Sede del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en la capital grancanaria. / arcadio suárez

Medicina Legal, sin personal para los informes sobre violencia machista

El TSJC le señaló ya en enero al Gobierno canario que esta situación afecta a derechos fundamentales y que provocaba «intolerables dilaciones»

Luisa del Rosario
LUISA DEL ROSARIO Las Palmas de Gran Canaria

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Las Palmas no tiene personal para hacer informes en los casos de violencia machista. Así lo ha comunicado a los juzgados especializados en la provincia, ámbito territorial del organismo.

El IMLCF es la única Unidad de Valoración Forense integral de Violencia de Género en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, de ahí la gravedad de la situación. Según ha expresado el propio instituto a los juzgados, debido a la «falta de personal» en la unidad, motivada por la incapacidad temporal de la trabajadora social y el traslado de la psicóloga forense, que no ha sido sustituida, el IMLCF se ve desbordado y sin capacidad de reorganizar a su «precaria» plantilla.

LAS CLAVES

  • Meses La precariedad de la plantilla en Medicina Legal está pasando factura a los juzgados desde finales de 2021.

  • Queja Ese mes la Sala de Gobierno del TSJC expresó su queja por las repercusiones de la carencia de informes psicológicos.

  • Afectados Procedimientos sobre materias «sensibles» como la protección de la infancia, violencia sobre la mujer y medidas sobre guarda y custodia.

Así, si hace dos meses se podían esperar retrasos de hasta dos años y medio en la redacción de informes, «básicos para la protección de las víctimas y los menores afectados» según fuentes del ámbito judicial, en estos momentos ya no tramita ningún expediente pues la falta de personal no permite que otros profesionales del IMLCF asuman el trabajo.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ya abordó esta situación el pasado mes de diciembre. La Sala de Gobierno del TSJC reconocía en ese momento que «la falta de personal» de esa categoría profesional «está afectando a procedimientos que versan sobre materias especialmente sensibles, como son los relativos a la protección de la infancia, violencia sobre la mujer y medidas de guarda y custodia» y añadía, «todo ello c on gravísima afectación de derechos fundamentales porque se traduce en intolerables dilaciones».

En esa reunión, además, la Sala de Gobierno acordó solicitar a la Administración de Justicia del Gobierno canario que adoptara las medidas necesarias «para la debida prestación del servicio público» dado que el 10 de enero tendría lugar una reunión de la Comisión Mixta de Cooperación y Coordinación entre la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y en la que estuvo el consejero Julio Pérez, y el presidente del TSJC, Juan Luis Lorenzo, además de la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo.

Precisamente a preguntas de este periódico la Viceconsejería de Justicia ha dicho que estaba tratando de contratar al personal necesario.

El IMLCF cuenta con nueve psicólogos, uno de ellos dedicado a Infancia y Juventud. Del resto, siete están de baja quedando uno para Penal. Además, de las siete personas que forman parte de la plantilla de trabajo social cuatro están de baja.

Por su parte, el decano del Colegio de Psicología Las Palmas, Francisco Sánchez, también ha lamentado la situación de «precariedad y acumulación de expedientes por lo retrasos y las bajas que no se cubren» lo que provoca «que no se atienda adecuadamente a la ciudadanía».

El Colegio ha pedido una reunión con Justicia para ofrecer nuevamente la elaboración de una bolsa de psicólogos formados en violencia de género para cubrir esas bajas pero aún no tienen respuesta de la Dirección General de Justicia. Este recurso ya se organizó hace más de dos años «para reforzar y apoyar de forma externa al equipo de Medicina Legal. Sánchez señala que el Gobierno ha contratado los servicios de una empresa externa de peritajes forenses.