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Antonio Abril, presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de Universidades Españolas, en la sede de la ULPGC. Cober

Antonio Abril. Presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas

«Los consejos sociales son universidad, los rectores se equivocan poniéndoles límites»

Aunque «respeta» la opinión de los equipos de gobierno universitarios, defiende que se dote a estos órganos de más competencias

Dánae Pérez Perdomo

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 27 de junio 2025, 23:09

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La Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas celebró su 20 aniversario esta semana en la ciudad que la vio nacer, Las Palmas de Gran Canaria, con la adaptación de la norma canaria de consejos sociales a la ley orgánica del sistema universitario (LOSU) como telón de fondo. Su presidente, Antonio Abril, analiza esta, y otras cuestiones, en una entrevista.

–Usted afirma que los consejos sociales universitarios de Canarias son un ejemplo, ¿por qué?

–Canarias es un referente y no solo por ese proyecto en desarrollo y a punto de convertirse en ley. Desde siempre ha dado ejemplo de cooperación público-privada, el campo de acción donde juegan los consejos sociales, y sobre cómo hay que ejercer con capacidades y competencias reales esa función importante que tenemos los consejos: el control económico y presupuestario del rendimiento de los servicios de la universidad. Muchos otros consejos carecen de esas capacidades reales con las mismas competencias, porque no tienen acceso a la documentación económico y presupuestaria que se rinde como documento final, que se aprueba o no, porque el control interno de la universidad no depende de los consejos sociales, sino del rector. Una cuestión que el Tribunal de Cuentas y los consejos de cuentas de las autonomías denuncian, porque no es lógico que quien controla esos ingresos y gastos, controle el control de esos ingresos y gastos, es decir, no hay segmentación de funciones entre el ejercicio financiero y la evaluación del mismo. No ha pasado así en Canarias.

«Cuantos más medios tengamos, más vamos a acercar la universidad a la sociedad»

–¿Entiende las críticas a la modificación de la ley canaria de consejos sociales por parte de los rectores?

–Yo respeto mucho su opinión, pero toda la comunidad universitaria debemos tener claro que los consejos sociales son esenciales. Primero, para ese control y evaluación económico-financiera. Unos consejos sociales con capacidades y competencias reales hacen más transparente y le dan mejor rendición de cuentas a la universidad, legitimándola frente a la sociedad, a quien se debe y quien la financia, y haciéndola más excelente, que es lo que todos pretendemos. Y luego, porque en el ejercicio que hacemos de relación universidad-empresa, cuantos más medios, capacidades y competencias tengamos, vamos a ser más capaces de acercar la universidad a la sociedad. Uno de los grandes problemas que tiene este país es la excesiva distancia entre ciencia pública, sobre todo universidad, y la sociedad, las empresas. Esas reacciones, bueno, son un toma y daca entre quien realiza una función de control y quien trata de ajustarse lo menos posible a esa función de control. Pero a los consejos sociales no hay que verlos desde el punto de vista del control, sino desde el punto de vista de que somos órganos universitarios, somos universidad.

–¿Peligra la autonomía universitaria?

–Somos muy conscientes de que no podemos tocar la autonomía universitaria, que es libertad de investigación, libertad de cátedra y toda una serie de manifestaciones o la potestad de autorganizativa. Es evidente que no la vamos a tocar. En los modelos europeos de universidad hay un presidente de la parte social con capacidad de gestión y nadie en Europa dice que se afecte a la autonomía de las universidades por el hecho de que la sociedad esté más implicada, más responsabilizada, más comprometida y participe más en la gestión. Una sociedad más comprometida en España a través de los consejos sociales, porque no hay otra opción, es una sociedad que va a priorizar más la universidad y la va a financiar mejor. En fin, yo creo que los rectores se equivocan cuando le ponen límites a los consejos sociales.

–¿Qué opina de la proliferación de universidades privadas?

–A lo que tú llamas proliferación, yo llamo eclosión y es, probablemente, el hecho más relevante de la sociedad en la universidad española en el siglo XXI. Es un fenómeno complejo. En primer lugar, la Constitución Española reconoce el principio de libertad de empresa y creación de centros docentes. En segundo, no toda institución que transfiere conocimientos debe poder llamarse universidad. Hay que exigir unos requisitos mínimos, de calidad, que tienen que ser exigentes pero a la vez razonables. Creo que hay que encontrar un equilibrio adecuado. Pero hay un tema ahí muy importante y es que estamos cayendo en el error de intentar defender a las universidades públicas atacando a las privadas.

–¿Qué ventajas presenta la universidad privada frente a la pública?

–Las universidades privadas tienen más capacidad de gestión, más flexibilidad operativa, son capaces de adaptar más rápidamente su oferta de titulaciones a las demandas de formación reales del mercado, que en las universidades públicas cuesta mucho por razones de burocracia y de dificultad de funcionamiento. Trabajan, a su vez, más cerca de la empresa porque su configuración jurídica y operativa se lo permiten y hoy día la empleabilidad de nuestros egresados es un factor que tiene muchísimo valor. Está pasando algo parecido con la Formación Profesional, se está revalorizando, y eso es muy bueno.

«Hoy en día la empleabilidad de nuestros egresadostiene muchísimo valor»

–¿Cuáles son los principales retos que enfrentan los consejos sociales universitarios?

–Queremos cambiar estructuralmente la universidad, pues lo que hay no funciona. Que cambie lo que tradicionalmente se llama gobernanza universitaria, que es excesivamente corporativa y la corporatividad penaliza mucho la competitividad, y hoy necesitamos universidades muy competitivas. Otro reto es el desarrollo de leyes en las autonomías en base a la LOSU que permitan mejorar la conducción de los consejos sociales, que apuesten por estos órganos para hacer las universidades públicas más transparentes y modernas, para que puedan competir con las privadas. También, hay que hacer mucha investigación aplicada, a través del crecimiento y la mejora de la relación entre la ciencia pública y el sector productivo, entre otros desafíos.

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