La Justicia frena en seco
En Canarias, 285 jueces y fiscales han secundado la primera huelga que llevan a cabo de manera conjunta estos dos colectivos en España. Reivindican al Ministerio de Justicia una mejora en sus condiciones laborales, mayor independencia judicial, y la adaptación de la administración al siglo XXI
Un total de 3.524 jueces –el 65% de la carrera judicial– y 1.295 fiscales –el 52 % de todo el colectivo– secundaron ayer una huelga histórica convocada por las siete asociaciones profesionales del sector, la primera que celebran de forma conjunta en defensa de mejoras laborales y más independencia. En Canarias, alrededor del 74,6% de los jueces y magistrados se adhirieron a la protesta.
En concreto, fueron a la huelga 203 de los 272 jueces y magistrados que hay en el archipiélago, según los datos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Esto quiere decir que, de los 40 órganos judiciales que habían respondido a la cuestión, 30 manifestaron la suspensión de todos los actos de la jornada y 10 indicaron que la actividad judicial había sido la habitual. En cuanto a fiscales, fueron a la huelga 82 en toda Canarias.
Ayer, en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, los representantes de las cuatro asociaciones de jueces y tres de fiscales, encabezados por el juez decano Óscar González, leyeron un manifiesto conjunto en el que desvelaron los puntos cardinales de esta huelga.
Todo nace el 16 de junio de 2017, cuando estos colectivos redactaron un documento con 14 propuestas de la judicatura a la que se añadieron las peticiones específicas del Ministerio Fiscal.
Texto.
El documento solicitaba el reforzamiento de la independencia judicial, la modernización de la Administración de Justicia, la calidad, eficacia y mejora de las condiciones de los miembros de la carrera, adecuación de los plazos máximos de instrucción hasta que no se doten de los medios necesarios, la atribución de la formación de los fiscales a la Fiscalía General del Estado y la autonomía presupuestaria del Ministerio Fiscal, entre otras. Estas reivindicaciones son competencias de los grupos parlamentarios, otras del Gobierno y el resto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, tras los contactos entre todas las partes, «el resultado no ha podido ser más decepcionante», dijo González. «No ha incrementado el número de jueces y fiscales para equipararlo con la media europea y no hay ni rastro de la racionalización de la planta judicial y fiscal, para evitar la precarización de las últimas promociones», añadió el decano.
Insistió el portavoz que mesa de retribuciones no se ha convocado desde hace cinco años algo que trata las mejoras de las condiciones de los funcionarios y que permite que se recuperen de los recortes de hace ochos años y otras cuestiones como, por ejemplo, el proceso de digitalización, «es un desastre», destacó.
También se quejaron de que el CGPJ haya hecho «caso omiso» a la propuesta de nombramientos de cargos bajo el «criterio de capacidad, méritos, igualdad de género y transparencia». Por este cúmulo de «situaciones insostenibles», llevaron a cabo una huelga que calificaron de «éxito» ya que «demostró el profundo malestar con los responsables de la dejación y abandono en la que está sumido este servicio básico para la ciudadanía».
