Las heridas por el volcán de La Palma siguen abiertas seis meses después del fin de la erupción

Aún quedan más de 2.000 personas desalojadas; unas perdieron sus hogares, otras están a la espera de que cese la emisión de gases nocivos para volver a sus casas. Las pérdidas, cuantiosas, han dejado un rastro de dolor incalculable.

Entre el 19 de septiembre y el 13 de diciembre, el volcán expulsó 159 millones de metros cúbicos de lava que cubrieron 1.219 hectáreas, el equivalente a 1.707 campos de fútbol. A su paso, las coladas sepultaron 73,8 kilómetros de carreteras y afectaron a 2.988 edificios. Unas 7.000 personas fueron evacuadas. Al menos, 2.000 no han vuelto a sus casas. La lava devoró construcciones en Todoque, parte de La Laguna y en barrios como El Pampillo, Los Campitos o El Paraíso. Sus habitantes están realojados en casas de parientes o en alojamientos provisionales. Al igual que el millar de vecinos Puerto Naos y La Bombilla, barrios que registran aún altas concentraciones de dióxido de carbono incompatibles con la vida. Unos 300 afectados llevan meses viviendo en un hotel.

Se desconoce cuánto tiempo durará la desgasificación del volcán, si meses o años. Lo cierto es que en algunas estaciones de vigilancia de La Bombilla se registran valores promedios diarios de CO2 entre los 50.000 ppm (5%) y los 215.000 ppm (21,5%). Con más de 150.000 ppm, la inhalación de estos gases es letal.

Los daños materiales en bienes públicos y privados ascienden a 842 millones de euros. Los edificios destruidos se han tasado en 165 millones; los daños en las carreteras en 228 millones y la pérdida de explotaciones agrícolas en 200 millones de euros, según el informe elaborado por la Comisión Mixta para la reconstrucción, recuperación y apoyo a la isla de La Palma.

La erupción se llevó por delante el trabajo de muchas personas, sobre todo de los agricultores del sector platanero. También paralizó la actividad de los pescadores de Tazacorte, a los que se les prohibió faenar en esa zona de la costa. La cabaña ganadera afectada se ha tenido que reubicar en albergues e instalaciones municipales. Para reflotar la agricultura y la ganadería el Gobierno central transfirió al canario 18,8 millones de euros. De ellos, 14,6 millones los han recibido 2.974 productores de plátanos y 536.000 euros han ido a parar a pescadores y ganaderos.

Otro sector azotado ha sido el turístico, sobre todo en Puerto Naos, aún evacuado. 1.533 trabajadores afectados por el volcán se han acogido a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor que expira el 28 de junio. Además, 740 autónomos, de los 826 que las solicitaron, han recibido prestaciones por cese de actividad por valor de 2,84 millones. También 305 empresas han percibido ayudas por la pérdida total de ingresos. Por lo pronto, han recibido 4,15 millones de los 15 previstos, desvela el informe. A través de cinco planes de empleo, se ha contratado a 1.446 personas.

En este tiempo, se ha construido una vía para sustituir las carreteras que unían Las Manchas de Abajo con la costa. Se trabaja en la recuperación del cruce de La Laguna y los caminos de La Aldea, Marta, Aniceto, Todoque, el Corazoncillo, el Paraíso y Cruz Chica y de un tramo en la LP- 211, entre otras. Además, desde el 1 de junio, los 4x4 pueden atravesar el campo de coladas por una pista que une los barrios de La Laguna y Las Norias. También han empezado las obras de la carretera de la costa que avanzan con la oposición de los vecinos afectados.

El Gobierno central y canario han comprando 104 viviendas, de las que se han entregado 96. También se han adquirido 121 casas modulares, pero solo se han otorgado cinco casas de madera en el Valle de Aridane. El volcán destruyó un total de 1.345 viviendas. Cerca de 600 familias perdieron su vivienda habitual.

El descomunal volumen de datos recabados durante la erupción ya están siendo estudiados por los científicos. Entre los objetivos trazados está la elaboración de un Plan Nacional de vigilancia sísmica y vulcanológica. También se investigará el impacto de la erupción en la salud respiratoria y mental de la población palmera.