Carlos patricio, el asesino de Younes Bilal en mazarrón, Murcia. / efe

Odiadores profesionales

Un crimen racista, una librería antisemita, agresiones ideológicas o contra grupos étnicos. La Fiscalía detalla los casos más relevantes tras crecer un 27% las investigaciones por delitos de odio

Mateo Balín
MATEO BALÍN Madrid

El pasado 24 de septiembre la localidad gerundense de Santa Coloma de Forners (13.500 habitantes y un 21% de inmigración) celebró la Fiesta Mayor. La madrugada del sábado, mientras los vecinos disfrutaban en el pabellón, los gritos de una mujer sacudieron en el exterior del recinto. Lamentos, carreras y en el suelo, tendido, un joven de 24 años de origen subsahariano. Acababa de ser apuñalado mientras caminaba con su novia. Dos heridas profundas a la altura de la barriga de las que se recupera en el hospital.

La presencia de testigos y el hecho de que los tres agresores eran personas conocidas por los Mossos por su estética skinhead facilitaron la investigación. El autor de los pinchazos fue detenido poco después. Y el sábado y domingo cayeron sus compinches. Están vinculados a un grupo neonazi de la comarca, de donde conocían a la víctima. El juez decretó prisión sin fianza para el atacante. Le imputa tentativa de homicidio y estudia, además, si hubo un delito de odio. Un vecino lo grabó todo.

Estas imágenes tuvieron eco nacional y compartieron espacio con otro asunto con motivaciones racistas. Se trata de la investigación abierta por la Fiscalía por los cánticos contra el futbolista del Real Madrid Vinicius Junior en las inmediaciones del estadio del Atlético de Madrid. «¡Eres un mono, Vinicius eres un mono!», corearon medio millar de personas antes de comenzar el partido del pasado día 18, según la denuncia de la Liga. De momento, tres socios del equipo rojiblanco fueron identificados por el club y suspendidos, y su actitud podría tener además consecuencias penales.

Estos dos sucesos son un ejemplo del crecimiento exponencial de los procedimientos iniciados por delitos de odio y discriminación, que ponen en cuestión los principios y valores constitucionales y el modelo de convivencia pacífica, advierte la Fiscalía. En 2021 aumentaron un 27% estos casos al pasar de 1.434 a 1.824. Además, los escritos de acusación en procesos judiciales crecieron un 44%: de 135 en 2020 a 195.

Los motivos más comunes fueron el racismo y la xenofobia con un 38%, seguido de la orientación sexual y de género con un 25% y la ideología con un 19%. «La palabra precede a la acción y la creación de un clima de hostilidad, odio o rechazo hacia los colectivos favorece que, más tarde, se ejecuten acciones violentas contra las personas individuales», denuncia el Ministerio Público.

El pasado año la Fiscalía Provincial de Barcelona concentró buena parte de estas diligencias. Entre otras destaca la acusación formulada contra los integrantes de la asociación que administra la librería Europa por fomentar la violencia contra el pueblo judío. Su máximo responsable, Pedro V., ya fue condenado a siete meses de cárcel por justificación del genocidio. En la misma línea, se dirigió la acción penal contra 15 miembros del partido ultraderechista Democracia Juvenil, quienes impidieron el ejercicio de la libertad religiosa en una mezquita y por difundir mensajes islamófobos en redes sociales.

También en 202 juzgados y tribunales de Barcelona consideraron probado en sentencia la comisión de un delito de odio contra el colectivo LGTBI; contra la integridad moral y lesiones por la humillación de un vagabundo por parte del youtuber ReSet -condenado a 15 meses de cárcel, 20.000 euros de indemnización y la prohibición de usar la red social durante cinco años-; o la aplicación de la agravante de discriminación ideológica en las lesiones sufridas por una persona que portaba la bandera de España y fue empujada por las escaleras del metro. El agresor, Abel M., fue castigado con cuatro años de prisión.

«En la cámara de gas»

En Madrid, un hombre aceptó seis meses de cárcel por despreciar a una mujer con una hiyab que viajaba en el metro: «¡Putos moros!; ojalá volviera uno con bigote y os metiera a todos en una puta cámara; el gas lo iba a pagar yo», le espetó mientras levantaba el brazo a imagen y semejanza de la ideología nazi.

En Almería, la Audiencia Provincial acogerá en junio de 2023 el juicio contra un hombre acusado de liderar un grupo de corte islamófobo en la localidad de Antas (3.200 habitantes). Identificaban a ciudadanos marroquíes en la calle a través de «patrullas nocturnas de vigilancia». La Fiscalía pide para él siete años de cárcel por varios delitos, incluido narcotráfico, la actividad ilegal que permitía financiar al colectivo Antas Klan (en honor al Ku Kux Klan estadounidense). Sus integrantes tenían entre 18 y 28 años.

En Málaga, la pasada semana fue juzgado un hombre acusado de prender fuego a un bazar chino en Torrox en junio de 2020, supuestamente debido a «su menosprecio» hacia esta comunidad por propagar el coronavirus. Le piden 18 años de cárcel. Una motivación similar está detrás de otro caso en León. Un hombre se sentará en el banquillo por despreciar un ciudadano chino, grabarlo y difundirlo en redes sociales.

En Murcia, la Fiscalía considera relevante el asesinato en junio de 2021 del ciudadano marroquí Younes Bilal, de 39 años, en la cafetería del Puerto de Mazarrón donde trabajaba. Recibió tres disparos en el pecho por parte de Carlos Patricio B., exmilitar madrileño de 52. La víctima intercedió después de que el agresor increpóar a una camarera por hablar con «moros» y sin mediar palabra Younes fue tiroteado a quemarropa. Pocas dudas hay del móvil xenófobo de este crimen, aunque el acusado declarase que actuó por miedo insuperable y que tiene amigos marroquíes. No obstante, hasta una veintena de testigos presenciaron el asesinato.