Grababa abusos de «extrema crudeza» sobre su hija menor

Las pesquisas detectaron 12 direcciones IP sospechosas en la provincia de Las Palmas y por ello, dieron cuenta al Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria y a la Fiscalía de Delitos Tecnológicos para comenzar una investigación que tenía como primer objetivo localizar a los titulares de las IP.

El 2 de abril de 2019 procedieron a la entrada y registro de una casa en Telde a la que estaban asociadas esas IP y sus moradores declararon que un familiar estuvo viviendo con ellos unos meses ya que se había separado de su esposa. Al comprobarlo, determinaron que las fechas coincidían con las de las descargas de pornografía infantil.

Fue en ese momento cuando localizaron al investigado –militar profesional– y también registraron su domicilio en Las Palmas de Gran Canaria. Los agentes hicieron una cata –análisis superficial de los ordenadores y discos duros que tenía– que dio resultado positivo hallando en ellos multitud de pornografía infantil. Por ello, procedieron a su detención y lo pusieron a disposición judicial, llevándose todo el material informático para un análisis profundo.

El sujeto fue puesto en libertad con cargos de pornografía infantil hasta que el 19 de noviembre fue detenido nuevamente tras el hallazgo en los aparatos requisados en la casa del investigado, de unos archivos pornográficos que calificaron de «extrema crudeza». En los mismos, determinaron que el individuo no solo se dedicaba a la descarga de pornografía infantil, sino también a su producción al encontrar vídeos y fotos en los que aparecía su propia hija que tenía alrededor de 11 años en el momento de los hechos y, presuntamente, una amiga suya también menor de edad. También localizaron vídeos de carácter sexual de su expareja, mientras dormía, y otros grabados con cámara oculta en la ducha.

La menor reconoció en ese momento a los agentes que su padre había abusado de ella de forma continuada y, a raíz de esta declaración, el investigado también admitió los hechos. El Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria lo sigue investigando por los presuntos delitos de producción, tenencia y distribución de pornografía infantil, abusos sexuales con penetración sobre menor de 16 años, delito contra la intimidad de menores y otro contra la intimidad y la indemnidad sexual sobre su expareja.

Tras la primera detención por un delito de pornografía infantil, el 9 de julio los agentes desprecintaron los equipos informáticos incautados al militar en su domicilio de la capital grancanaria. Los mismos fueron remitidos al Grupo de Informática Forense de la Policía Científica para que llevara a cabo un análisis profundo de los cuatro discos duros, nueve pen drive y una torre que ya habían dado positivo en una cata de detección de material pedófilo.

Tras un intenso trabajo, el 19 de noviembre de 2019 los investigadores remitieron un oficio al juez en el que detallaban los últimos avances en la investigación y daban cuenta del hallazgo en un disco duro externo de la marca Toshiba –al que llamaron Vestigio 5– en donde había archivos de gran interés y que podían ser compatibles con la producción de material pornográfico infantil y de indemnidad sexual de adulto.

Se trataba de fotos y vídeos realizados en agosto de 2018 con un móvil Samsumg Note 8 –propiedad del militar– y otros realizados mediante vídeo vigilancia con cámaras ocultas que había situado en un baño. Entre los mismos, hallaron grabaciones de abusos sexuales que cometía el investigado sobre su propia hija menor de edad, imágenes de alto contenido sexual que los investigadores del Grupo de Informática Forense de la Policía Científica calificaron de «extrema crudeza» y «extrema dureza». También habían fotos y vídeos sexuales de su expareja a la que captaba con el móvil cuando estaba durmiendo o grababa con las cámaras ocultas. También determinaron que una imagen de otra menor podría corresponder a alguna amiga de la víctima que había ido a su casa a pasar el día.

Dada la gravedad de las imágenes en las que aparecían dos menores del círculo cercano del investigado, citaron a su expareja para informarle de los hechos al mismo tiempo que detuvieron al militar.

Tras las pesquisas llevadas a cabo por los agentes, el 2 de abril desde las 6.30 horas estuvieron vigilando la casa en Telde donde estaban las IP investigadas para, a las 9.15 horas, realizar la entrada y registro. Dentro había tres personas que les dijeron que desde verano hasta diciembre de 2018 vivió con ellos el acusado porque se había separado de su pareja, pero se mudó a finales de año a la capital grancanaria.

Allí no encontraron nada relevante pero determinaron que el periodo en el que el investigado estuvo en esa vivienda coincidía con las fechas de las descargas de pornografía infantil (del 12 de septiembre al 10 de octubre), por lo que pidieron nuevamente autorización judicial para registrar el domicilio donde vivía ahora. El juez decreta la entrada y registro de la vivienda que se realiza el mismo 2 de abril a las 14.10 horas y encuentran al investigado que les dice: «Mi padre me había llamado y ya lo sabía».

En esa casa activaron el protocolo de detección de pornografía infantil en cuatro discos duros, nueve pen drive y una torre con sus periféricos y la cata –análisis superficial de los archivos que hacen usando la aplicación Nordicmule– dio resultado positivo hallando en ellos multitud de archivos de pornografía infantil. Entonces procedieron a la detención del militar que fue conducido a los calabozos. Al día siguiente conocieron que el investigado tenía un niño y una niña, ambos menores de edad, con su expareja y que, de acuerdo amistoso, pasaban intervalos frecuentes de tiempo en el domicilio paterno, por lo que los instructores determinaron que se trataba de una situación de alto riesgo.

El día 4 se negó a declarar y el juez decretó su libertad provisional con la prohibición de estar con menores mientras durase la investigación, aunque nunca contó a su mujer e hijos que estaba siendo investigado por pornografía infantil.

La detención de este pederasta en la capital grancanaria se produce como consecuencia de la pieza separada número 7 de la Operación Magnesio contra la pornografía infantil. Fue liderada por el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Judicial. El procedimiento fue incoado el 6 de marzo de 2019 por el Juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas de Gran Canaria.

Este procedimiento judicial está aún en fase de instrucción y quedan pruebas por practicar antes de que la autoridad judicial dicte el auto de procesamiento contra el investigado. Entre ellas estarían las periciales psicológicas de las víctimas de este militar profesional. También las partes están a la espera de obtener los resultados de varias pesquisas orientadas a esclarecer si las víctimas pudieron ser drogadas por el pederasta.