Santana rechaza las críticas del presidente del CES sobre dependencia

La consejera canaria de Derechos Sociales subraya que Canarias «es una de las tres comunidades autónomas que más solicitudes han logrado gestionar a lo largo del año»

EFE Las Palmas de Gran Canaria

La consejera canaria de Derechos Sociales, Noemí Santana, rechaza la acusación del presidente del Consejo Económico y Social (CES), José Cristóbal García, de que la atención a la dependencia «no se está mejorando, incluso se está empeorando» en el archipiélago, cuando «es una de las tres comunidades autónomas que más solicitudes han logrado gestionar a lo largo del año», ha asegurado este martes.

Porque «lo cierto es que los últimos datos reales que conocemos son los del Imserso (Instituto de Migraciones y Servicios Sociales español), que dicen que Canarias es una de las tres comunidades autónomas que más solicitudes han logrado gestionar», ha afirmado Noemí Santana.

A preguntas de periodistas sobre esas críticas hechas al término de una rueda de prensa en que presentó el festival de cine «Nieves Lugo Juventud e Historia», la consejera ha sostenido que, en cualquier caso, se trata de «una opinión personal del presidente del CES y no del órgano en sí mismo, eso hay que dejarlo claro», y aduciendo además «datos erróneos».

Ya que es falso que la tramitación de peticiones de ayudas a dependientes haya empeorado en la presente legislatura, como ha apuntado García, pues ahora «hay más solicitudes que cuando nosotros llegamos y más expedientes resueltos que cuando nosotros llegamos», ha insistido.

No obstante, Noemí Santana ha admitido que, como se dice en el Informe Anual 2020 del CES al margen de las declaraciones hechas sobre el documento por su presidente, «aunque en la norma se establece que el procedimiento debe resolverse en un plazo de 180 días, en el caso de Canarias la Administración tarda una media de tres años en responder, esto es 923 días, lo que supone, además, más del doble de la media nacional, que se sitúa en los 432 días».

Si bien ha atribuido esa circunstancia no a que ahora se estén tramitando las solicitudes más lentamente, sino a que se han incluido en el cómputo de las pendientes «5.000 que estaban durmiendo el sueño de los justos porque nadie las había tocado y hubo que incorporar al sistema», ya que se trataba de «gente apuntada en notas o cajas que estaban sin tocar», en la mayoría de los casos desde 5 o 6 años atrás.

Con lo cual, «el problema es que se han incrementado los tiempos de espera, pero porque nos encontramos 5.000 expedientes que tuvimos que incorporar y que llevaban en cajas 5 o 6 años, y entonces, cuando los metes, sube el tiempo de espera», ha argumentado.

Y ha insistido en que, por lo demás, las críticas de García «no responden a la realidad», porque, de acuerdo al baremo del Imserso, tanto en lo referente a 2020, ejercicio del que se habla en el informe del CES que presentó, como en lo tocante a 2021, Canarias figura «entre las tres o cuatro comunidades autónomas que mejor está gestionando la dependencia» si se mide «en cuanto al incremento de expedientes resueltos con respecto al año anterior».

La consejera ha cuestionado, así mismo, el planteamiento del presidente del CES de que una de las causas del retraso de la atención a la dependencia en las islas frente a otras regiones no sea la falta de personal para tramitarla.

Ya que, «si queremos compararnos con las mejores, hemos de hacerlo en todos los sentidos, y saber que, mientras en Castilla y León, que es la comunidad que mejor gestiona la dependencia, tienen, solo para valorar la dependencia, a 800 personas, en Canarias, a día de hoy y porque las hemos incrementado, hay unas 60 valoradoras, y cuando llegamos había unas 30», ha dicho.

Añadiendo que en las islas, de hecho, se cuenta, «para toda la Consejería, con unas 1.000 personas. Así que -ha subrayado- comparen, de 800 personas solo para valorar la dependencia a 1.000 personas para toda una Consejería que no solo lleva dependencia, sino también discapacidad, igualdad, juventud, derechos sociales y prestaciones como la prestación canaria de inserción, ahora la renta de ciudadanía».