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La Diputación del Común en Canarias, que dirige Rafael Yanes, calificó en marzo de este año de «inadmisible» el hecho de que los requerimientos de información se encuentren «con el silencio por respuesta», lo que hizo que emitiera 89 advertencias de obstrucción, 65 de ellas al Gobierno de Canarias, donde «el gran problema», recordaba, «está en la gestión de la dependencia». Este martes su homólogo en el marco nacional presentó su informe anual y en él se constata esta falta de respuesta. La única administración autonómica española que no respondió tras el tercer requerimiento fue la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno canario y, precisamente, con dos asuntos relacionados con la dependencia, uno sobre el derecho a percibir el importe de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo de cuidadores no profesionales y otra sobre la forma de calcular la prestación económica vinculada al servicio.
Junto a Canarias, la Ciudad Autónoma de Melilla es otro de los territorios que no contesta. En este caso la Consejería de Hacienda, por un tema de devolución del IRPF.
Si respondieron, pero tras tres requerimientos, la propia Consejería que dirige Cristina Valido en otros cuatro asuntos. La Consejería de Sanidad, por un tema relacionado con el protocolo para el traslado y hospitalización de pacientes psiquiátricos y la Consejería de Turismo, Cultura y deportes, por una tramitación de una reclamación de consumo.
Menos quejas. Por otro lado, el Defensor del Pueblo tramitó en 2018 un total de 17.697 expedientes, –frente a los 25.776 de 2017, un 31% menos– y la mayoría fueron quejas de los ciudadanos por la calidad de los servicios públicos, por lo que la institución planteó ayer en el Parlamento que «es el momento de invertir en política pública».
El defensor en funciones, Francisco Fernández Marugán, entregó este martes a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, el Informe Anual 2018 en el que madrileños, andaluces, valencianos y catalanes fueron los que más quejas presentaron ante la institución, que remitió a las administraciones 1.152 resoluciones, de las que 329 fueron recomendaciones, 504 sugerencias, 309 recordatorios de deberes legales y 10 advertencias.
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