OPE de secundaria

Opositores sin plaza en Educación llevan al Gobierno a los tribunales

12/03/2019

El colectivo que representa a docentes que aprobaron la OPE de secundaria en julio de 2018 presenta un recurso contencioso administrativo porque entiende conculcados sus derechos constitucionales. El Defensor del Pueblo urge por segunda vez al Ejecutivo canario a que le dé información sobre el caso.

El colectivo de Opositores y Profesores de Canarias, que representa a las más de 360 personas que aprobaron la oposición de Educación de julio de 2018 para profesorado de Secundaria, escuelas oficiales de idiomas y Formación Profesional, pero no se les asignó plaza, acaba de interponer un recurso contencioso administrativo contra el Gobierno de Canarias.

En opinión de una de las abogadas que representa al colectivo, Piedad Milicua, se trata de un recurso pionero que espera que su bufete gane pues «para acceder a la administración, tanto con carácter temporal como con carácter definitivo, la base son los principios de igualdad, mérito y capacidad y las listas que existen se basan en la antigüedad», en referencia a que con la oposición de julio no se movieron las listas de personal interino.

«¿Quiénes son los que han demostrado el mayor mérito y capacidad a través de un proceso de igualdad?», se preguntó Milicua: «Los que han aprobado el proceso selectivo. Este grupo ha aprobado y ni tienen plaza ni les quieren colocar en su lugar en las listas».

Ya el pasado agosto el colectivo de docentes que aprobó y no consiguió plaza estudiaba la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) asumiendo «todos los efectos, tanto los económicos como los administrativos», explicó en su momentos una de las portavoces e integrantes del grupo de opositores. La plataforma no quería llegar al TC sino «alcanzar un acuerdo», señaló, y han estado reuniéndose con sindicatos, partidos políticos, el Diputado del Común y distintos miembros del Gobierno canario. Pero a todas luces no ha servido de nada.

Por eso, el pasado jueves reunidos en asamblea en la capital grancanaria aprobaron por unanimidad presentar el recurso administrativo. «El colectivo de Opositores y Profesores de Canarias inició una lucha sin precedentes en las islas para que el Gobierno de Canarias, así como la Cámara regional, restituyera su derecho de acceso igualitario a la función pública», recuerdan desde el colectivo.

La abogada Piedad Milicua considera que pueden haber conculcado los artículos 23 y 103 de la Constitución española. El primero hace referencia a que la ciudadanía «tiene derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes». El segundo, a que «la ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones».

En este caso, el Gobierno canario no reordenó las listas tras las oposiciones de tal forma que, en palabras del colectivo, «quedaron blindadas, pudiendo solo ampliarse a continuación del último inscrito, relegando a los aprobados de la oposición al final de las listas incluso detrás de integrantes, que no interinos, que incluso no se han presentado o nunca han aprobado una oposición».

La negativa a reordenar las listas vino propiciada por una acuerdo impulsado por los sindicatos de enseñanza y que se plasmó en una disposición transitoria en los presupuestos. Eso significó que pese a superar la oposición.

«En la actual ley de presupuestos [2019] se ha tratado de restituir el derecho fundamental de acceso igualitario a la función pública de los aprobados de la oposición no seleccionados en 2018», por tanto, señalan el colectivo, «la disposición transitoria no contaba con la estimación favorable del Consejo Consultivo de Canarias».

No da información

Tras las oposiciones de 2018 y la negativa a reordenar las listas parte de las personas que opositaron y aprobaron se dirigieron al Defensor del Pueblo, la figura nacional del Diputado del Común para que investigara el caso. Hace unos días el Defensor del Pueblo dirigió un escrito a estas personas indicándoles que «por segunda vez» ha tenido que recordarle al Gobierno canario que debe «colaborar» y enviar la documentación que le solicita.