El Parlamento canario aprueba la ley que reconoce a la Tech como universidad

A propuesta del Gobierno canario, la cámara en debate de lectura única, reconoció a la Tech aludiendo a que cumple con «toda la normativa» para ello, pese a las conocidas objeciones de la ULPGC y la ULL, que se han manifestado en contra de este centro en diversas ocasiones. «Ha sido un procedimiento largo y complejo, con proceso de judicialización incluido, y que ha generado bastante polémica», reconoció la consejera de Universidades, Migdalia Machín, en la tribuna.

La consejera, en la defensa de la aprobación del proyecto de ley, relató la cronología del procedimiento de reconocimiento de la Tech, e insistió en que el Ejecutivo canario no ha hecho más que «cumplir estrictamente la legalidad».

Carmen Rosa Hernández, de NC, respondió a la consejera que estaba «claro» que este centro tenía «el apoyo del Gobierno» siempre que esté CC. Y dijo que tal y como señala el informe del Consejo Consultivo, «se le debería aplicar la Losu, que obliga a que comience con 18 títulos, mientras que la Tech solo oferta ocho». Además, añadió, «no hay garantías de viabilidad de cara al alumnado y el plan de cierre no queda garantizado tal y como apunta el Ministerio».

«La Conferencia de Política Universitaria ha emitido dos informes desfavorables por diez razones: el capital social no hace frente al cierre, el 96% de su oferta son títulos no oficiales, como hacen las academias y el 4% universitario, es decir, la actividad fundamental no es universitaria. No se incluyen programas doctorados, no cumple con el número de doctores y doctoras, no tiene convenios con empresas para las prácticas, no hay líneas o proyectos de investigación… y un largo etc», afirmó Hernández para justificar el voto en contra de su formación.

También el PSOE se manifestó en contra de la aprobación de la Tech como universidad. Alicia Pérez Hernández recordó que las cámaras aprueban el establecimiento de universidades porque «la política universitaria es estratégica para un país». Y aseguró que el proyecto de la Tech es una iniciativa «sin rigor y alejada de la realidad».

Recordó también que el 96% de sus títulos no son oficiales, y dijo que esta formación valía tanto «como el vídeo de un youtuber». En resumen, añadió, «no cubre un déficit, no aporta títulos oficiales, tiene en contra a las universidades publicas canarias… No podemos apoyar esta propuesta».

En nombre de CC habló la diputada Vidina Espino quien coincidió con la consejera de Universidades elogiando las ventajas que tendrá para Canarias este centro 'on line' que va a «generar 1.800 puestos de trabajo».

Vox dio su apoyo, dijo Nicasio Galván, porque así Canarias da «un paso más en la calidad educativa» y apostó por «desregular» y permitir «que Canarias se convierta en referente educativo internacional». Mientras que Carlos Ester (PP) dijo que tenía todos los informe «a favor» y esta ley era «buena para Canarias».

Según el proyecto presentado por la Tech, el centro abrirá con cinco grados y tres másteres y a los cinco años de su implantación ya ofertará 25 carreras y 48 postgrados, entre ellos ningún doctorado. Comenzará con los grados de Criminología, Dirección y Administración de Empresas, en Educación Infantil, Educación Primaria y en Psicología. Salvo el primero, los otros cuatro títulos se ofertan en las dos universidades púbicas canarias. Además, el primer año ofertará un máster en Administración de Empresas, otro en Neuropsicología y Educación y un tercero en Psicopedagogía.

Este centro privado de teleformación comenzó su andadura para ser reconocida como universidad 2017, fecha en la que presentó su sede en Tenerife. El anterior Ejecutivo canario encabezado por el PSOE rechazó el proyecto al entender que no cumplía con los requisitos para ser reconocida como universidad. De hecho, la Conferencia General de Política Universitaria emitió en junio de 2023 un informe desfavorable a este reconocimiento, informe que es necesario, aunque no es obligatorio tenerlo en cuenta. Por contra, el Consejo Universitario de Canarias el 1 de diciembre informó «por mayoría de votos emitidos», aunque ajustados, favorablemente por lo que el Gobierno aprobó llevar el proyecto de ley al Parlamento para su aprobación definitiva.