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Juristas y feministas aplauden la reforma del Código Penal

Juristas y feministas aplauden la reforma del Código Penal

Juezas y activistas aprueban que el Ejecutivo afronte la reforma legal y recuerdan que miles de mujeres han estado pidiendo esos cambios en las calles tras el caso de La Manada.

Jueves, 1 de enero 1970

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La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), Glòria Poyatos, aseguró ayer que era una «muy buena noticia» el anuncio del Gobierno sobre el cambio en el Código Penal en delitos sexuales. «Se enmarca en la línea seguida otros países y lo que hará es erradicar el estereotipo de consentimiento sexual implícito de las mujeres y se evita que quede al socaire de la interpretación», añadió.

La magistrada Carla Vallejo también resaltó la oportunidad del cambio. «Es una posición que ya han tomado otros países, con Islandia a la cabeza, y es producto de la interpretación del tenor literal del Convenio de Estambul. En los delitos de libertad sexual, si en el contacto sexual no hay consentimiento de una de las partes, y debe ser expreso y manifestarse de forma inequívoca, es violación». Pero, además, añade la jueza canaria, adoptando esta medida se va más allá. «Hubo un momento que no solo había que decir no, sino resistirse físicamente. Después se pasó a tener que decir no sin necesidad resistencia física. Esto no es la existencia de un no, sino falta de un sí. Fuera de ahí estamos dentro sexo no consentido y será una agresión sexual o violación».

Vallejo considera que al establecerse la definición «de forma tan cerrada», esto es, considerar que «el sexo no consentido es aquel en el que no hay una voluntad clara y expresa de participar, en un caso, con que no haya esa expresión del sí, ya la violación se produce». A partir de ahí, añade la magistrada, «todo lo demás», en referencia a circunstancias como una agresión grupal, «será un agravante, pero nunca se verán como elementos nucleares. La violación con esos elementos puede ser más agravada, pero se produce porque no hubo consentimiento».

La magistrada Auxiliadora Díaz, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer n. 2 de Las Palmas y miembro del grupo de expertos del observatorio contra la Violencia doméstica del Consejo General de Poder resaltó el hecho de que España se sitúe en el mismo nivel que otros países europeos. «Es que es así, mientras no sea un sí es un no», dijo.

Nayra Marrero, portavoz de la Red Feminista de Gran Canaria, señaló que también valoraban de «manera muy positiva» el cambio en el Código Penal. «Es lo que desde las calles llevamos pidiendo hace meses, que la responsabilidad no caiga sobre la víctima sino sobre agresor, que se considere delito cualquier sexo contra la voluntad de la persona». En su opinión, «lo que se nota es el cambio de tener a una ministra de Igualdad, para la que la feminismo era una etiqueta, a tener a otra que defiende que se puede ser ministra, feminista y hacer políticas de igualdad».

La magistrada Victoria Rosell reconoció que el Código Penal «necesita un cambio», pero, a su juicio, «no tanto para no dejar margen de interpretación a los jueces, que siempre la habrá, sino para que algunos casos que ahora son de abuso y creo que casi toda la ciudadanía consideraría violación, lo sean. El caso más claro es la mujer que está dormida o sin conocimiento por anestésico, bebida, drogas como la burundanga... Eso en España es abuso y es evidente que al sentir ciudadano le parece una agresión porque hay una falta absoluta de consentimiento».

Sobre la desaparición de la «cuenta desde cero», Poyatos dijo que servirá para «visibilizar la gravedad de esta problemática de orden público.

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