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Letrados y letradas de la administración de Justicia (LAJ) en huelga indefinida se concentraron ayer en la Ciudad de la Justicia en la capital grancanaria. C7
La huelga de letrados para muchas vidas: sin cita para bodas, divorcios o custodias

La huelga de letrados para muchas vidas: sin cita para bodas, divorcios o custodias

Las repercusiones de las ocho semanas de paro indefinido se dejan sentir en todo el aparato judicial: «Se perjudica a ciudadanos, empresas, a todos»

Luisa del Rosario

Luisa del Rosario

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 16 de marzo 2023, 00:00

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Al cumplirse los 50 días de la huelga indefinida que mantienen los letrados de la administración de Justicia (LAJ) en toda España ha provocado en Canarias la suspensión de más de 3.577 juicios y vistas, o 18.622 escritos sin tramitar. Pero también genera la paralización de trámites que demanda la ciudadanía y que no se contabilizan. En los registros, por ejemplo, no se acepta documentación para iniciar el expediente de una boda. Quienes necesitan jurar la nacionalidad no obtienen cita. Y las personas que quieren cambiar su sexo no lo pueden hacer porque no entra en los servicios mínimos.

A juicio de Leticia Rexach y Marta Garnica lo que más se está retrasando son los temas de familia en Civil. «Todo lo que no sean medidas provisionales se suspende. Divorcios, guardias y custodias, liquidación de bienes gananciales,... todo este tipo de procesos, siempre y cuando no haya un menor citado, se suspenden», afirma Garnica. Antes de la huelga el tiempo medio de espera para un señalamiento era de un mes. Ahora, comentan, «todo lo que está entrando nuevo no se tramita así que sabiendo que está agosto de por medio se retrasará todo tres o cuatro meses». Al principio, incluso, no se tramitaban los pagos de pensiones porque no estaba contemplado en los servicios mínimos.

La entrada en vigor de la ley trans no se nota en el registro porque no se recoge la documentación. «Es una situación que duele mucho, me siento mal no atendiendo al público, pero el Ministerio es el que tiene la culpa», indica una de las letradas en huelga que estima entre cinco y seis personas al día se acercan al registro para este trámite. Ni siquiera, abunda, se recoge la documentación de quienes iniciaron el expediente antes de la ley trans. Tampoco las personas que necesitan hacer el juramento de nacionalidad porque ya han obtenido la documentación española pueden concluir su expediente. «No levantamos acta», es decir, se quedan en la misma situación.

Sin fecha para las bodas

En el registro se celebran una media de entre 12 y 14 bodas a la semana. Desde hace ocho, lo que dura la huelga, solo se están celebrando las «señaladas». Pero quienes quieren iniciar ahora los trámites para casarse se encuentran con que no se les recoge la documentación y, por tanto, no tienen fecha para la boda. Antes de la huelga, explica la letrada, se tardaba un mes. Con el retraso que se está produciendo ahora «nos pondremos en octubre». En realidad, añade, «va a ser un poco como en la pandemia. El registro civil solo ofrecía servicios mínimos y todo se fue colapsando. Nos estábamos recuperando, estábamos empezando a ver la luz con las agendas bastante controladas dentro de los límites del personal que tenemos, pero ahora pienso que nos podemos poner en octubre», abunda. Nacimientos, defunciones y tutelas, estás últimas que afecta a personas con discapacidad o menores de edad, sí se están realizando.

Señalamientos de juicios

Según Inés Herrera Cubas, letrada de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, afirma que tienen «paradas» apelaciones (64) pendientes de incoar porque no son causas con presos y en sobre abusos, agresiones y violencia hay unos 46 pendientes de señalamientos de juicio. «Por mucho que se legisle si en los juzgados tenemos parados (los procedimientos) no hay protección a las víctimas», se queja. Herrara recuerda que incluso «está parado un procedimiento relevante a efectos públicos como es el de Romina». De hecho en su opinión el juicio no será antes de final de año dado que necesita constituir jurado. «El Ministerio no es consciente del daño que está ocasionando» a la ciudadanía, advierte la letrada Isabel Morales. «Estamos perjudicando a ciudadanos, a empresas, a todos», añade Herrera.

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