Una prostituta, en un club de alterne de la Comunidad Valenciana. / DAMIÁN TORRES

Igualdad quiere reformar la política de extranjería para ayudar a las prostitutas

Irene Montero argumenta que para ayudar a las víctimas de explotación sexual es necesario procurarles empleo y vivienda

Antonio Paniagua
ANTONIO PANIAGUA Madrid

El Gobierno aprobó este martes en el Consejo de Ministros el Plan Camino, una iniciativa dotada con 204 millones de euros de aquí a 2026 y destinada a ayudar a víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en situación de prostitución. La ministra de Igualdad, Irene Montero, aseguró que este proyecto, dirigido a abolir el comercio sexual, tratará de solucionar la regularización administrativa de las mujeres extranjeras. Montero reconoció que el plan es insuficiente, pero aseguró que cualquier medida para erradicar la prostitución pasa por reformar la política de extranjería. «Queremos que el hecho de no tener papeles no signifique un obstáculo para que estas mujeres accedan a sus derechos», dijo la ministra durante un debate sobre el problema.

Para diseñar políticas públicas que atiendan a las víctimas de trata y explotación sexual, Igualdad llevará a cabo una macroencuestas para conocer la situación de las niñas y mujeres que se dedican a la prostitución. Según la ministra, será uno de los trabajos sociológicos más completos que se hayan hecho hasta ahora en España y en la UE.

El espíritu que impregna la iniciativa es que ninguna mujer víctima de trata y explotación vea cercenados sus derechos por la imposibilidad de presentar una denuncia. Entre los derechos que debe contemplar una política integral para abolir la prostitución pasa por procurar empleo, vivienda, formación y ayuda psicológica y sanitaria a las damnificadas.

El plan incluye 28 medidas, algunas ya aprobadas y otras pendientes del apoyo definitivo, que involucra a una decena de departamentos ministeriales. El proyecto incorpora actuaciones que pretenden desincentivar la demanda y trabajar en la prevención. Como dijo Montero, la prostitución es un «problema de los hombres» que la consumen y que victimiza a las mujeres. También se quiere localizar a las víctimas y procurarles atención integral y salidas sociolaborales. La intención del ministerio es llegar a 30.000 mujeres hasta 2026 con sus políticas.

Para intentar cumplir con este objetivo, el Gobierno se compromete a crear un programa específico para estas mujeres que garantice el acceso a la vivienda pública.

Vaguedad

La «identificación formal y regularidad documental» de mujeres víctimas de trata y explotación sexual representa uno de los cinco ejes de actuación del plan. Montero sostuvo que ha sido difícil llevar a buen puerto el plan. Pero lo cierto es que la iniciativa está lastrada por la vaguedad y la escasez de compromisos concretos. La secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, cree que «para garantizar los derechos de las víctimas de trata es imperativo ofrecer «autonomía económica» y modificar la Ley de Extranjería, para lo cual se necesita «convencer a los socios de Gobierno».

Las organizaciones que atienden a las prostitutas estiman que en un 90% las beneficiarias de sus programas son inmigrantes en situación administrativa irregular. «En España se estima que más de 90.000 mujeres podrían estar siendo víctimas de trata y explotación sexual. Mujeres que siempre han sido las olvidadas, las apartadas, las que están en los márgenes de las instituciones», lamentó Montero.