La gestión privada de Medicina nuclear del Negrín venció en 2015

La concertación de esta área fue muy criticada desde que arrancó hace doce años al tratarse de un servicio ubicado en un centro público, con un responsable del hospital pero gestionado por una empresa privada tras la adjudicación del concurso convocado por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, entonces con María del Mar Julios (CC) al frente. Se decidió esta fórmula para evitar el desplazamiento de los pacientes a las clínicas concertadas para realizarles los estudios diagnósticos.

La polémica saltó de nuevo en 2017 cuando el consejero Jesús Morera (PSOE) da conocer que la exconsejera Brígida Mendoza comunicó en junio de 2015 a la empresa privada prestataria del vencimiento del contrato y de su intención de tramitar una nueva contratación y solicitó a la empresa su continuidad en los mismos términos, y por parte de la entidad prestataria se expresó su conformidad. Morera, además, comunicó al Parlamento canario su intención de recuperar la prestación –concertado con un coste anual de 3 millones de euros- para el Servicio Canario de Salud. El estudio de la reversión pública del citado servicio concluyó que el ahorro por la gestión directa ascendería a casi 785.000 euros anuales.

A mediados de la presente legislatura, con la ruptura del pacto de Gobierno entre CC-PSOE, se renovaron los cargos en Sanidad y José Manuel Baltar –exdirector de Operaciones del Grupo San Roque y vicepresidente de la patronal nacional del sector– asume la administración pública sanitaria no sin recibir alguna crítica por su procedencia del ámbito sanitario privado. El nuevo responsable se refirió al anuncio que había realizado Morera de recuperar este servicio negando que existiera «expediente administrativo alguno» para recuperar la gestión directa del servicio y apuntando que «no se justificaba» su reversión al sistema público.

Baltar respondía sobre este asunto por interpelación del diputado socialista Marcos Hernández y al que, además, contestó que sólo haría «aquello que sea lo mejor para los ciudadanos en términos de calidad y sostenibilidad».