que lo piden al ayuntamiento.

Para la exconsejera canaria de Derechos Sociales, con la nueva normativa «se pasa de un procedimiento garantista que a día de hoy se produce en varias entrevistas y desarrollado por equipos interdisciplinares a uno abaratado, con una única entrevista y realizado por una única persona», hecho que también critica Intersindical.

También critican que se pueda hacer por personal de instituciones privadas, como las residencias u hospitales. Ramírez dice que se hace en Asturias y Cantabria, y que será personal de centros «acreditados» por el Gobierno canario. «Si el personal está cualificado y preparado ¿dónde está el problema? ¿Queremos el protagonismo del Gobierno de Canarias o que salga cuanto antes?», se pregunta.