Palmitos Park aceptó 11 millones en 2008 y renunció a pedir más

Un responsable autorizado de Aspro Parks Canarias S.L. firmó el 9 de junio de 2008 el finiquito del acuerdo mediante el cual la aseguradora Allianz le abonaba 11.643.100,46 euros en concepto de indemnización a Palmitos Park por los daños del incendio que asoló Gran Canaria en el verano de 2007.

En el apartado sexto de ese finiquito, Aspro Parks renunció «a cuantas acciones civiles y penales correspondieran», pero un año más tarde registró en el pleito por el gran incendio una nueva pericial reclamando 6.834,091 euros más por daños que entiende no satisfechos.

Los documentos que prueban este acuerdo fueron aireados ayer –sin que nadie levantara un dedo para cuestionarlos– en la segunda jornada del juicio –la parte penal está aclarada: el autor del incendio, Juan Antonio Navarro, ha admitido su culpa y aceptado ocho años y medio de cárcel– durante una intensa sesión, en la que el perito contratado por Palmitos Park, Rafael Trapiello, defendió el presunto derecho del parque a recibir 6,8 millones más y el perito judicial Lorenzo Muñoz defendió que los daños del Parque en realidad estaban bien cuantificados en 10.231.638 euros, según los cálculos de su equipo en 2016. Esto es, que incluso Palmitos cobró de más.

Trapiello admitió que el acuerdo era cierto y que se apoyaba en un pacto unánime entre tres peritos –acuerdo de tercería— que él mismo había firmado pese a que podía negarse sin paralizar el abono, pero apuntó que en 2009 Aspro Parks le había encargado un nuevo peritaje para incluir aquellos conceptos que el pacto supuestamente no incluía: «caminos, animales vivos, desinfección de jaulas, lucro cesante».

El veterano perito se enzarzó en intensas y vehementes discusiones con el abogado de Gesplan, José María Palomino y con el del Cabildo, Carlos Trujillo. Paradójicamente, la paz la vino a poner el perito judicial Lorenzo Muñoz Cerdeña, que aseguró que Trapiello había emitido un informe «arriesgado», pero basado en una metodología «correcta».

Así, afirmó, en su «obsesión» porque el parque abriera al año del siniestro, Trapiello había dado por perdidas 732 palmeras que en realidad se regeneraron en su gran mayoría, valoró las construcciones como si fueran nuevas, supuso unos ingresos exagerados para aumentar el lucro cesante y planteó un «periodo de perturbación» que, a juicio del perito judicial, no es más que «una falacia».

«Trapiello hizo una valoración tras el incendio, yo he esperado más tiempo y he sido más exacto», alegó.

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