La sanidad canaria ha prestado ayuda para morir a 47 personas en tres años

Este martes se cumplen tres años de la entrada en vigor de la ley de eutanasia en España. Desde ese 25 de junio de 2021 hasta ahora, 47 personas, 24 mujeres y 23 hombres, han recibido ayuda para morir en Canarias, donde se han presentado 117 solicitudes, según los datos facilitados por la Consejería regional de Sanidad.

La edad media de quienes se han acogido a este derecho en las islas es de 67 años. La persona más joven tenía 41 y la mayor, 89.

Todas padecían una enfermedad grave e incurable o una dolencia crónica e imposibilitante que les causaba «un sufrimiento físico o psíquico intolerable» sin posibilidad de mejora, dice la ley.

La gran mayoría tenía patologías neurodegenerativas, 24, o cáncer en fase terminal, 18. Además, han recibido ayuda para morir dos personas con enfermedades respiratorias y tres con pluripatologías.

Pero solo un tercio de quienes han solicitado la eutanasia en Canarias han recibido la prestación. En 46 casos, 33 de la provincia de Las Palmas y 13 de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la persona solicitante murió durante la tramitación de su expediente, 27 de ellas con una patología oncológica. De hecho, las peticiones de pacientes con cáncer ya son mayoría en el archipiélago, según los datos de Sanidad.

Otras once solicitudes de eutanasia han sido rechazadas en estos tres años por no cumplir los requisitos que marca la ley. Además, seis personas revocaron su solicitud, cinco antes de presentar su segunda petición y una después de la resolución favorable para recibir la eutanasia. Y siete pidieron un aplazamiento tras tener el visto bueno definitivo a su eutanasia por parte de la Comisión de Garantías y Evaluación de Canarias.

Este órgano, formado por cinco profesionales de la medicina, dos de la enfermería y cinco juristas, tiene la última palabra para avalar la concesión de la prestación a quienes la soliciten.

En la mayoría de las solicitudes tramitadas en Canarias los médicos responsables de los casos, que deben acompañar al paciente en todo el proceso, son especialistas de Medicina de Familia y Neurología. También han llevado a pacientes profesionales de Medicina Interna, Geriatría y Oncología, entre otras especialidades.

La Consejería regional de Sanidad hace un balance positivo de la aplicación de la ley en Canarias en estos tres años. «Se está atendiendo en tiempo y forma a todas las solicitudes, porque la ley es estricta en cuanto a los plazos», afirma Antonia Pérez, directora general de Programas Asistenciales del Servicio Canario de Salud, quien descarta que las personas que se han fallecido esperando por su solicitud hayan sufrido un retraso del procedimiento. «La ley es muy garantista y no permite acortar algunos plazos, por eso hay personas que mueren antes», asegura.

Sin embargo, la Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente (DMD) sitúa al archipiélago «a mitad de la tabla» en cuanto al cumplimiento de la ley.

Según Fernando Marín, médico y vicepresidente de DMD, en Canarias hay desigualdades territoriales en función de la isla donde se solicite la ayuda para morir y reprocha que no se haya implantado «desde el minuto uno» un plan siguiendo el modelo de Cataluña o el País Vasco, con profesionales de referencia en todas las islas formados en la ley y que resuelvan a sus colegas todas las dudas.

«Esto no se ha hecho y muchas veces cada solicitud es como inventar la rueda, se generan obstáculos, porque depende del profesional que te encuentres», sostiene. «El problema es cuando el profesional no sabe qué hacer y va demorando la tramitación hasta el punto de que una tercera parte de las personas mueren durante la tramitación», opina el sanitario.

Otra visión tiene Antonia Pérez, para quien sí se ha articulado un circuito de apoyo y formación para que el personal sanitario afronte las eutanasias y las personas que la solicitan tengan una atención adecuada.

«En Canarias hay una unidad central de apoyo a la gestión de casos, formada por 14 personas, y después hay comisiones insulares en cada una de las gerencias, que garantizan apoyo y asesoramiento al personal sanitario que afronta una petición de eutanasia», dice la responsable de Programas Asistenciales de la sanidad canaria, quien incide en que la prestación de la ayuda para morir está incluida en los planes anuales de formación y que «cada vez son más los profesionales que se forman en bioética».

Según Pérez, los médicos que han estado en la comisión valoran muy positivamente en su actividad profesional esta prestación. «Ayuda a sensibilizarse y ver la gran ayuda que le estás ocasionando a los pacientes», afirma.

Pero Derecho a Morir Dignamente sí aprecia «falta de apoyo del Gobierno de Canarias a la prestación de ayuda para morir». «Las personas que están trabajando en el tema hacen lo que pueden, no dan abasto, y entiendo que esa es la razón por la que Canarias es una de las tres comunidades autónomas que no ha cumplido con la obligación legal de hacer un informe anual de evaluación», dice.

En lo que sí coinciden Consejería de Sanidad y la asociación que vela por el derecho de los enfermos terminales e irreversibles a morir sin sufrimientos si es su deseo es en destacar el trabajo de la Comisión de Garantías y Evaluación de Canarias.

«Están resolviendo temas bastante complejos de una manera muy competente, en vez de hacer muchas denegaciones como pasa en otras partes del Estado por no profundizar», asegura Marín.

La ley establece la creación de un registro objetores de conciencia que rechazan participar en procesos de eutanasia. En Canarias se han inscrito 324 profesionales sanitarios, «un porcentaje bajísimo que en absoluto impide que se garantice la aplicación de la ley», destaca Antonia Pérez.

Para pacientes y personal sanitario que participan en una eutanasia el camino que marca la ley es claro: las personas que piden ayuda para morir deben formular dos solicitudes de manera voluntaria y por escrito, dejando una separación de al menos quince días entre ambas.

Una vez recibida la petición, el médico responsable realiza con el paciente un proceso deliberativo sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y posibles cuidados paliativos. El médico responsable debe valorar el caso con otro colega consultor, que tiene diez días para corroborar el cumplimiento de las condiciones.

Si la solicitud se ajusta a la ley, pasa a la comisión de garantía y evaluación, que toma la decisión final. Si se rechaza, se puede recurrir a los tribunales ordinarios. En el caso de una respuesta positiva de la comisión, entre 30 y 40 días tras la petición original ya se puede llevar a cabo la eutanasia.

Las eutanasias se pueden realizar en centros sanitarios públicos, privados o concertados y en las casas de la personas que reciben la ayuda para morir. En la medida de lo posible es una elección del propio paciente, y en Canarias son mayoría quienes han fallecido en un hospital.

Según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad, de las 47 eutanasias realizadas en Canarias, 27 han sido en un centro sanitario, 16 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 11 en Las Palmas. En su casa han recibido ayuda para morir 19 pacientes, 13 en Las Palmas y seis en la provincia occidental, además de una personas que ha fallecido en la residencia sociosanitaria donde vivía.

Las eutanasias también han servido para salvar otras vidas. Muchas de las 27 personas que han fallecido en un hospital renunciaron a morir en casa para poder donar sus órganos tras recibir la ayuda para morir.

Es el caso de 13 pacientes cuyas eutanasias se han organizado conjuntamente con los profesionales de la coordinación de trasplantes de Canarias. Sanidad explica que en las personas que solicitan la prestación de ayuda para morir el derecho a ser donante se mantiene en igualdad de condiciones que el resto de personas, «y es obligación del sistema sanitario asegurar esta opción a aquellas personas que la contemplen dentro de su plan de final de vida».

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