Un informe cifra en 53.000 euros la pérdida de poder adquisitivo del profesorado canario en 14 años
El sindicato STEC señala que «se tiene negociar un incremento salarial». También reclama la actualización de los sexenios y complementos
«En algún momento tendremos que plantarnos, decir 'basta', y reivindicar a la Consejería de Educación que se tiene que negociar un incremento salarial». Así lo manifestó este miércoles Emilio Armas, miembro del sindicato docente STEC-IC, tras denunciar en rueda de prensa la pérdida de poder adquisitivo del profesorado entre 2010 y 2024, basado en un informe de datos. Si las conversaciones no prosperan, no descartan las movilizaciones.
El sindicato cifró en 53.075 euros las pérdidas registradas por los docentes de Secundaria y de escuelas de idiomas y de arte con 13 años de antigüedad —el grupo más representativo—. Del importe total, 40.538,64 euros corresponden a los salarios mensuales y 12.536,37 a las pagas extra.
La «sangría» es mayor cuanto más años trabajados. Así, el profesorado con 35 años de experiencia ha perdido 69.099 euros en total, 51.660 en salarios mensuales y 17.439 en pagas extra.
En lo que respecta al profesorado del subgrupoA2, que incluye al cuerpo de maestros, maestros de taller de las escuelas de arte o profesores especialistas de sectores singulares de la formación profesional, las pérdidas totales con 13 años de antigüedad ascienden a 40.931 euros, 33.302 en salario y 7.628 en pagas extra. Con 35 años trabajados, superan los 52.000 euros.
El STEC atribuyó este fenómeno a la crisis financiera de 2008, cuando sus sueldos fueron congelados e, incluso, reducidos. Aunque se han producido aumentos de salario posteriores, Armas defiende que «no han subido al mismo ritmo que se ha ido encareciendo la vida, al mismo ritmo que el IPC».
Nombró como ejemplos el problema de la vivienda, con la dificultad añadida a su acceso en zonas tensionadas, o de desplazamiento, con lo que ello conlleva en un territorio fragmentado como es el archipiélago. Asimismo, hizo alusión a los altos precios del combustible.
Gerardo Rodríguez, también representante del sindicato, profundizó en aquellos complementos retributivos que dependen de la comunidad autónoma canaria. Algunos de ellos son los sexenios y los complementos por tutoría, por prevención de riesgos laborales o de convivencia.
Rodríguez puso de relieve que estos complementos «se empezaron a abonar tardísimo», en el año 2018, cuando otras autonomías los contemplaban «desde hacía décadas». Además, desde ese año «no se han actualizado».
El detonante fue la crisis financiera y las subidas posteriores no se ajustan al encarecimiento de la vida, según defienden
El portavoz del STEC reparó en que el complemento por tutoría es de 35 euros al mes, «con todo lo que significa llevar la tutoría, con la cantidad de burocracia y problemas educativos que existen», y destacó el caso de la coordinación de bienestar y de patrimonio, «que no tienen ingresos».
Sobre los sexenios, recriminó que no se cobren hasta el mes de enero, pese haberlo cumplido, por ejemplo, en junio. «Un profesor que cumple un sexenio en enero, no lo cobra hasta enero del año que viene. No nos parece justo que eso no se actualice ni corrija. Es hora de que Educación intervenga», expuso.
«Educación debería poner énfasis en dotar de medios más que en la autoridad»
El anuncio de la proposición de ley del reconocimiento de la autoridad docente no ha dejado indiferente los diferentes agentes de la comunidad educativa. El sindicato STEC es uno de los que la ha aplaudido, pero existen matices. Por un lado, Gerardo Rodríguez, uno de los representantes de STEC, la celebra y recuerda que once autonomías españolas ya cuentan con una norma similar. Lamenta las vejaciones a las que cada vez más docentes están siendo sometidos, pero también pone el foco en las «circunstancias sociales» del alumnado, que hay que «tener en cuenta» para poder ofrecerle una «educación integral y en valores».
«El 35% de la población canaria está en riesgo de pobreza y exclusión, y los menores son las principales víctimas, que absorben toda esa violencia y después la somatizan, naturalizan y devuelven», expone. «Queremos que se respete al profesorado, pero también al alumno, que tiene derecho a una educación», sintetiza.
Su compañero Emilio Armas cree que la Consejería de Educación yerra al poner el «énfasis»en «declaraciones institucionales sobre la autoridad docente, que no conducen a nada». A su juicio, esos esfuerzos deben ir dirigidos a dotar al profesorado de los «medios necesarios para poder realizar su labor de forma activa, algo en lo que está fallando».
Sobre la presunción de veracidad de la que goza el docente en el texto, recrimina que la Consejería es, muchas veces, «la que ni siquiera respeta la presunción de inocencia de un docente cuando es acusado injustamente».
