El asesinato de Romina, a juicio al menos 141 días tarde

Justo cuatro años después del ingreso en prisión, el sospechoso quedó en libertad provisional. Motivo, el 13 de enero de 2023 se alcanzó el plazo legal máximo de prisión preventiva. Y sin fecha siquiera para la vista con jurado popular. En el periodo transcurrido, por recursos de las diferentes defensas del sospechoso y taras en la instrucción, entre otros aspectos, no hubo ocasión de concretar el juicio. Y vencido el plazo, dando por bueno el inicio este viernes de la sesión judicial, Raúl Díaz Cachón se sienta en el banquillo al menos 141 después de cuando le habría correspondido.

Desde el referido 13 de enero, y tras volar pocas horas después de su salida de la cárcel a Madrid, acompañado de un familiar que vino a recoger a Raúl Díaz Cachón a la puerta del centro penitenciario, el sospechoso ha hecho vida cotidiana en territorio peninsular. Ha tenido ocasión de moverse libremente, con la única condición oficial de cada lunes comparecer en un juzgado de la sierra madrileña cercano a su domicilio, un aspecto que ha respetado.

Y no son más de 141 días los excedidos, porque no se tuvo a bien aceptar la petición de nulidad hecha por la defensa del reo. Fue el 31 de enero cuando la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) valoró y desestimó el recurso contra el auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. Quedaban así salvaguardadas las pruebas recolectadas en fases diversas de la instrucción.

Con ellas, el procesado se enfrenta al cargo de homicidio, y no de asesinato, porque del cuerpo de Romina Celeste Núñez solamente se recuperó un trozo de pulmón, insuficiente para saber si en su muerte mediaron agravantes, como la alevosía o el ensañamiento.

Salvo un sorprendente giro de 180 grados, el sospechoso insistirá en la vista judicial en que no fue el autor de la muerte de Romina Celeste Núñez. A cambio, su versión se sustentará en que encontró a su pareja sin vida, horas después de haber mantenido ambos una fuerte discusión. Una más. Intentará refutar el informe previo del Ministerio Fiscal que detalla que eran habituales los malos tratos. «Durante la relación, Raúl, con total desprecio por la integridad física y estabilidad emocional», se argumenta, «tanto en el domicilio como fuera de él, la agredió en distintas ocasiones». Y así fue también a finales de diciembre de 2018, poco antes ser vista la joven paraguaya por última vez; de modo que la víctima sufrió «importantes heridas y hematomas en zona torácica, cuello, pecho y brazos».

Y está por conocer cómo ante el jurado y los magistrados justificará el haber troceado el cadáver, aspecto que reconoció durante la instrucción, con la intención de proceder a la quema del cuerpo, por etapas, valiéndose de una barbacoa existente en el domicilio, en el complejo El Palmeral de Costa Teguise. Cerca hay aún carteles pidiendo Justicia.

Lo que está claro de inicio, como informó CANARIAS7 en su momento. Raúl Díaz Cachón alquiló un coche el 2 de enero de 2019, valiéndose del vehículo para hacer diversos recorridos, al objeto de deshacerse de los restos desmembrados del cadáver. En una declaración a la Guardia Civil, aseguró que se había desprendido de su esposa arrojando las partes del cuerpo al mar, en distintos puntos del litoral de Lanzarote; confirmándose de este modo las sospechas que los investigadores mantuvieron al poco de comenzar con las indagaciones. Submarinistas del Instituto Armado hicieron inmersiones, infructuosas.

En cuanto a la dilación judicial, casi coincidiendo con la puesta en libertad del sospechoso, la Sala de Gobierno del TSJC acordó en su reunión ordinaria incoar, de oficio, una investigación gubernativa para determinar las posibles disfunciones registradas en la tramitación del procedimiento. Se designó como instructor al presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya Valdés, quien se desplazó pocos días después hasta el palacio de Justicia de Arrecife.

En las postrimerías de enero, las conclusiones resultaron favorables a los procedentes seguidos. Se aseveró que no existían indicios de que ninguna de las tres instructoras vinculadas con el caso «pudiesen haber incurrido en algún tipo de responsabilidad».