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Los demandados, de espaldas, y al fondo el juez y las partes en la primera jornada del juicio por el coste de la restauración del vertido contaminante de Aznalcollar en 1998. EP
El jefe de restauración admite que «seguimos pagando» el vertido de Aznalcóllar 25 años después

El jefe de restauración admite que «seguimos pagando» el vertido de Aznalcóllar 25 años después

Primera jornada del juicio por la demanda civil de la Junta para que Boliden, la empresa sueca que explotaba la mina, pague los 90 millones de la reconstrucción medioambiental

Mateo Balín

Madrid

Martes, 4 de julio 2023, 14:14

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El responsable de la restauración ambiental realizada por el vertido contaminante de la mina de Aznalcóllar ha comparecido este martes en la primera sesión del juicio que celebra el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Sevilla. Javier Serrano ha declarado que «todas» las actuaciones acometidas y cuyo coste -casi 90 millones de euros- reclama la Junta de Andalucía a la empresa sueca Boliden «fueron motivadas por el vertido» y que la economía de la zona afectada, unas 4.600 hectáreas, sigue «pagando las consecuencias».

El compareciente fue la segunda persona en testificar en la vista oral que dirime las consecuencia de la fractura de la balsa de residuos de metales pesados. Serrano, quien fuera jefe de servicio de Protección Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y coordinador de la Oficina Técnica de Restauración hasta 2001, ha manifestado que las «dimensiones» del vertido fueron tan grandes que la administración tuvo que «innovar» a la hora de restaurar el terreno afectado, ya que no había «una referencia mundial» que tomar como punto de partida.

Se trata de unos cinco millones de metros cúbicos de lodos contaminantes vertidos en el entorno de la cuenca del río Guadiamar, con efectos incluso en zonas limítrofes al parque natural de Doñana, protegido como Patrimonio Mundial.

La defensa de la empresa sueca Boliden-Apirsa, ejercida por el despacho Uría Menéndez, considera que la demanda civil de la Junta de Andalucía incluye cantidades «no imputables» a la empresa, en alusión a gastos por labores adicionales de «mejora» para la creación del Corredor Verde del Guadiamar, unos trabajos «innecesarios», señalaron.

Representantes de la empresa Boliden en el juicio que ha comenzado este martes en Sevilla.
Representantes de la empresa Boliden en el juicio que ha comenzado este martes en Sevilla. EP

En este sentido, el testigo ha descartado que el citado Corredor Verde fuese un proyecto planeado antes de la catástrofe medioambiental y ha defendido la necesidad de acometer una «descontaminación global» de todo el entorno, pues según ha dicho, 25 años después aún existen zonas afectadas por contaminación y la mina continúa «lixiviando» sustancias contaminantes.

Unas 3.000 hectáreas de uso agrícola afectadas

Serrano ha añadido que la catástrofe no solo tuvo impacto en el medio ambiente, sino en las cosechas de la zona, pues unas 3.000 de las hectáreas afectadas eran de uso agrícola y esta actividad quedó «muy resentida», motivando expropiaciones de terreno que habían perdido su «vocación agrícola» e incluso repercusión en el plano turístico.

«Las consecuencias del vertido todavía seguimos pagándolas», ha aseverado el responsable de la restauración, señalando los efectos del mismo en la economía del entorno y rememorando que para sufragar todas estas labores hubo que recurrir a los «fondos propios» de la administración andaluza, porque no fue posible recurrir entonces a la financiación europea.

Antes que Serrano compareció el que fuera secretario general técnico de la Consejería de Medio Ambiente, Juan Antonio López Domecq, quien ha manifestado que «toda» la restauración acometida fue «imprescindible y necesaria» y que la «persistente contaminación» necesitaba una actuación «integral».

Respecto a la tesis de Boliden de que la reclamación de la Junta incluye cuantías «controvertidas», López Domecq ha asegurado que no le consta «ningún problema» con las contrataciones derivadas de las labores de restauración o alguna situación de impago. «Todos los expedientes fueron hechos con arreglo a procedimiento», ha defendido el alto cargo de Medio Ambiente.

A las puertas del juzgado, Isidoro Albarreal, portavoz de Ecologistas en Acción, ha afirmado que el colectivo espera que el juicio derive en «una condena a Boliden» para que la entidad (hoy en concurso de acreedores) «pague» los costes de la restauración medioambiental, si bien tras 25 años de los hechos es «difícil ser optimista», ha avisado.

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