Sin impuesto a las bebidas dulces

La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, dio a entender en mayo que el Gobierno sí estudiaba establecer un impuesto sobre las bebidas azucaradas similar al que ese mes entraba en vigor en Cataluña. Sin embargo, a día de hoy parece que aquel anuncio estuvo más forzado por la presión mediática que porque realmente se viera prioritario. De hecho, a lo largo de septiembre los técnicos de Hacienda presentarán a los agentes sociales y económicos la reforma del sistema tributario de Canarias y ni siquiera dentro de la Consejería se tiene claro que el impuesto a las bebidas azucaradas se incluya.

Tampoco Salud Pública parece tener claro qué hacer. Reconoce que sería quien tiene que hacer la propuesta, pero desde este departamento de la Consejería de Sanidad apuntan de manera extraoficial que el problema «no es el azúcar de las bebidas, sino el que está oculto en los alimentos».

Quien está convencida de que este impuesto «nunca ha formado parte del proyecto» del Gobierno» es la catedrática de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión de la ULPGC, Beatriz González López-Valcárcel, que defiende que se grave el consumo de bebidas azucaradas porque, dice, «la sociedad ganaría en términos netos».

A su juicio «valdría la pena hacer un impuesto bien diseñado, gravando en proporción a la cantidad de azúcar y no al precio» porque así, asegura, «bajaría el consumo» en especial en la población infanto-juvenil, que es quien consume estas bebidas.