La ministra de Sanidad, Carolina Darias. / EP

La persistencia de la cuarta ola complica el fin del estado de alarma

El Gobierno esperaba dejar una situación más fácil de gestionar a las comunidades, pero la pandemia se ha instalado en un «altiplano»

MELCHOR SÁIZ-PARDO | ÁLVARO SOTO Madrid

Cuando el 6 de abril Pedro Sánchez, en su intervención en Moncloa para fijar el calendario vacunal, anunció formalmente que el Gobierno no iba a prorrogar el estado de alarma más allá del 9 de mayo, las previsiones epidemiológicas de Sanidad eran otras. El presidente del Ejecutivo tomó la decisión de prometer el fin de la legislación de excepción en el plazo de un mes contando con que España, de la mano de las vacunas y de las restricciones impuestas en Semana Santa, para ese 9 de mayo no solo habría doblado la curva de la cuarta ola, sino que se encontraría en un escenario tendente a la 'nueva normalidad', de manera que las comunidades no iban a tener que siquiera plantearse -o reclamar vehemente, como algunas están haciendo- medidas tan extremas de restricciones de derechos fundamentales como mantener los confinamientos perimetrales o los toques de queda.

Cuando Sánchez compareció aquel martes inmediatamente posterior al fin de Semana Santa, los informes del Comité de Seguimiento del Coronavirus, que él mismo preside, confirmaban que España, efectivamente, estaba entrando en la cuarta ola a cuenta no solo de las vacaciones, sino también por cierta relajación de medidas a finales de marzo tras superarse la tercera ola. De hecho, esa última semana la incidencia acumulada había subido 18 puntos.

Pero esos mismos informes -según reconocen responsables de Sanidad- vaticinaban un futuro más halagüeño del que se finalmente se ha producido. Apuntaban a que el «pico máximo» de la cuarta ola se iba a alcanzar en la semana del 19 al 26 de abril, tal y como anunció públicamente Carolina Darias en una de sus comparecencias.

Es más, el mismo 19 de abril, el director de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, llegó a afirmar que el «efecto de la Semana Santa no se está notando» y que la cuarta ola se iba a quedar en una «olita».

El optimista análisis del jefe de la epidemiología española coincidía con los documentos del CCAES de mediados de abril y que hicieron a Moncloa refrendarse en su determinación de que no iba a haber prórroga. Y es aquellos informes -revelan fuentes del Ejecutivo- apostaban por una «caída franca» de los índices epidemiológicos a partir de la tercera semana de abril. España iba a llegar a una «zona valle», como la definió literalmente Simón, tanto en público como en las reuniones con Sánchez. Iba a haber una «clara mejora de la situación sanitaria» que debería tender a consolidarse antes, incluso, de que llegase mayo. Los 'papeles' que Pedro Sánchez valoró a principios de abril para tomar la decisión de anunciar que no iba a haber prórroga del estado de alarma dibujaban una pandemia en «valle» y no en un «altiplano», como ha acabado ocurriendo, ante la persistencia de la cuarta ola a negarse replegarse, como sí que hicieron las anteriores de forma casi inmediata una vez alcanzados sus techos.

Así las cosas, lo cierto es que desde que Simón hiciera sus predicciones sobre la «olita» aquel 19 de abril, la incidencia acumulada (IA) nacional a 14 días, que entonces era de 230 casos por cada 100.000 habitantes, se mantiene prácticamente igual -este viernes. último dato disponible, se situó en 229 positivos- tras dos semanas de vaivenes en forma de dientes de sierra.

En Moncloa también esperaban empezar mayo lejos de los 10.000 casos diarios de mediados de abril, pero las cifras siguen siendo casi idénticas a las de entonces. Y también confiaban en entregar el mando a las comunidades con una perspectiva muy favorable para las próximas semanas, pero los últimos 'indicadores profundos' no son tan claros. Aunque la incidencia acumulada a 7 días en las últimas jornadas sigue siendo menos de la mitad que la de a 14 días, lo que en principio auguraría una pandemia en retroceso, la positividad (el porcentaje de pruebas positivas sobre el total) no muestra una tendencia definida en las últimas jornadas con constantes subidas y bajadas (moviéndose en el entorno del 7,29% del viernes) sin un patrón que apunte de manera definitiva al descenso.

Riesgo extremo

En el escenario que apuntaba Moncloa para el 'traspaso de poderes' a las comunidades, los 19 territorios, o la mayoría de ellos, debían situarse fuera de la zona de «riesgo extremo» en los dos parámetros que más preocupan a los especialistas: la incidencia acumulada y el porcentaje de ocupación de camas de UCI por enfermos covid. Sin embargo, a una semana del fin del estado de alarma, la situación epidemiológica es de lo más dispar según los territorios, pero sobre todo, lo que más preocupa es que más de la mitad de la población vive en comunidades que siguen en zonas de máximo peligro por encima de los 250 casos de IA a 14 días por cada 100.000 habitantes y con ocupación de unidades intensivistas más allá del 25% del total de las camas.

Según las últimas estadísticas de Sanidad (viernes) , siete comunidades, algunas de ellas de las más pobladas del país, y Melilla están por encima de los 250 casos. Incluso el País Vasco dobla el listón del «riesgo extremo», con 517 positivos. Le siguen Madrid con 384, Melilla con 365, Navarra con 342, Cataluña con 295, Aragón con 290, La Rioja con 268 y Cantabria con 256. Solo una autonomía, la Comunidad Valenciana con 43 casos, está en esa zona de «riesgo bajo» en las que las autoridades sanitarias ven factible no hacer uso de medidas drásticas de limitaciones de movimientos similares a las contenidas en el decreto del estado de alarma que está a punto de caducar.

La situación de las UCI es igualmente delicada, ya que -explican en Sanidad- aunque la cuarta ola no llegó a niveles de las anteriores, en las unidades intensivsa todavía había (y hay) enfermos de la tercera embestida del virus, a lo que se suma el hecho de que los pacientes, al ser más jóvenes, pasan más tiempos en las UCI porque logran sobrevivir. Siete comunidades y las dos ciudades autónomas están en esa zona de «riesgo extremo» por sus UCI: Madrid, 44%; La Rioja, 39%; País Vasco, 37%; Cataluña, 37%; Ceuta, 35%; Melilla, 29%; Navarra, 28%; Aragón, 26%, y Castilla y Léon, 26%.