«Todos respiramos cuando el Tribunal Constitucional no paralizó la ULPGC»

26/04/2019

Juan Manuel García Ramos admite que hace 30 años prefería una gran universidad canaria que dos independientes, pero «como demócrata» aceptó «la voluntad mayoritaria del Parlamento». Fue el consejero de Educación que firmó los estatutos de la universidad grancanaria

A Juan Manuel García Ramos le tocó vivir en primera línea y desde una posición nada neutral el nacimiento de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). En 1989 tenía 40 años y cuando el entonces presidente del Gobierno, Lorenzo Olarte, le ofreció hacerse cargo de la Consejería de Educación ocupaba, como independiente, la viceconsejería de Cultura. Era octubre de 1989 y habían pasado unos pocos meses desde la aprobación por el Parlamento de Canarias, el 26 de abril, de la Ley de Reorganización Universitaria de Canarias por la que se daba vía libre a la ULPCG. Sustituía en el cargo a Enrique Fernández Caldas, que dimitió para no firmar el decreto de creación de la segunda universidad completa y pública de Canarias. Lo acabó firmando el propio Olarte.

«Fernández Caldas había sido rector de Universidad de La Laguna y aunque se dio cuenta de la inevitable creación de la ULPGC estaba muy influido por el voto en contra de las AIC que lo habían nombrado consejero», recuerda García Ramos 30 años después de aquel momento histórico, y destaca el «gesto honroso» (la dimisión) de su antecesor en el cargo. A él le tocaron firmar luego todas las resoluciones relacionadas a la puesta en marcha de la ULPGC. «Todavía recuerdo muy bien la cara de satisfacción de Francisco Rubio Royo [primer rector] en 1990 cuando me llevó al hotel Iberia los primeros estatutos de la recién creada ULPGC para que se los firmara», dice mientras reconoce que estuvieron un año moviéndose «en una situación ambigua» y sacando decretos que «firmaba pensando siempre en que el Tribunal Constitucional los echaría abajo».

Pero no fue así, y el 6 de junio de 1990 el Constitucional validó la Ley de Reorganización Universitaria y, por tanto, «la batería de decretos sucesivos» que, con aquella espada de Damocles encima, firmó García Ramos.

«Todos respiramos cuando el Constitucional no paralizó la ULPGC», admite abiertamente.

«Aquellos -dice- fueron meses muy difíciles, pues la ULL no reconoció la promulgación de esa Ley de Reorganización autonómica e invocaba su inconstitucionalidad y en esa posición logró el apoyo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que presentó ante el Constitucional nueve cuestiones para desmantelar lo aprobado por el Parlamento el 26 de abril de 1989, si no recuerdo mal por 49 votos a favor y 20 en contra».

García Ramos está convencido de que la decisión del Tribunal Constitucional fue lo que definitivamente «amansó las aguas» y casi que puso punto y final a «un periodo de mucha agitación y enfrentamiento».

Poderes fácticos

En 1989 y en los años anteriores, los poderes fácticos de Tenerife, agrupados en torno a la Agrupación Tinerfeña Independiente (ATI), lograron crear un ambiente de feroz oposición y, según García Ramos, «la reacción de la ULL [de la que fue vicerrector entre 1985 y 1987] no había estado a la altura de las circunstancias y ya su tesis de regionalizar la universidad no era aceptada por la ciudadanía de Gran Canaria».

El catedrático de Filología Española de la ULL y diputado de CC-PNC en la Cámara regional recuerda como José Carlos Alberto llegó en 1986 al Rectorado de la ULL «con un proyecto de descentralización del campus lagunero hacia otras islas, pero no le dio tiempo de ejecutar ese plan como le hubiera gustado». García Ramos «conocía su pensamiento» y considera que «las manifestaciones multitudinarias de una isla y otra entorpecían cualquier razonamiento frío al respecto».

El problema, asegura, «estaba en la calle y los partidos políticos se apuntaron a esas mayorías callejeras y orientaron sus votos en la dirección que ya se conoce, con Lorenzo Olarte liderando la idea de crear dos universidades, solo AIC [el paraguas regionalista de ATI] y algunas fugas de votos de otras fuerzas políticas defendieron el viejo sistema frente al nuevo y pujante de creación de dos universidades completas en cada una de las islas capitalinas, lo que al fin y a la postre ha redundado en una potenciación de titulados y en áreas de investigación punteras en ambos centros superiores», reconoce García Ramos, que defiende a su amigo José Carlos Alberto pese a admitir que estuvieron «un tiempo enfadados».

José Carlos Alberto, que dejó el Rectorado de la ULL en 1990, tuvo que erigirse, a juicio de García Ramos, en «líder de la intransigencia; los poderes fácticos le exigieron ese liderazgo porque veían en la creación de la ULPGC una pérdida de poder económico, político y social de Tenerife» frente a Gran Canaria.

Arrepentimiento

El propio José Carlos Alberto aseguraba, con motivo del 25 aniversario de la ULPGC (en esta ocasión no ha querido pronunciarse excusándose en la cercanía de los comicios electorales), que «la situación justificaba aquella actitud», pero también que la discusión iba en aquel momento «más allá de la universidad».

Un año antes de la creación de la ULPGC, la clase política, académica y empresarial chicharrera hablaba de «despojos» y «agravios» hacia Tenerife y a las multitudinarias manifestaciones en la capital grancanaria pidiendo la universidad, ATI respondía con otras marchas y con cientos de miles de firmas pidiendo la división de Canarias en dos autonomías. El periódico El Día era su altavoz.

Hace unos años uno de los más acérrimos detractores de la ULPGC, el ático expresidente del Gobierno Manuel Hermoso, admitía que «la universidad fue la excusa» de un enfrentamiento que tenía motivos más de índole sociopolítico que académicos y recocía abiertamente que se equivocaron él y ATI en su oposición a la creación de una institución que mañana cumple 30 años.