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Solicita también la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional para Raúl Díaz Cachón, que saldrá en libertad provisional hasta la celebración del juicio, que aún está pendienteLa Fiscalía Provincial de Las Palmas ha pedido al Juzgado de Instrucción número 1 de Arrecife que acuerde una serie de medidas cautelares sobre Raúl Díaz Cachón, acusado por el crimen de Romina Celeste en Lanzarote, y que saldrá en libertad provisional en los próximos días.
En concreto y en un escrito presentado este lunes por el fiscal Jesús Lomba, interesa que el acusado comparezca en sede judicial a diario, que se le retire el pasaporte y que se le prohíba su salida de territorio nacional hasta la celebración del juicio que aún está pendiente de señalamiento.
El encausado fue arrestado el 13 de enero de 2019 por la Guardia Civil, como supuesto autor de la muerte de Romina Celeste Núñez, cuyo cuerpo fue troceado y quemado. Del cadáver apenas se pudo localizar un trozo de pulmón. A mitad de enero de 2021 se prorrogó el arresto, a expensas de la celebración del juicio.
La causa se ha llevado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Arrecife, con Silvia Muñoz de titular, si bien con algún cambio entre el comienzo de la investigación y las fechas actuales.
El procedimiento, muy dificultado por varios cambios en cuanto a la representación de la defensa, así como por el registro de varios recursos por parte de la acusación particular, tuvo entrada en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas el 29 de septiembre. Es decir, con posterioridad en relación al informe de Fiscalía por el que se reclama una pena de 22 años y dos meses de cárcel para el principal sospechoso, por los presuntos delitos de homicidio, maltrato habitual, lesiones, profanación de cadáver y simulación de delito. Fue devuelto, por faltar una prueba, quedando finalmente registrada la causa el 20 de octubre, con cuestiones pendientes de resolver, con lo que ha sido inviable señalar el plenario.
Junto con la condena de cárcel que hace Fiscalía, que coincide con la demanda de la acusación particular; el Ministerio Público interesa el pago a los herederos de 300.000 euros en concepto de responsabilidad civil, por los 900.000 euros que pide la acusación particular. El Instituto Canario de la Mujer (ICM), como acusación popular, pide más de 30 años de cárcel e indemnización de 350.000 euros.
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José r. sánchez
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