«Mi madre es víctima de maltrato institucional»

Yeray Oliva Monzón, vecino de Telde, está desesperado. El alzhéimer de su madre avanza más rápido que la ley que promete ayudarla. Lleva casi cuatro años de espera, casi cuatro años de reuniones, visitas, informes, pruebas, gastos, noches sin dormir, correos de ida y vuelta, decepciones y engaños. Para colmo, la asistencia que ahora le prometen ya llega tarde, ya no le vale. La enfermedad medra bien entre tanta burocracia. Su madre pierde autonomía poco a poco, casi a la par que crece el miedo de Yeray: sin él, ella se verá sola. «Si a mí me sucede algo, mi madre quedaría completamente desamparada; terminarían encontrándola muerta en su casa porque no tiene ningún tipo de asistencia».

Acaban de darle el alta. Ingresó en urgencias del Hospital Insular el 17 de enero con pérdida del habla y de movilidad, desorientación y delirios. Ese cuadro solo vino a complicar un diagnóstico ya muy crudo, un «deterioro cognitivo tipo enfermedad de Alzheimer en estadío moderado-severo». Eso dice su informe neurológico actualizado. Su estado exige supervisión completa, 24 horas al día. No puede estar sola.

Ante semejante panorama, la receta del Gobierno canario, que es el que tiene la competencia para otorgar las ayudas con cargo a la Ley de Dependencia, le ha sabido a cuerno quemado. Le dan derecho a ponerla en lista de espera del servicio de ayuda a domicilio y de un servicio de centro de día; y también a una prestación económica para cuidados en el entorno familiar. Ninguna de las dos le vale. Llegan tarde.

¿Por qué? Porque han tardado tanto entre la visita de valoración y la de la propuesta de PIA (Programa Individual de Atención) que su madre ha empeorado y se ha elevado su grado de dependencia, del grado 1 que le han asignado al 2 o al 3. Además, ve mala praxis en la trabajadora social que valoró a su madre en mayo de 2023. «Se limitó a hacerle un sencillo test y omitió toda la información extra que le facilité verbalmente». También se queja de que no adjuntó los informes neurológicos actualizados. A su juicio, aquella valoración nació viciada, por lo que cuando llegó la resolución, en octubre de 2023, llegó tarde y mal. Le reconocen un grado 1 que ya se quedó viejo.

Por eso, a la trabajadora de la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social (Fucas), que sí vio el estado actual de su madre, «le dio casi hasta vergüenza hacer la propuesta de PIA». Les habían anunciado la visita para el 22 de diciembre, pero luego se la retrasaron para el 3 de enero pasado.

Ahora le toca empezar de nuevo, casi 4 años después de haber echado los papeles. «Tras más de 3 años y medio me siento abandonado y creo que mi madre es víctima de un maltrato institucional,aún ni tiene ayuda ni PIA y, para colmo, el que le han propuesto ya ni le sirve».

Yeray Oliva ha decidido llevar su caso ante los tribunales, a la espera solo de un abogado especializado que le lleve la demanda. A la impotencia que le produce que la administración no le reconozca a su madre los derechos que sí le asisten por ley, se le une su propia desesperación personal.

Profesional de prestigio, se labró una trayectoria meritoria fuera de las islas, pero este perito judicial, informático y coach tuvo que renunciar a todo a mediados de 2020 y volver a casa para cuidar de su madre. Tiene un hermano «como si no lo tuviera». Está solo. Lleva casi cuatro años en el dique seco, sobreviviendo gracias a sus ahorros. Lo dejó todo y no se arrepiente. Pero la hucha no es eterna. Su aguante, tampoco. Ya se confiesa desbordado psicológica y emocionalmente. Necesita trabajar, pero no puede. Su madre precisa de ayuda y ahora solo le tiene a él.

Echa la vista atrás y recuerda que todo empezó por sospechosos despistes. Él residía fuera de la isla y se relacionaban por teléfono. «Empecé a notar que le fallaba la memoria inmediata, que algo iba mal». Por eso rompió con todo, volvió a Canarias y se dedicó a su madre por entero. Sabía que le tocaba lidiar con una enfermedad dura, pero nunca imaginó que a las trabas de la vida se le sumarían las de las administraciones, incluido el Cabildo, al que recurrió y donde siente que perdió el tiempo.

Todo empezó torcido, porque, de entrada, el Ayuntamiento de Telde le perdió el expediente que él inició en julio de 2020. Desde entonces, se ha visto sometido a un periplo por despachos, llamadas y trámites, muchos de ellos infructuosos, que le han hecho despertar del sueño del estado del bienestar en el que creía vivir.

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