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Sanidad solo registrará casos graves en la transición hacia el sistema centinela

Ministerio y autonomías pactan un nuevo modelo de vigilancia similar al de la gripe que se pondrá en marcha en 2023

Álvaro Soto
ÁLVARO SOTO Madrid

El Ministerio de Sanidad y las comunidades pactaron este jueves un cambio paulatino en la vigilancia de la salud pública que también variará los criterios para enfrentarse a la covid-19. En las próximas semanas, España entrará en un periodo de transición en el que la vigilancia se realizará se centrará sobre todo en los casos más graves y vulnerables, y no como hasta ahora, que se extiende a toda la población. Todo ello conducirá al nuevo sistema centinela que se pondrá en marcha en el primer trimestre de 2023.

En esta primera fase se mantendrá un sistema de vigilancia capaz de detectar aumentos de la incidencia en la población general, que permita la detección precoz de nuevas variantes y la medición de la efectividad vacunal. Seguirán realizándose PCR y test, pero los datos que marcarán las decisiones de las administraciones sanitarias (las restricciones, por ejemplo) se basarán más en los casos graves y las hospitalizaciones que en la incidencia acumulada o en los números globales de contagios.

En la segunda etapa, dentro de un año, sí habrá variaciones significativas. Se pondrá en marcha el sistema centinela, similar al utilizado para detectar los brotes de gripe, que funciona a través de la selección de una muestra representativa de ciudadanos (por edad, sexo, por lugar de residencia urbano o rural). Los datos recopilados entre este conjunto de población por los profesionales de Atención Primaria permitirán vigilar el desarrollo tanto de infecciones leves como de graves o explosiones de contagios.

Las bases de este nuevo sistema de vigilancia quedaron marcadas por la Declaración de Zaragoza, un documento firmado por el Ministerio de Sanidad y las comunidades. La ministra Carolina Darias incidió en que el nuevo sistema servirá para «fortalecerá la vigilancia en salud pública» y contará «con fondos suficientes», además de que aumentará la coordinación entre las comunidades. La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, añadió que «es una vigilancia más sostenible en el tiempo y más eficiente». «Puede aportar una información de gran valor de la evolución de las infecciones y cuáles son los patrones de la enfermedad grave», subrayó.

Además, en la reunión, y ante las diferentes opiniones de las autonomías, la ministra y los consejeros aplazaron el debate sobre el fin de la obligatoriedad de las mascarillas en interiores.