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La víctima de una agresión sexual se enfrenta a un «camino de piedras»

La víctima de una agresión sexual se enfrenta a un «camino de piedras»

Bárbara Tardón, experta en derechos humanos, explica que entre la denuncia y la sentencia las mujeres deben superar «hasta 20 obstáculos». Reclama la apertura de «espacios de crisis».

Jueves, 1 de enero 1970

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Si violan a una mujer (blanca) y decide denunciar la agresión sexual se encontrará con más de 20 obstáculos antes de lograr la reparación del delito», aseguró ayer Bárbara Tardón, experta en Violencia hacia las Mujeres y Derechos Humanos. Desde la agresión a la reparación a la víctima, en referencia a que logre una sentencia condenatoria para el agresor, «en ese camino, que representa el apoyo y el acompañamiento que tendría que tener desde ámbito institucional, me encontré hasta 20 obstáculos», insistió.

Tardón, que participó ayer en el 14º Encuentro regional de la Red Canaria de Servicios y Centros de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género, detalló que esas «piedras en el camino» comienzan «cuando llegas a instancias policiales», siguen cuando no existe un turno de oficio especializado en violencias machistas y continúan cuando la víctima acude a un centro sanitario para que le hagan un análisis y le tomen muestras. «En Madrid, por ejemplo, el hospital de referencia es el de La Paz. ¿Cuántas mujeres saben que si te violan en el sur de Madrid y te vas a un hospital del sur como el Clínico te dicen que no, que lo siento, que tienes que ir a La Paz?», se preguntó la doctora en Estudios Interdisciplinares de Género. A ello hay que añadir que se encuentre o no un médico o médica forense disponible, y hay que saber, relató Tardón, «que muchos también están influidos por estereotipos y mitos, no tienen formación específica». Tras todo esto está el saber «a qué recurso se deriva a la víctima», a lo que sigue el inicio del proceso judicial. «Así, hasta 20 obstáculos. Es un camino de piedras», abundó.

Tardón, que colabora con Amnistía Internacional, destacó que la violencia sexual «ha sido la gran invisible de las violencias de género», y recordó que fueron las feministas radicales de los años 70 «las primeras en hablar de ella». Es más, continuó, «no fue hasta 1996 cuando el Tribunal Supremo admitió la violación entre cónyuges y que el débito conyugal se opone a la dignidad humana». A su juicio, hay que pedir responsabilidades al Estado porque está obligado a la «debida diligencia», esto es, a investigar la agresión, a proteger a las mujeres, a sancionar a los agresores y a brindar reparación integral a la víctima. Y señaló la falta de lo que se llaman centros de crisis en las ciudades. Espacios abiertos las 24 horas de lunes a domingo los 365 días al año. «No solo son para atender la emergencia, sino para acompañar y seguir a medio y largo plazo a la víctima o a la comunidad que también sufre las consecuencias de la agresión». En Londres, añadió, «hay uno en cada barrio» y se va a abrir uno en Madrid. «Debería existir uno por cada 200.000 habitantes», dijo.

La experta habló del consentimiento e igualmente hizo referencia a los «mitos» en torno a él. «No hay consentimiento cuando no hay plena autonomía sexual», dijo, por lo que no se puede simplificar en «un sí o un no». Y llamó la atención sobre el triángulo que forma la violencia directa (agresión sexual, mutilación genital, matrimonios forzosos...), la violencia estructural que se sostiene en el sistema patriarcal y la violencia simbólica que se ejerce sobre las mujeres y criticó que la sociedad solo se ocupa de la violencia directa obviando que las otras dos son las que la sostienen.

La directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Claudina Morales, inauguró ayer junto a la responsable de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias, Sinessia Medina, estas jornadas que continúan hasta hoy. Morales avanzó que el ICI promoverá la creación de un protocolo de actuación que coordine la intervención de policías, sanitarios y servicios sociales ante la detección de presuntos casos de trata de mujeres para destinarlas a la prostitución y adelantó que se va a encargar un estudio sobre las agresiones sexuales en Canarias para tener una radiografía de la situación.

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