Lola Padrón hace un llamamiento a la Administración Pública por una «gestión eficaz y eficiente»
La Diputada del Común expuso este martes el informe anual de Canarias correspondiente al año 2024 ante la comisión plenaria y que se presentará en abril ante la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia
Lola Padrón, expresó que el caso de la Discapacidad acumula el 18,8% de las quejas sobre el retraso del Reconocimiento de Grado, siendo el número de quejas de mayor crecimiento. Se destaca un aumento significativo de reclamaciones en esta área de con un incremento del 94,52% en 2024 comparado con 2023. Le siguen las quejas de Dependencia en un 14,7%, Servicios Sociales un 8,9%, Salud y Sanidad Pública 7,0% y vivienda un 5,6%, disminuyendo desde el 5 hasta un 0,1 por ciento las quejas recibidas en menor medida en Deportes.
Padrón señala que se da un incumplimiento de plazos en el tema de la Discapacidad, dado que los plazos legales para la resolución de los procedimientos de reconocimiento y revisión del grado de discapacidad no se cumplen. Existe una sobre carga de los equipos de valoración causando listas de espera de hasta 5 años para la resolución de solicitudes impidiendo el ejercicio de derechos y beneficios.
Desigualdad territorial entre islas
Destacó la desigualdad territorial, ya que la fragmentación territorial y el hecho insular provocan tiempos de espera desiguales entre las islas. Por otro lado, indicó que la Dirección General de Discapacidad no colabora adecuadamente con la Diputación del Común, dificultando la obtención de información sobre la demanda y el personal disponible.
El aumento de quejas tiene un impacto en menores, por ejemplo, en el caso de progenitores de niños con trastornos del espectro autista debido a la demora en la resolución de sus solicitudes, lo que afecta su desarrollo e integración. «Por tanto, se da una necesidad de medidas correctoras: Urge reforzar la gestión de los procedimientos de valoración de la discapacidad, especialmente en casos prioritarios» aseguró, Lola Padrón. En resumen, indicó que el análisis «evidencia que es necesaria una gestión eficaz y eficiente de los procedimientos de reconocimiento y revisión del grado de discapacidad en Canarias».
Prioridad a la Ley del Tercer Sector
La Diputada del Común, Lola Padrón, insiste en que «la buena administración requiere de la revisión y de un plan estratégico de modernización y refuerzo de la administración pública, ya que esta es el soporte del estado del bienestar que entre todos nos hemos dado». Recordó que en la atención a los colectivos vulnerables es decisiva la actuación del Tercer Sector que articula todo un entramado de protección, a la hora de diseñar recursos para la atención individualizada que precisan sobre todo menores que aún no cuentan del grado de discapacidad. Y otros colectivos que precisan de otros recursos. Por ello hay que dar prioridad a poner en marcha la Ley del Tercer Sector.
En su exposición describió el número de actuaciones realizadas en este periodo, con una cifra que arroja que el 91% de las consultas se realizaron por teléfono o internet. «Por el contrario, no sucede así cuando se decide presentar queja», resaltó Padrón. Respecto a la forma de presentación, cuando se trata de oficializar la queja se realiza mayoritariamente de forma presencial (brecha digital) que aumenta no significativamente, pero si frente a la disminución de los envíos postales. La tendencia a la utilización de los medios telemáticos es clara, y se prefiere la web frente al correo electrónico, en contraposición a las consultas. «Cuestión que nos da pie a mejorarla».
Vivienda y sanidad
En el tema de la vivienda, la Diputada del Común celebró las medidas tomadas con la RIC, aseveró que «es preciso desarrollar mecanismos efectivos en los que el sector público y privado diseñen planes y se regulen los precios del alquiler. Hay que fortalecerlos servicios públicos de protección. Es muy importante el acompañamiento de la Diputación del Común en los procedimientos de desahucio».
En cuanto a la sanidad también reconoce que es preciso revisar la situación actual, «el 50% de los canarios y canarias no puede hacer frente a un imprevisto y un problema sanitario es un imprevisto».
Las administraciones que más quejas reciben son la autonómica con un 69% pero muy alejada de ella, los ayuntamientos con un 23,3%, no siendo muy significativo las recibidas por los cabildos insulares.
La Diputada del Común finalizó diciendo que: «el silencio prolongado invisibiliza, algo que no podemos hacer desde esta institución».
