Las otras víctimas de un crimen machista

El 20 de febrero de 2013 la hermana de Luz Marina, Lucy, Rodríguez fue brutalmente asesinada por su marido delante de sus dos hijos, que entonces tenían cinco y siete años, y de su madre. El crimen de Guacimara Rodríguez dejó a una familia alegre y feliz «hundida y en estado de shock», recuerda Lucy. Y también dejó dos niños pequeños, una hipoteca sobre la vivienda, un coche a medio pagar, recibos de contribución, agua, luz.... Una vida «en el limbo» que tuvieron que resolver las otras víctimas de aquel asesinato machista, sin prácticamente ayuda y enfrentándose a las lagunas legales que se abren tras el crimen.

Al daño psicológico que sufren los hijos huérfanos, los hermanos y los padres –a ese «aprender a vivir con rabia y con dolor»– se suma, enumera Lucy, el daño institucional y el daño económico que tienen que sufrir.

«Sin pasar el duelo, tienes que afrontar infinidad de trámites con organismos y empresas, como bancos o aseguradoras, que no saben cómo tratarte ni a donde derivarte», asegura Lucy.

A ellos les ha costado cinco años cerrar el capítulo burocrático que se abrió con el asesinato de Guacy. Un lustro en el que aprendieron de los tropiezos hasta al punto de que ahora Lucy -a través de la asociación Tod@s somos Guacy- es la que da charlas y asesora sobre como resolver, por ejemplo, la retirada a un asesino de la patria potestad de sus hijos, «porque sigue sin ser algo automático», denuncia.

«A mí me ha valido que sé cómo moverme en la administración, pero si mi madre llega a estar sola no sé qué hubiese ocurrido», dice emocionada recordando el «calvario» por el que pasan las familias porque «no hay un protocolo de actuación, ni coordinación entre administraciones». Esa es ahora su lucha y la manera de canalizar su dolor: «Que los demás no pasen lo que nosotros pasamos y que las administraciones se pongan las pilas y actúen».

Sobre el papel del Pacto contra la Violencia Machista están recogidas muchas de las cosas a las que se que enfrentaron, «pero en la práctica no se aplican, ninguna», dice antes de comenzar a relatar ese «calvario» que inició días después de que su hermana fuera asesinada. Empezó cuando fue a solicitar apoyo psicológico para sus sobrinos en la Dirección General del Menor. Le dijeron que necesitaba el permiso del padre, el asesino de su hermana, que seguía teniendo la patria potestad sobre ellos. Para retirársela, inició un proceso judicial que duró casi ocho meses, un tiempo en el que los niños «no reciben ninguna ayuda, ni tiene tutor». El trámite procesal es el ordinario cuando, dice Lucy Rodríguez, «debería ser de urgencia» porque durante más de medio año los niños están «desamparados».

Con la obtención de guarda y custodia, que la tiene un hermano de Lucy, los niños ya reciben ayuda. Pero solo tiene derecho si la madre cotizó tienen derecho a pensión de orfandad, avisa.

En paralelo, está el periplo por bancos y aseguradoras, amén del Ayuntamiento con las deudas que van generando la vivienda.

Hasta que los seguros cubren los gastos pasan otros seis u ocho meses, pero antes hay que presentar, relata Lucy indignada, un justificante médico que diga que la mujer asesinada no tenía ninguna enfermedad grave ante de que la mataran: «Alucinante».

«La liquidación de la hipoteca, una vez el seguro responde, tiene un coste, como si fuera una liquidación normal, sin atender a las circunstancias especiales que rodean la cancelación», continúa un relato que no acaba. Con la mitad de la casa libre de cargas, la otra parte sigue perteneciendo al asesino que, por su insolvencia, sale a subasta pública. Y más, como con la liquidación en el banco, tras registrar la vivienda, Hacienda cobra por su cesión.

Queda otro detalle, dice Lucy: «Ingresar dinero en la cuenta de Guacy para pagar los recibos que pudieron quedar pendientes hasta que la desbloqueen».

«Y todo esto -concluye- mientras lloras la muerte de tu hermana», solos , porque el apoyo institucional inicial desaparece.

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