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Imagen de archivo de una anciana en su habitación en una residencia. EFE/MARISCAL
2.070 euros, precio medio de una residencia: «Una cosa es necesitarla y otra poder pagarla»

2.070 euros, precio medio de una residencia: «Una cosa es necesitarla y otra poder pagarla»

Las islas son la segunda comunidad con menos plazas sociosanitarias públicas pese a que muchas familias no pueden afrontar el coste de una privada

Luisa del Rosario

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 18 de febrero 2024, 01:00

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El precio medio de una residencia para mayores privada en España es de 1.990 euros al mes, cifra que se eleva en Canarias a los 2.070 euros, una de las cuotas más altas del país, según pone de relieve el informe de 2023 elaborado por Inforesidencias. En las islas, además, hay un déficit de plazas que ronda las 9.400 camas para alcanzar la ratio de 5 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años como pone de relieve el estudio de la Asociación de Directoras y Gerentes de Asuntos Sociales. Con estos datos, ligar oferta y demanda parece lejano. Las administraciones públicas canarias no han cumplido con el II Plan de Infraestructuras Sanitarias. De hecho, solo se han creado un 11,4% de las plazas a las que se comprometieron. Y tampoco hay respuesta por parte de las empresas privadas pues no abren centros. «Una cosa es la necesidad y otra la demanda, poder pagarla», asegura Josép de Martí, fundador de Inforesidencias, para explicar la ausencia de interés del sector en el archipiélago.

¿Son caras o baratas las residencias para mayores en Canarias?

«Cuando dices lo que necesita una persona en una residencia, que es un empleado a jornada completa por cada dos usuarios, disponer de entre 25 y 40 metros cuadrados por persona en las instalaciones, o que el edificio va a estar caliente en invierno y fresco en verano, que ofreces un servio hotelero integral más la atención a la vida diaria... ¿Es caro o barato? En España se está dando eso por menos de 70 euros al día. ¿Es caro o barato? Si lo tiene que pagar tú es muy caro, pero una diputación o un cabildo no prestan la atención por ese dinero. Es imposible», reconoce Martí. «Aquí tenemos un sistema bueno. Por muy poco dinero se da un servicio ajustado», abunda reconociendo que las nóminas están igualmente ajustadas.

EN CONTEXTO

EN CONTEXTO
  • 1979,98 euros Es el precio medio de una plaza sociosanitaria privada en España.

  • 9.400 plazas 400 plazas. Es el déficit de camas sociosanitarias que arrastra Canarias.

  • 2% del PIB Es lo que el sector sociosanitario demanda que España dedique a la dependencia. Ahora destina entre un 0,7 y un 0,8%.

  • ¿Qué influye en el precio? El tipo de habitación, individual o compartida, los servicios del centro y la ubicación. En zonas urbanas son más caros.

Más inversión en dependencia

Sin embargo es consciente de que para muchas familias los precios de las residencias privadas son inabordables. Por eso Martí cree que lo deseable es que España invirtiera en atención a la dependencia el 2% del PIB «que es lo que gastan otros países de nuestro entorno». En la actualidad se destina entre un 0,7 y 0,8% cuando hay otros países que llegan al 3%, asegura. «La administración se tiene que dar cuenta de que invertir en dependencia no es un gasto, que se generan puestos de trabajo estables que, además, no se pueden ir de España. Se da empleo a muchas mujeres que no han podido formarse por ejemplo en los servicios de limpieza. Estas personas cotizan a la seguridad social y se generan retornos», reitera.

¿Quién quiere ir a una residencia de mayores?

Según José Manuel Ramírez, el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Asuntos Sociales, la mayor parte de la población no desea ir a una residencia, sin embargo, recuerda, entre un 4 y un 6% «de manera inexorable sí lo desea porque les da más seguridad. A lo mejor son personas que viven solas...» Y aunque no lo hubieran deseado, cuidar a personas con demencias es muy complicado para las familias. «Por mucha cohesión que tengan acaban claudicando», reconoce Ramírez. Pero la economía marca el camino.

Salarios y ayudas para una residencia de mayores

Si la persona ya tiene la dependencia y su plan individualizado de atención contempla una plaza sociosanitaria puede recibir ayudas de hasta 800 euros con un grado III, de 477 con un grado II y de hasta 336 euros con un grado I como «prestación vinculada al servicio». Cantidades que pueden rebajarse hasta en un 50% en función del nivel de renta. Pero estas ayudas a veces no llegan a ser suficiente. La pensión media en Canarias se sitúa en 1.135 euros, y el salario medio en 1.630 euros, el segundo más bajo del país. Cabe recordar, además, que las islas son una de las comunidades con mayor número de personas con pensiones no contributivas (7.300 euros anuales). Con estas cifras es difícil llegar a costear la plaza privada a la que, además, se accede por lista de espera.

Factores que influyen para lograr una plaza en una residencia

Y es que a la dificultad de pagar se suma la tardanza en poder acceder a una plaza. «Hay tres factores», explica Martí, que influyen: «El precio. Si se es hombre o mujer y opta por habitación compartida [que es más barata] y cuánto estás dispuesto a moverte». Las residencias fuera de las ciudades suelen ofrecer precios más baratos que en el núcleo urbano.

Francis Candil, viceconsejero de Bienestar Social. Cober

Avanzar hacia un nuevo modelo de atención y un «tercer plan» de infraestructuras sociosanitarias

Las administraciones públicas quieren avanzar en un nuevo modelo, el de la desinstitucionalización, es decir, que las personas mayores pasen el mayor tiempo posible en sus viviendas. Para ello, explica el viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, se potenciarán otros servicios como la atención domiciliaria.

Sin embargo, para aquellos que requieren más cuidados, especialmente dependientes con grado III, la falta de plazas residenciales públicas los deja en un limbo que en ocasiones «obliga» a las familias a recurrir a centros de mayores que no cumplen todas las garantías. En estos momentos el Gobierno de Canarias tiene un expediente abierto a uno de ellos. En mayo de 2023 la Fiscalía de Mayores de Canarias cerró otro «hogar» en Tafira.

Esta falta de plazas también llega a los hospitales canarios, donde viven en torno a 500 personas con alta médica. Personas sin familia o que estas no pueden hacerse cargo, y a la espera de una plaza sociosanitaria.

El presidente de la Asociación de Directoras y gerentes de Asuntos Social, José Manuel Ramírez, pide «más control» sobre posibles centros que no cumplen. En 2022 la Fiscalía de Mayores de Canarias, según consta en la memoria, realizó 135 visitas y «como ocurriera en 2021, realizó la propuesta de cierre de varios centros en atención a la nula asistencia que se procura a las personas residentes más allá del sustento y habitación básicos».

Canarias trabaja ahora en una «nueva acreditación» para centros residenciales «huyendo de las grandes residencias vamos modelos más humanizados, más cercanos a las personas», asegura Candil. El viceconsejero reconoce la falta de plazas públicas. «Vamos a tener que crear más. Ya se está hablando de un tercer plan pensando en fórmulas más eficientes de las que hemos hecho hasta ahora», admite. Pero esto no significa, añade, «que vayamos a permitir que por la falta de plazas se convierta cualquier alpendre en una residencia».

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