En contra de un «órgano de gobierno paralelo» que socava la autonomía universitaria en Canarias
El Consejo de Gobierno de la Universidad de La Laguna aprueba un duro acuerdo contra la ley de consejos sociales
El Consejo de Gobierno de la Universidad de La Laguna (ULL) aprobó este martes, por 31 votos a favor y 2 abstenciones, un acuerdo en el que manifiesta «su profunda discrepancia» con la Proposición de Ley sobre Consejos Sociales que está tramitándose en el Parlamento de Canarias. El escrito considera que su contenido «contradice lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), altera gravemente el modelo de gobernanza de las universidades públicas canarias y podría vulnerar el artículo 27.10 de la Constitución Española al limitar la autonomía universitaria», según informa en un comunicado la institución académica.
El acuerdo comienza con una serie de consideraciones que contextualizan el sentido de la propuesta, reconociendo el valor clave de los consejos sociales para fortalecer la conexión de la universidad con la sociedad, tal y como recoge el artículo 47 de la LOSU. Por contra, estima que algunas de las atribuciones que la proposición de ley otorga a estos órganos «supone asumir competencias que en la actual legislación están residenciadas otros, como el Consejo de Gobierno, creando duplicidades y erigiéndose en un órgano de gobierno paralelo con atribuciones que contradicen la legislación básica estatal y limitando la autonomía universitaria».
El acuerdo insta al Parlamento de Canarias a «revisar en profundidad el texto de la proposición, ajustándolo a lo establecido por la legislación estatal y eliminando aquellas disposiciones que invaden competencias académicas y de gestión propias de otros órganos universitarios». Más concretamente, solicita que cualquier modificación de la normativa sobre Consejos Sociales esté en conformidad con el marco competencial básico previsto en la LOSU y garantice el contenido esencial de la autonomía universitaria, destaca la nota.
El acuerdo faculta al rector como representante de la ULL para realizar las gestiones necesarias ante las instituciones competentes para el cumplimiento de este acuerdo. El escrito será trasladado a la Presidencia del Parlamento de Canarias, los grupos parlamentarios con representación en la Cámara regional, la Consejería de Universidades del Gobierno de Canarias y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).
Durante el debate, el rector, Francisco García, matizó que este acuerdo no iba «en contra de los consejos sociales en general ni contra el Consejo Social de la Universidad de La Laguna en particular, con el cual las relaciones son magníficas», sino que se opone a una concepción de este órgano que no es acorde con el espíritu del artículo 47 de la LOSU y recordó «que los consejos sociales cambian con las mayorías políticas, por lo que resulta delicado que sean los responsables de tomar decisiones como, por ejemplo, aprobar la creación de titulaciones, departamentos e institutos universitarios de investigación», destaca la nota. «El consejo social puede aportar información para tomar esas decisiones, pero no deberían ser los decisores últimos», dice el rector.
A favor de la ley
El presidente del Consejo Social de la Universidad de La Laguna, Francisco Almeida, manifestó su oposición a este acuerdo pues, a su juicio, la proposición de ley no busca socavar la autonomía universitaria y cuenta con el consenso de los principales grupos parlamentarios, según destaca la ULL en su comunicado.
«Por contra, otros consejeros no solo han apoyado la aprobación de esa propuesta, sino que incluso reclamaron actuaciones más contundentes para mostrar el desacuerdo de la institución académica, mientras que otros abogaron por buscar vías de negociación para evitar escenarios de confrontación directa», señala la nota.
