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Ibón S. Rosales
Domingo, 4 de junio 2017, 19:04
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— De Paz Abogados tiene su despacho entre Canarias y Galicia. ¿Qué le relaciona con la creación de asociaciones de cannabis?
— He sido abogado de personas interesadas en promover asociaciones de cannabis. Actualmente no lo soy, ni quiero tener que ver con ese tema porque son poco serios. Elaboré un informe jurídico en el año 2014.
— En ese informe, usted expone todo el proceso de creación de este tipo de asociaciones. Entonces, ¿se pueden constituir de forma legal?
— La creación de una asociación de fumadores de cannabis es lícita siempre y cuando se respete la ley de asociaciones de Canarias y su funcionamiento se realice ajustándose a unos criterios.
— Pero la gestión de estos clubes, como también se les denomina, ¿no implica ciertas ilegalidades?
—El desarrollo de la actividad conlleva, y ese es el problema, actuaciones dentro de la asociación que rozan la infracción administrativa o penal, como puede ser el cultivo de la planta del cannabis, el transporte de ese cultivo y la mera tenencia de la sustancia.
— ¿Y cómo se han creado las más de 100 asociaciones que hay en Canarias?
— Lo primero es hallar un fin asociativo, el objeto, que debería ser el de promover los correspondientes cambios legales, aprobación de leyes nacionales y convenios internacionales a favor de la legalización, despenalización y normalización del consumo de cannabis y sus derivados. La asociación tiene que estar en el registro administrativo del Gobierno de Canarias y si te lo deniegan puedes recurrir llevando el modelo formal de constitución de asociación y los estatutos muy claritos, por eso es importante determinar el objeto.
— ¿Y cuáles son las recomendaciones para garantizar la legalidad de la asociación?
— Hay que documentar todos los actos de la asociación: acuerdos, reuniones, la compra de las semillas para el cultivo, el transporte... Todo debe estar en el libro de la asociación, que haya transparencia, darle la debida publicidad, estar inscrito en el registro oportuno y darle visión en los medios de comunicación.
— ¿Cómo debe ser la relación con los socios?
— Deben pagar una cuota de socio, nunca pagar por la marihuana, ellos pagan por un servicio. También debe haber un sistema interno en el que fluya toda la información de la directiva a los socios, que se puedan obtener datos concretos, un libro de sugerencias... Todo eso. Si hay oscurantismo, mal rollo.
— Porque entiende que los hay y debe primar la transparencia...
— Con la finalidad de poder demostrar en todo momento que se mantiene en los límites de la legalidad.
— Aún así, ¿qué ocurriría si la policía interviene? Por ejemplo, durante el transporte del cultivo.
— El lugar de producción tiene que ser de la asociación o arrendado por esta. ¿Cómo llevarla de ahí al lugar de consumo asociativo? El simple transporte es infracción administrativa, se debe emitir una autorización escrita por parte de la asociación para que bien el empleado o el transportista cuente con ella y, en caso de ser interceptado, pueda justificar la carga. Debe llevar toda la documentación en regla... y esto no lo hace casi nadie. El 80% de las asociaciones no hacen las cosas bien.
— Se le entrega los papeles a la policía, ¿y ya está?
— La policía igualmente te puede denunciar pero ante el expediente sancionador que va a incoarse o las diligencias penales, ya tienes vías de defensa. Yo soy partidario incluso de comunicar a los autoridades el traslado de la cantidad.
— ¿Avisar a la policía de que se va a hacer un traslado de droga?
— Se hace dentro de una actividad asociativa, sigue siendo ilegal pero se puede buscar una autorización, no es una farmacia evidentemente pero yo recomiendo que se haga, que se vaya a hablar con quien tenga competencia para ello. Debe llevar el registro de la asociación, la previsión de consumo y la cantidad transportada, el club debería contar con un ingeniero agrícola o agrónomo.
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