PP, Sumar y los independentistas tumban la ley del PSOE contra la prostitución

Fue el resultado de una pinza parlamentaria atípica. El PP cambió su postura de hace dos años ante un texto idéntico y votó en contra de aceptar que se iniciase la tramitación de esta ley junto a Sumar (el socio de los socialistas en el Gobierno), el PNV y los independentistas de ERC, Junts y Bildu, habituales aliados parlamentarios del PSOE. Literalmente, los socialistas se quedaron solos. Lo más cerca de la comprensión fue la abstención de Vox.

La propuesta socialista derrotada, cuya tramitación ya decayó la pasada legislatura por el adelanto electoral, modificaba el Código Penal para permitir el encarcelamiento de los proxenetas y los dueños de burdeles por el simple hecho de lucrarse con esta actividad (con independencia de que se ejerza de forma voluntaria o no), la clausura de sus prostíbulos y pisos y la sanción penal de los clientes de la prostitución, con fuertes multas e incluso pena de prisión si la mujer prostituida es una menor. En pocas palabras, prohibía la industria de la prostitución en España.

El resultado del muy acalorado debate vivido en el pleno fue el rechazo de la proposición de ley, pero cada grupo político actuó por razones diversas.

El PP había dicho que estaba de acuerdo con el cambio del Código Penal para encarcelar a proxenetas y dueños de locales de prostitución, pero justificó su 'no' por al menos tres razones. No cree que el PSOE de verdad quiera aprobar esta ley –porque asegura que pudo hacerlo con su apoyo la legislatura pasada y no lo hizo–, solo ve electoralismo y ganas de tapar escándalos y asegura que su formación ya tiene una ley integral contra la prostitución, con esas reformas, pero también con un plan para rescatar a estas mujeres y le ofrece al PSOE pactarla. En el cambio del posición popular parece evidente que pesó también la oportunidad de escenificar que Pedro Sánchez y su Gobierno están en decadencia, con grietas públicas entre los socios y abandonos de sus aliados parlamentarios habituales.

Sumar plantó a su socio tras afearle que ni siquiera la consultase la presentación de la proposición de ley. Cree que es una iniciativa «puramente electoralista», que lo único que ha logrado es dividir al mundo feminista y está de acuerdo con Podemos en que la ristra de medidas puramente penales no aporta soluciones al fondo del problema, que creen que exige de cambios en la ley de extranjería y ayudas económicas y políticas formativas, de empleo y de acceso a la vivienda que ofrezcan una salida real a la mujeres prostituidas.

Esquerra, coincidió en muchas de las críticas de Sumar, pero además es firme defensor de que la prostitución, cuando es voluntaria, se regule como una profesión más y que solo se persigan penalmente los casos vinculados a actos de violencia o de coacción.

EH Bildu y Junts usaron argumentos muy próximos a las posturas tanto de Sumar como de Esquerra, pues no son partidarios de la conversión en delictiva de la industria de la prostitución y exigen soluciones y planes sociales para combatir y dar salidas a los casos de explotación sexual. El PNV ve solo una propuesta incompleta y poco trabajada, reclama también una ley integral y cree que debería elaborarse con tiempo y tranquilidad en una subcomisión parlamentaria.

La proposición de ley que hoy decae, si hubiese sido aprobada, hubiera significado el cierre de todos los burdeles españoles y el encarcelamiento de cualquiera que se enriquezca con el ejercicio de la prostitución por otra persona. Daría igual que el prostíbulo funcionase con o sin la participación voluntaria de quienes se prostituyen. Promover la prostitución sería ilegal y un delito en todos los casos, aunque la norma excluyese explícitamente de cualquier sanción a las mujeres prostituidas.

El proxeneta, si no había ni violencia ni coacción, sería castigado de 2 a 4 años de cárcel. Si la intimidación estaba presente, tendría la actual pena de 3 a 6 años de prisión. Por igual criterio, la tercería locativa sería el mero uso habitual de un negocio o local para lucrarse con la prostitución. Habría delito sin que hiciese falta probar la explotación o sin importar si la mujer ejerce la prostitución de forma voluntaria. Estaría también penado con 2 a 4 años de prisión, más una alta multa y la clausura del local.

La norma también castigaba con fuertes multas a los puteros e, incluso, ordenaba su entrada en prisión de 1 a 3 años si la mujer prostituida es una menor o está «en situación de vulnerabilidad». Las multas erán de 12 a 24 meses (la cantidad por día la fija el juez) y del doble si es una menor.

La reforma liberaba de toda responsabilidad o sanción a las mujeres prostituidas, a quienes consideraba víctimas sin excepciones. La proposición avanzaba aspectos que está previsto desarrollar con futura tramitación de la ley de trata, aún en fase de anteproyecto por el Gobierno. Las mujeres prostituidas serían consideradas a todos los efectos víctimas directas del delito, lo que da derecho a indemnizaciones y ayudas, y todas ellas gozarán de los derechos de asistencia integral que se reconocerán a las víctimas de todas las violencias sexuales en la ley del 'solo sí es sí'.

La norma contra la violencia sexual, en vigor desde hace año y medio, establece una red de asistencia integral de ayudas psicológicas, médicas, jurídicas, económicas o sociales para la recuperación e integración sociales de la víctima, equivalente a la de la red de asistencia con la que Estado, autonomías y ayuntamientos tratan de rescatar desde hace años a las maltratadas por sus parejas o exparejas.