Sanidad cuela en el decreto de Discapacidad el blindaje salarial de sus nuevos cargos
Advierten de que la disposición adicional pone en riesgo la constitucionalidad de la norma para mejorar la vida de las personas con diversidad funcional
Aunque hubo consenso en torno al nuevo decreto ley que agilizará la valoración y el reconocimiento de la discapacidad en Canarias, la Comisión General de Cabildos Insulares del Parlamento de este jueves no estuvo exenta de polémica. La norma incluye una disposición final que blinda los salarios de los nuevos cargos de la Consejería de Sanidad del Gobierno regional y del Servicio Canario de la Salud (SCS) para equipararlos a los que percibían antes de su designación.
La portavoz del grupo socialista, Elena Máñez, habló con claridad de un añadido que, según dijo, parece haber sido diseñado para preservar la remuneración del nuevo director del SCS, Adasat Goya, nombrado el mismo día en que se aprobó el decreto ley.
«Lo que realmente nos duele de este decreto es que se haya mezclado el drama de la discapacidad –con esas 40.000 solicitudes aún pendientes de resolución– para resolver una cuestión de interés particular y garantizar mediante esa disposición que el nuevo director del SCS pueda mantener el salario que tenía antes de ser nombrado director general», precisó Máñez, quien subrayó que el Consejo Consultivo reprochó al Gobierno canario la inclusión de esta disposición final en el decreto de Discapacidad, que no se ajusta al criterio de extraordinaria y urgente necesidad.
Riesgo jurídico
También la portavoz de Nueva Canarias, Esther González, advirtió que la norma difícilmente podrá convertirse en ley por culpa de este añadido. «Hay indicios de inconstitucionalidad por lo establecido en la disposición final tercera», señaló la representante del bloque canarista.
Más indignada se mostró la portavoz de Vox, Paula Jover. «Algo que causa gran enojo es la disposición final tercera, que no guarda relación con la discapacidad y que disfraza de 'captación de talento' el nepotismo y el gasto público ilimitado», afirmó la diputada, que censuró que la «artimaña» ponga en riesgo una norma tan necesaria como esta.
En concreto, la disposición final tercera introduce la modificación de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias, añadiendo una novena disposición adicional que establece lo siguiente: «Quienes fueran nombrados altos cargos en el departamento competente en materia de sanidad, y por cualquier vínculo estuvieran percibiendo sus retribuciones con cargo a ese departamento, ya sea en el SCS o en la Consejería, no percibirán retribuciones inferiores a las que vinieran percibiendo en el puesto que ocupaban con anterioridad a su nombramiento».
