El fiscal pide 10 años de prisión para el juez Alba

El Fiscal Jefe de Canarias, Vicente Garrido, ha emitido su escrito de calificación en el llamado Albagate, solicitando un total de 10 años de prisión y 29 de inhabilitación para el magistrado Salvador Alba como presunto autor de los delitos de prevaricación, cohecho, falsedad de documento oficial y revelación de secretos.

Francisco José Fajardo
FRANCISCO JOSÉ FAJARDO

Por el delito de prevaricación, el fiscal pide 18 meses de multa, a razón de 25 euros de cuota diaria -unos 13.500 euros- y 12 de inhabilitación especial para ejercer como juez o magistrado, con pérdida definitiva del cargo que ostenta. Con respecto al delito de cohecho, solicita cuatro años de prisión y 10 de inhabilitación. Por falsedad documental, Garrido añade cuatro años de prisión y tres de inhabilitación, mientras que por revelación de secretos, pide dos de prisión y 4 de inhabilitación.

Cabe recordar que la acusación particular en la causa contra Salvador Alba, ejercida por la magistrada Victoria Rosell en calidad de víctima, había pedido para el juez una pena de 13 años y medio de cárcel así como 41 años de inhabilitación para empleo o cargo público, además de 118.800 euros de multa y una indemnización de 80.000 euros.

En este procedimiento también intervienen como acción popular Podemos y Carlos Sosa, director de Canarias Ahora y pareja de Rosell, quien también solicitó 12 años de prisión para el magistrado, mientras que la agrupación morada presentó recientemente un escrito de acusación contra el magistrado Alba en el que incluye, además de prevaricación judicial, cohecho, falsedad y revelación de secretos en perjuicio de la jueza Victoria Rosell, los delitos de negociación prohibida y delito electoral, si bien el documento podría haber sido presentado fuera de plazo, tal y como explicó CANARIAS7 el pasado 30 de marzo.

Salvador Alba está imputado en esta causa por cuatro delitos por maniobrar jurídica y políticamente para perjudicar a la también magistrada Victoria Rosell, ex diputada de Podemos y expulsarla de la política y de la carrera judicial.

Después de tomar Alba posesión como sustituto del juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, por excedencia voluntaria de su titular, la magistrada Victoria Rosell, para presentarse a las elecciones, continuó con la instrucción de una causa abierta contra el empresario Miguel Ángel Ramírez por un supuesto fraude a la Seguridad Social. En ese procedimiento encontró apuntes contables que, supuestamente, relacionaban al periodista Carlos Sosa, compañero sentimental de la magistrada Victoria Rosell, con el empresario.

Según el auto, con el «ánimo de perjudicar a la magistrada» pidió una reunión con el empresario Miguel Ángel Ramírez para que éste declarara la relación existente y demostrar una causa de abstención que la inhabilitara.