Irene Montero cuelga la bandera trans en la fachada del Ministerio de Igualdad. / Ep

El Gobierno da luz verde a la autodeterminación de género para los trans

Socialistas y morados cierran filas con el último borrador de ley trans, pero algunas heridas siguen ahí y a Montero se le olvida felicitar a Calvo | La norma autoriza la reproducción asistida a los trans que puedan gestar

Alfonso Torices
ALFONSO TORICES Madrid

El Consejo de Ministros dio este martes el visto bueno al anteproyecto de ley LGTBI-Trans que, como principal novedad, permitirá la autodeterminación de género de los transexuales. Podrán cambiar su nombre y sexo en el Registro Civil simplemente con pedirlo. No hará falta ni declaración de testigo alguno que lo corrobore ni los informes médicos y los dos años de tratamiento hormonal que se les exigen ahora. «Un paso de gigante», para la ministra de Igualdad, Irene Montero. «Una norma que nos coloca a la cabeza de Europa en derechos LGTBI», según su homólogo de Justicia, Juan Carlos Campo.

Es el fin de un duro pulso político entre Moreno, apoyada por el resto de ministros de Unidos Podemos, y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, respaldada por sectores del PSOE y por buena parte del movimiento feminista clásico. Ha terminado con acuerdo, pero no pueden disimular que la «negociación larga y difícil» -que confesó Montero- ha dejado heridas. La titular de Igualdad agradeció el esfuerzo por llegar a «un buen texto» al ministro de Justicia, pero se olvido de Calvo. Tuvo que ser minutos después Campo quien, tras devolver el agradecimiento, lo hizo «extensivo» a la vicepresidenta primera, por su papel «fino y selecto» en la negociación del proyecto.

Todos han hecho cesiones. Sin embargo, Montero es la clara vencedora. Ha logrado salvar su línea roja -la autodeterminación- en una negociación que, a última hora, con el visto bueno de Pedro Sánchez, dejó en segundo plano a Calvo, tocada políticamente, y tuvo como interlocutor socialista a Campo. El pulso, eso sí, se da por acabado. «Es el texto de todo el Gobierno. El mejor texto ha podido producir», zanjó la otra Montero, la portavoz del Ejecutivo.

El sexo registral se podrá cambiar sin trabas, solo con expresar el deseo personal, a partir de los 14 años

La aceptación de la autodeterminación de género a partir de los 14 años por los socialistas, punto que bloqueó las negociaciones cuatro meses, ha tenido mucho que ver con las presiones de las organizaciones LGTBI y con la inminencia de la celebración del Orgullo, cuya marcha central es el próximo sábado.

Los socialistas, el partido de Pedro Zerolo, abanderados del movimiento LGTBI con la aprobación del matrimonio homosexual en 2005, corrían el riesgo de ser abucheados en una marcha que tiene como punto neurálgico las reivindicaciones transexuales. Ni siquiera estaba claro que pudiesen ir tras la cabecera, que rezará: «Los derechos humanos no se negocian, se legislan: ¡Ley integral trans ya!».

Podemos logra la autodeterminación de género, pero el PSOE impone sus tesis de que no haya dos leyes, una de igualdad trans y otra de derechos LGTBI (como quería Montero), sino una sola, y consigue que la autodeterminación solo sea posible desde los 14 años y que tenga garantías procedimentales que eviten fraudes.

El texto actual puede sufrir modificaciones antes de que el Gobierno lo apruebe definitivamente. Tendrá que pasar por los filtros del Poder Judicial o el Consejo de Estado. Cuando el Consejo de Ministros dé luz verde al proyecto, empezará una segunda fase de enmiendas en Parlamento antes de la aprobación definitiva, algo que no ocurrirá antes de 2022. Allí le esperan los 'noes' seguros de PP y Vox, pero si los socialistas mantienen la unidad tendrán mayoría suficiente.

Quienes sean denunciados por discriminar a personas LGTBI tendrán que demostrar que no lo han hecho para evitar ser multados

De hecho, las principales organizaciones LGTBI aspiran a encontrar apoyos entre los grupos parlamentarios para incorporar sus aspiraciones adicionales. Entre ellas están rebajar la autodeterminación de género al menos hasta los 12 años; el reconocimiento, con su propia y tercera casilla en el DNI, de los no binarios, quienes no se identifican con las categorías sexuales o de género existentes; e igualar los derechos para los inmigrantes trans.

Cláusula antifraude

El anteproyecto permite el libre cambio de sexo a todos los trans de más de 16 años y a los mayores de 14 que cuenten con el apoyo de sus padres (o de la Fiscalía). Lo lograrán en un máximo de cuatro meses después de ratificar su decisión ante el registrador a los tres meses. Los mayores de 12 podrán cambiar el sexo registral, pero deben lograrlo ante la justicia. Los menores de 12, no podrán cambiar el sexo, pero sí son libres de pedir el cambio de nombre.

La ley LGTBI-Trans incluirá una cláusula de seguridad para evitar que alguien juegue o cometa fraudes de ley. Una vez concedido el cambio de sexo registral, y pasados seis meses en los que puede revocarse, la operación ya no podrá revertirse libremente. Si alguien quisiese volver a su sexo oficial originario tras el plazo de seguridad tendrá que acudir a pedirlo a los tribunales.

Las presuntas terapias para 'curar' a homosexuales, bisexuales o trans quedan prohibidas y sus promotores pueden recibir sanciones de hasta 150.000 euros

El texto, entre otras medidas, también prohibe la supuestas terapias para 'curar' a personas LGTBI, que sancionará con multas de hasta 150.000 euros, y volverá a garantizar las técnicas de reproducción asistida a lesbianas, bisexuales, mujeres solas y a los trans con capacidad para gestar.

El borrador de ley garantiza la inscripción como progenitor legal de la pareja de una madre lesbiana o bisexual aunque no estén casadas; la prohibición de operaciones de modificación genital en recién nacidos intersexuales salvo necesidad médica; un plazo de un año para que los padres de estos bebés definan su sexo en el Registro; y el reconocimiento y la protección para la víctimas de la violencia intragénero (parejas de un mismo sexo).

También obliga a que el currículo educativo fomente el respeto a la diversidad sexual en todas las edades; la prohibición de discriminaciones laborales a LGTBI; medidas de acción positiva para el acceso al empleo de trans; asistencia sanitaria integral para ellos; y estrategias nacionales para la no discriminación LGTBI y para la inclusión social de los trans.

Agravantes

El último bloque es el régimen de sanciones administrativas a quienes discriminen a las personas LGTBI. Como norma general, se invierte la carga de la prueba y será el denunciado quien tenga que demostrar que no discriminó para eludir la multa. Hay sanciones leves (hasta 2.000 euros), graves (hasta 10.000) y muy graves (de 10.000 a 150.000).

Las lesbianas, bisexuales y mujeres solas vuelven a ser incluidas en los programas públicos de reproducción asistida tras ser sacadas hace siete años por el Ejecutivo del PP

Se podrá sancionar con hasta 150.000 euros las supuestas terapias de reversión para LGTBI; el acoso o la represalia por orientación sexual; el uso de libros de texto que señalen como inferiores a estos colectivos; o quien les discrimine en el acceso al empleo o la vivienda.

La reincidencia, la revictimización secundaria o la trascendencia social de los hechos serán criterios a tener en cuenta a la hora de determinar las sanciones y actuarán como agravantes para dirigir las sanciones a la parte alta de la horquilla de multa. Además, estas sanciones pueden venir acompañadas de medidas accesorias como la supresión de ayudas públicas, la prohibición de contratar con la administración o el cierre del establecimiento.

Posturas enfrentadas

Alabanzas, recortes o incluso la «muerte» de las leyes en defensa de las mujeres. Así de dispares son las posturas de los diferentes colectivos LGTBI y de las feministas ante el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros.

Entre las organizaciones LGTBI hay dos estrategias, que no son ajenas a la competencia entre ellas. La Federación Estatal LGTBI, la asociación histórica de estos colectivos, junto a Chrysallis -padres de niños trans- han tenido un protagonismo directo en el desbloqueo de la ley en el Ejecutivo, pues fueron quienes propusieron la fusión de leyes y el proceso de cambio de sexo con ratificación a los tres meses de la petición a cambio de salvar la autodeterminación. Son posibilistas y están contentos, pero esperan lograr que el Congreso reconozca a los no binarios y extienda la libre rectificación del sexo registral hasta los 12 años (sin proceso judicial).

La Federación Plataforma Trans, que se reivindica la verdadera representante de este colectivo, ha tenido una postura más maximalista, presionando con huelgas de hambre y pidiendo la exclusión del PSOE del Orgullo. Hoy suavizó la habitual dureza de sus críticas, pero cree una traición que no haya una ley Trans autónoma y pide libre autodeterminación de cualquier niño trans y de los inmigrantes.

Parte del feminismo tradicional, como la confluencia Movimiento Feminista, se manifestó el sábado para pedir a Gobierno y autonomías que retiren las leyes trans por «atentar» contra los derechos de las mujeres. Rechazan que el sexo sea una libre elección y denuncia que la ley puede abrir la puerta a que violadores o maltratadores cumplan condena en cárceles femeninas.