La huelga de letrados sigue paralizando una Justicia que navega proa al marisco
La postura intolerante del Ministerio bloquea cualquier atisbo de solución de un conflicto en el que el ciudadano es el principal perjudicado
La huelga indefinida que mantienen los letrados de la administración de Justicia (LAJ) de toda España ha provocado la suspensión de más de 13.000 juicios y otras actuaciones en toda Canarias. Una Justicia que ya viene lastrada por todo el retraso acumulado durante la pandemia y que ahora ha recibido un auténtico torpedo en su línea de flotación con este parón general.
El escenario se torna aún más gris si se tiene en cuenta la postura de fortaleza mostrada por los letrados en el parón, sin dar muestras de agotamiento sino, al contrario, contando con más apoyos con el paso de los días. A esto, hay que añadirle un ingrediente fundamental que es la ausencia de motivación por parte del Ministerio de Justicia para buscar una solución. Sobre todo, teniendo en cuenta que todo lo que ha planteado el Ejecutivo está tremendamente alejado de lo prometido en la negociación que mantuvieron ambas partes el pasado año, un incumplimiento que dio lugar a esta huelga.
Los portavoces de los letrados apuntan que «lo más grave sería» que a la vista de los datos tremendos de suspensión de actos judiciales y demás daños colaterales ocasionados por este parón, «el Ministerio de Justicia permita que continúe esta situación sin dar ningún tipo de solución».
En Las Palmas hay 3.066 juicios suspendidos, 4.089 diligencias sin practicar, 6.396 demandas sin incoar y 6,6 millones sin disponer
Es más, estos funcionarios creen que en la actualidad se está intentando «a toda costa» torpedear la huelga con «artimañas que nada tienen que ver con la buena fe para llevar a cabo una negociación y que en realidad es inexistente y con la lealtad constitucional».
En este escenario, las cifras hasta este pasado viernes de juicios suspendidos en Las Palmas desde el comienzo de la huelga el 24 de enero se eleva a 3.066 vistas que no se han podido celebrar. A estas hay que añadirle 4.089 diligencias sin practicar incluidas las del Servicio de Comunicaciones Notificaciones y Embargos (SCACE).
Se han acumulado 6.396 demandas sin incoar y 18.189 escritos sin tramitar y, si hablamos de dinero, hay pendientes 4.863 ingresos en cuentas y la suma de 6.444.317 euros entrantes sin disponer. Todo ello por este parón que ha bloqueado por completo toda la Administración de Justicia ante la dejadez del Gobierno central.
Las posturas están enfrentadas y, de hecho, la ministra de Justicia, Pilar Llop, pidió el viernes «diálogo» y «buscar soluciones» ante el «grave daño» que está provocando el paro de los letrados.
El ministerio, según Llop, había puesto sobre la mesa una propuesta que fue rechazada por el comité de huelga para unificar categorías de partidos judiciales para que los letrados que cobran menos, unos 1.900, puedan incrementar sus retribuciones unos 5.000 euros al año.
La «cláusula de enganche» que propone el comité de empresa «no es viable», dejó claro la ministra, porque supondría un compromiso presupuestario para el ministerio de 61 millones de euros, que «es mucho más» que el dinero que destina el ministerio a la asistencia jurídica gratuita.
En términos económicos, la titular de la cartera de Justicia detalló que esta medida supondría un aumento lineal del sueldo de los letrados de más de 1.000 euros al mes, lo que Llop rechazó.
Discrepan
Pero estos datos fueron rebatidos por los miembros del comité de huelga, que tachan de «falso» que a los letrados se les haya subido el salario un 14 o un 15%. «A los LAJ en noviembre de 2021 se acordó una subida salarial de 195 euros (10 euros más que a los gestores procesales)», destacan. «Esta subida actualizada al IPC de 2022 es de 204 euros, lo cual supone entre el 4,08 y el 6,12% del sueldo. Cualquier otra subida que reciban los LAJ es la misma subida que percibe el propio Secretario de Estado de Justicia y por lo tanto no es imputable a la adecuación Salarial».
Este colectivo reta «al Gobierno a que presente cualquier documento que demuestre que los LAJ han recibido una subida salarial distinta en concepto de adecuación salarial».
«Si el Gobierno quiere resolver este conflicto», apuntan los letrados, «debe convocar inmediatamente la mesa de negociación y comprometerse a una negociación leal» con el respaldo «total» de Hacienda.
«Lo que no puede pretender», añaden, es que en la octava semana de huelga «la misma se desconvoque con una oferta que al 15% le reconoce una adecuación salarial de 10 euros al mes y al 60% absolutamente nada. Esa es la verdad absoluta de la propuesta inamovible del Gobierno de España, y que toda la sociedad puede comprobar».
