La falta de traslados en los conservatorios rompe familias
Al menos una veintena de docentes de música se ven abocados a trabajar en las plazas que ganaron por oposición en la península dejando atrás a hijos y padres
Preparar la mudanza a la península, buscar guardería para sus pequeños, hacerse a la idea de que van a tener que irse a trabajar lejos de su pareja o de sus hijos... En estas tareas están enfrascados estos días los profesores de los conservatorios de música con una plaza obtenida en otra comunidad que aspiraban a dar clase este curso cerca de los suyos, en Canarias, a través de un traslado en comisión de servicios.
Sus circunstancias personales, algunas muy difíciles, no han sido contempladas por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias que ni siquiera ha contestado a sus solicitudes presentadas el pasado marzo.
El 5 de agosto, con la adjudicación de las plazas docentes del nuevo curso académico, constataron lo que sospechaban: en septiembre tendrán que incorporarse a los puestos que ganaron en un concurso oposición que, en el caso de los conservatorios canarios, no se convoca desde hace 35 años. Esa circunstancia empujó a muchos docentes isleños a probar suerte fuera para convertirse en funcionarios con la convicción de que, a través de un concurso de traslados o comisión de servicios, podrían volver a las islas. Ahora, dicen, la Consejería está castigando su fe en la meritocracia.
David Muñoz es padre de un bebé de cuatro meses. En el curso 2023-2024, tomó posesión de su plaza como profesor del Conservatorio de Palencia. Le fastidia no poder ver crecer a su pequeño y estar lejos de su pareja, funcionaria en Las Palmas. «Lo que hemos intentado siempre es estar juntos», explica. Por eso, el profesor de tuba, residente en Canarias desde hace seis años, solicitó su traslado en comisión de servicios por reagrupación familiar y propuso un proyecto pedagógico de mejora del aula. «Dije; yo vengo, pero no solo para trabajar, sino para levantar el aula y con mi bagaje como formador de profesores en competencias digitales». A día de hoy, Muñoz aún espera la respuesta de la Consejería. «Ahora tendré que viajar todas las semanas para ver crecer a mi hijo o mi pareja tendrá que pedir una excedencia para venir conmigo a Palencia», explica atribulado.
El caso de Alexandra Cárdenes de Vera es distinto. «Soy canaria. Estudié aquí. Me formé fuera. Estuve en 2017 como interina. Y a partir de 2019 intenté sacarme la plaza. Como aquí no se convocaban oposiciones tuve que ir a cuatro oposiciones en diferentes sitios. Finalmente, la saqué en 2023, en Andalucía», relata. El curso pasado le concedieron la comisión de servicios por reagrupación familiar: su pareja trabaja como autónomo en Canarias, tiene un pequeño de cuatro años y cuida de su madre, con movilidad reducida e inmunodeprimida. Sin embargo, este año no le han prorrogado el traslado. «La situación es devastadora para mí», explica la profesora de Lenguaje Musical, angustiada por tener que trabajar este curso en Cádiz.
Vidas trastocadas
La misma desesperación invade a Irene Domingo, que ocupaba el servicio de repertorista del aula de saxofones durante los dos últimos cursos en el Conservatorio de Música de Las Palmas en comisión de servicios. Su plaza la obtuvo en 2021 en Almendralejo, en Extremadura, a donde tendrá que volver. Su pareja es funcionario en Gran Canaria. La vida se les ha complicado de un mes para otro.
«Tengo dos niños pequeños, una es un bebé de ocho meses en periodo de lactancia, con un permiso de lactancia aprobado hasta el 21 de noviembre del curso que viene y por la Dirección General de Personal de la Consejería de Educación. Ahora no se me renueva el traslado por comisión de servicios en mitad de este permiso de lactancia», señala Domingo, que no comprende por qué no se prorroga su traslado si sus alumnos y sus circunstancias familiares son las mismas. «¿Dónde están esas políticas de conciliación? ¿Dónde están las medidas para que no haya techo de cristal? ¿Por qué rechazan mi solicitud? ¿Por qué no aparecen en ningún sitio las causas por las que no se nos conceden o renuevan los traslados por comisión de servicios?», se cuestiona.
Estas mismas preguntas se las plantean otras 20 personas afectadas, reunidas en una plataforma, que piensan emprender medidas legales contra la Consejería de Educación para no volverse a ver en las mismas circunstancias el próximo curso.
Falta de transparencia
Desconocen cuántos docentes están en su misma situación porque, en el caso de los profesores de los conservatorios, no hay registros públicos de las solicitudes y su resolución. Lo que sí saben es que la gran mayoría de los docentes afectados son canarios que obtuvieron su plaza fuera o profesorado peninsular que ha echado raíces en las islas.
El colectivo entiende que en la adjudicación de destinos del curso 25/26 hay suficientes vacantes para ser ocupadas por funcionarios de carrera en comisiones de servicios. Sin embargo, la directora general de Personal y Formación del Profesorado de la Consejería de Educación, Mónica Ramírez, afirmó recientemente que no han podido acoger a estos funcionarios porque muchas vacantes han quedado cubiertas en el concurso de estabilización, no solo por personal canario, sino por profesorado de otras comunidades que obtuvieron plazas en Canarias. «No hay plantilla para tanta gente», concluyó.
Sin embargo, la denominada Plataforma Conservatorios Abiertos Canarias asegura que basta revisar las adjudicaciones de este curso en los conservatorios para comprobar que sí existen vacantes suficientes para los funcionarios que solicitaron una comisión de servicios.
Normativa, papel mojado
Además, los afectados advierten de que la Consejería canaria de Educación se está saltando sus propias normas, ya que en la instrucción para la adjudicación de las plazas se da prioridad a los funcionarios de carrera frente a los aspirantes de las listas de empleo.
«Estamos estudiando ya con nuestros abogados cada uno de los perfiles personales de los afectados y, sin duda, vamos a intentar ir al contencioso administrativo para que, por las vías legales, se imponga el ordenamiento jurídico normal que existe en todos los conservatorios de este país, excepto en Canarias», subrayan los docentes cuyas familias están a punto de verse divididas por una decisión discrecional que responde a criterios arbitrarios y, además, contrarios a la normativa.
