Las familias canarias afectadas por el Depakine van a la Justicia

10/11/2019

Un medicamento contra la epilepsia provocó que los bebés de las madres que lo tomaron sufran embriopatía por valproato, un diagnóstico que desconocían hasta hace muy poco y por el que demandan al laboratorio que lo fabricó

Ana María Morales y Francisco Guerra llevaban años lidiando con los síntomas que padece Borja, su hijo. Hoy, el joven de 26 años tiene diagnóstico: es uno de los afectados por el Depakine, un medicamento que tomó su madre mientras estaba embarazada y cuyo principio activo, el ácido valpróico, le ha causado diversas patologías hasta el punto de ser una persona dependiente.

No es el único caso que hay en España, tampoco en Canarias. Mariola Cabrera tiene dos hijos, un niño y una niña de cinco y siete años, respectivamente. Oneida y Alexander tienen el mismo diagnóstico: embriopatía por valproato, un síndrome que han padecido desde su nacimiento, pero que no les ha sido diagnosticado hasta hace muy poco.

Ninguna de las familias tenía a mano un listado de lo que podían o pueden presentar sus hijos porque son «síntomas» que han ido surgiendo a lo largo de sus vidas y, conforme aparecían, se han ido tratando. Pero hoy, por fin, saben qué ha pasado.

La casualidad hizo que Francisco Guerra se topara con informaciones sobre afectados por el ácido valproico y ató cabos. Su mujer, Ana María, había tomado el medicamento del que hablaban. El resto fue rodado. Se pusieron en contacto con la Asociación de Víctimas por Síndrome de Ácido Valproico (Avisav) y se dieron cuenta de que su caso no era aislado. Muchos niños y niñas en España padecen los síntomas de sus hijos y Francia es la avanzadilla en la lucha contra el laboratorio que fabricó el medicamento y no informó lo suficiente de los efectos secundarios.

Ana María y Francisco incluso se fueron con Borja a Cartagena, Murcia, al Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, es el único con un servicio de salud medioambiental que es capaz de diagnosticar la embriopatía por valproato.

En el caso de Mariola no fue necesario, los médicos canarios ya le han corroborado el mismo diagnóstico a sus hijos.

Con saber el «origen», el diagnóstico, las familias han ganado en tranquilidad, sin embargo, confiesan ambas madres, saberlo también ha tenido un aspecto amargo pues se sienten moralmente «culpables» por haber ingerido el fármaco que les recetaron para tratar su epilepsia.

Ahora se suman a la demanda de dos decenas de familias españolas que, bajo el consejo del abogado Ignacio Martínez, que también defendió a los afectados por la talidomida, ha iniciado las demandas contra el laboratorio fabricante, Sanofi, por no haber advertido en su momento en el prospecto del medicamento los efectos secundarios a los que se arriesgaban las mujeres gestantes y sus bebés.

El calvario de las familias ha sido que la embriopatía por valproato es «un síndrome que, a diferencia de una enfermedad, es un conjunto de enfermedades y estos niños han tenido varias. Las familias han estado dando vueltas por especialistas que nunca detectaron qué era, pero ahora saben que todo tenía un origen común», resalta Martínez, quien pedirá una indemnización para cada afectado de 20.000 euros por punto de discapacidad.

Ana María reconoce que, tras dar a luz a Borja no se atrevió a quedarse de nuevo embarazada. «No sabía por qué había pasado esto», relata, y ahora «siento una tristeza inmensa». Mariola, en cambio, si se atrevió con un segundo tras el nacimiento de Oneida porque tampoco sabía que su segundo hijo podría correr el mismo destino que la primera.

Hoy para Francisco lo importante es que esto no vuelva a pasarle a nadie más. Por eso han decidido acudir a la Justicia.

Un asunto silenciado «bajo la alfombra»

El abogado Ignacio Martínez es el encargado de las demandas de las familias afectadas por el Síndrome de Ácido Valproico. Ya ha presentado las «primeras denuncias» ante la justicia «y se van incorporando más afectados». Desde el punto de vista jurídico, explica el abogado, «sostenemos que el Depakine es un producto defectuoso, lo cual es una consideración técnico jurídica que se recoge en la legislación europea y que está en el ordenamiento español. Por ello hay que indemnizar ese daño».

Martínez señala que hay que recordar que muchos de los «niños afectados» ya son adultos, y que se enfrentan a una defensa que, posiblemente, alegue que el caso ya ha prescrito, como ocurrió con los afectados por la talidomida. Sin embargo, añade, la diferencia es que las personas afectadas se están «enterando ahora», que es cuando «están siendo diagnosticadas». Este asunto, abunda el letrado, «ha estado bajo la alfombra porque a todo el mundo le convenía el silencio. Le convenía a la farmacéutica, al Ministerio de Sanidad, y a los médicos que prescribieron el medicamento, neurólogos y ginecólogos».

En España ahora se está empezando a hablar, pero países como Estados Unidos y Francia están muy por delante. «El Dekapine no es que sea un mal medicamento, es muy bueno para la epilepsia, el asunto es que no se informó de los efectos que podía tener» sobre los bebés en las madres gestantes, algo que «se sabía desde 1980», apunta.

De momento una veintena de familias ha iniciado los trámites judiciales. «Estas familias están empezando a salir del armario así que no sabemos cuántas más puede haber. En Francia hay detectadas 6.000, y en España se prescribió igual. Aquí debería haber entre 4.000 y 10.000, las denuncias solo son la punta del iceberg», explica Martínez.

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