Concentración a favor de la eutanasia frente al Congreso de los Diputados en diciembre de 2020. / EFE

Los promotores de la ley de eutanasia creen que la pedirán 4.000 españoles

Enfermos terminales de cáncer, pacientes crónicos y con demencias son los grupos que solicitarán la prestación

Antonio Paniagua
ANTONIO PANIAGUA Madrid

La ley de eutanasia, que empezará a aplicarse el día 25, no acarreará una avalancha de casos. Así lo cree la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), que prevé que en su primer año completo de vigencia, en 2022, las peticiones de ayuda supondrán 4.000 solicitudes.

Los principales demandantes de la eutanasia y el suicidio asistido serán los enfermos terminales oncológicos ya desahuciados, los que padecen dolencias crónicas como ELA, esclerosis múltiple y distrofias musculares y, en menor medida, los pacientes de demencias. Los enfermos mentales serán quienes tengan más difícil invocar ese derecho, dado que tales «patologías están muy estigmatizadas y se supone que quienes las sufren son incapaces», asegura el presidente de DMD, Javier Velasco. La organización está recibiendo muchas demandas de información para saber cómo formalizar el testamento vital o documento de voluntades anticipados.

A la vista de lo ocurrido en Bélgica y Holanda, es muy improbable que los ciudadanos españoles presenten masivamente peticiones para que se les ayude a morir. En los Países Bajos, donde la demanda es mayor, se suelen presentar un 3,8% de peticiones, cifra que Velasco considera muy lejos de las que registrará España. «El éxito de la ley no estriba en cuántos sean los demandantes de la eutanasia, sino que los solicitantes puedan ejercer libremente su derecho», dice Velasco subrayando que en España la muerte es un tabú.

Algunos colectivos médicos están fomentado la invocación del derecho a la objeción de conciencia

Señala que las comunidades autónomas van con retraso en la creación de comisiones de garantías y evaluación, que son las que deben aprobar cada caso, y la constitución de un registro de médicos objetores. Por ahora solo seis administraciones (Baleares, Extremadura, Murcia, País Vasco, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana) se han dotado de este organismo. Según Velasco, el Consejo Interterritorial de Sanidad está trabajando en la elaboración de guías prácticas para regular las farmacias hospitalarias y el ejercicio de la objeción de conciencia.

Para solicitar la eutanasia el paciente debe «sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante» que le genere un «sufrimiento intolerable». En la asociación están inquietos porque está detectando mucha actividad de colectivos médicos que se oponen a la ley y tratan de dificultar su aplicación mediante el uso del derecho a la objeción de conciencia. «Enturbian el ambiente diciendo que los médicos no son verdugos, que la norma convierte a España en un campo de exterminio y atribuyendo a la ley fines eugenésicos».

«Decisión individual»

Cheles Cantabrana, presidenta de la Confederación Española de Alzheimer (CEAFA), argumenta que la eutanasia «es una decisión individual», y como tal se respeta. «Los documentos de voluntades anticipadas son bastante frecuentes en nuestros pacientes. En el caso de la ley de eutanasia es evidente que había personas dentro del colectivo que esperaban que la ley entrara en vigor para que ese derecho se extendiera a personas que tienen una demencia», arguye Cantabrana.

Medio centenar de parlamentarios de Vox han presentado al Tribunal Constitucional (TC) un recurso para que declare «nula» la prestación de ayuda a morir. La demanda defiende que «la configuración de la eutanasia como un derecho subjetivo de nueva generación contradice de forma radical lo afirmado reiteradamente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)». Para Vox, la ley «vulnera el deber del Estado de protección de la vida y de la salud» y «el de objeción de conciencia de los profesionales sanitarios». El PP, que anunció su intención de recurrirla, tiene de plazo hasta el 25 de junio.

La presidenta de CEAFA no sabe «cuántas personas se van acoger a la eutanasia, pero está claro que había una demanda social. La ley no obliga, simplemente proporciona un derecho, y como todos los derechos, es bienvenido». En su día, durante el debate y tramitación de la ley, CEAFA expuso a Luisa Carcedo, impulsora socialista de la norma, que no existía un reconocimiento del derecho a la eutanasia para las personas con demencias. Además, se quejaba de que no estaba bien definido el mecanismo por el que los cuidadores podían activar el documento de voluntades anticipadas de los interesados. «La redacción se perfeccionó mediante las aportaciones que la confederación hizo».