Los padres de migrantes legales pueden perder la tarjeta sanitaria

13/06/2019

El Tribunal Supremo da la razón a la Seguridad Social y deniega la sanidad pública a las personas reagrupadas por sus hijos españoles. Se estima que en Canarias hay cientos de afectados

R.R / Santa cruz de Tenerife

No sabemos si los padres y madres de migrantes regularizados perderán sus tarjetas sanitarias, pero sí que la sentencia del Tribunal Supremo, dando la razón al INSS [Instituto Nacional de la Seguridad Social], crea jurisprudencia y si el INSS recurre todos los casos al Supremo puede anular las sentencias de los juzgados de los Social y de los tribunales superiores que han dado la razón a los mayores reagrupados por sus hijos». La incertidumbre que mostraba ayer Esteban Carignano tras conocer la decisión del Supremo es la misma de cientos de familias que en Canarias están en su misma situación: con unos padres a los que trajeron de su país de origen y que después de años de batalla judicial lograron que se les reconociera el derecho a la sanidad universal.

Ahora, la sentencia del Supremo prácticamente los devuelve al punto de partida, el que se creó en abril de 2012 cuando el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó un Real Decreto, el 16/2012, que ponía fin a la sanidad universal en España y mediante el que, además de los migrantes en situación irregular, también los progenitores de personas, bien con nacionalidad española, bien con permiso de residencia, se quedaban igualmente sin tarjeta sanitaria al no podérseles incluir en la asistencia sanitaria del reagrupante.

En aquel momento, la lucha de los colectivos de migrantes y distintas ONG se centró en recuperar la sanidad universal para las personas en situación de irregularidad, mientras que el de los progenitores reagrupados se quedó en el limbo y se vieron abocados a recurrir a los tribunales. Los padres de Carignano obtuvieron así sus tarjetas sanitarias en 2018 y como ellos otras 80 personas lograron que juzgados de distintas comunidades autónomas que dieran la razón.

Ahora, el Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que se reunió el pasado 24 de abril para unificar la doctrina existente, dictamina que los padres y madres de ciudadanos españoles o migrantes con permiso de residencia deben contar con prestación sanitaria por otra vía que no sea la de la sanidad pública, es decir, un seguro privado.

El colectivo Yo Sí Sanidad Universal aseguraba ayer que «la sentencia del Supremo es una muestra más de que la actual normativa sobre universalidad de la sanidad (el Real Decreto 7/2018) no garantiza de manera absoluta la protección de las personas extrajeras en España».

La sentencia del Supremo llega tras el estudio de dos decisiones contradictores, una del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en la que declaraba el derecho a la atención sanitaria gratuita a una mujer de nacionalidad cubana reagrupada legalmente por su hija, y otra del de Catalunya que se lo denegó a una mujer ucraniana reagrupada también por su hija. Ha dado la razón a tribunal catalán, el único que dictaminó en España contra los migrantes.

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