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Cristian Reino
Barcelona
Jueves, 9 de diciembre 2021, 11:31
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El Govern catalán ha convertido este jueves un pequeño centro educativo de Canet de Mar, en la provincia de Barcelona, en un símbolo de su defensa a ultranza de la inmersión lingüística en la escuela y su rechazo a las resoluciones judiciales, que ponen en cuestión el modelo catalán, que ignora el castellano como lengua vehicular en la enseñanza.
El consejero catalán de Educación, Josep González-Cambray, ha arropado al director y a la mayoría de los padres del centro educativo Turó del Drac, en Canet, que abogan por mantener el modelo en catalán sin tocar una coma. Esta escuela del Maresme tiene que aplicar a partir de hoy la sentencia judicial que le obliga a impartir en castellano el 25% de las clases para los alumnos de su clase de P5. Según el consejero, el centro «se ha adaptado» al fallo judicial, aunque a su juicio se trata de una «anomalía», pues en preescolar no tienen asignaturas como en la primaria y la secundaria. El centro, así, ha decidido que el castellano se impartirá tres tardes a la semana. El consejero ha criticado al TSJC por el hecho de que en la orden judicial se dirija directamente a la dirección del centro escolar y no a la Consejería, por lo que ha «impedido« al Govern »actuar« y »dar una respuesta». «Es un ataque intolerable que rechazamos», ha señalado a las puertas de la escuela. El consejero ha acudido al centro a «acompañar» a las familias que se oponen a la sentencia y que abogan por que el modelo lingüístico catalán se mantenga intacto. El sistema de inmersión, ha dicho, es un modelo de «éxito» y «garantiza la cohesión social». «En Cataluña no hay un problema con la lengua», ha afirmado.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictó una orden cautelar días atrás que obliga al centro a dar el 25% de la enseñanza en castellano en ese curso, a raíz de la denuncia de una familia de un niño de cinco años. La política catalana vuelve a encenderse de nuevo por la cuestión lingüística. El soberanismo llama a la insumisión ante lo que considera un nuevo ataque a la escuela catalana, que llegó día después de que el Tribunal Supremo ratificara una sentencia del TSJC que obliga a aplicar ese 25% a todos lo centros educativos.
Mientras, la familia que ha impulsado la vía judicial para conseguir ampliar las horas de castellano en la escuela de su hijo ha presentado un escrito dirigido al TSJC en el que reclama a la justicia que obligue a la Generalitat a garantizar la seguridad de su hijo, su intimidad e identidad y evitar la discriminación y el señalamiento del menor, según El Mundo. Los padres han sido víctimas de una campaña muy radical en las redes sociales. Un exprofesor de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Jaume Fàbrega, llegó a pedir que se «apedreara» la casa del alumno y a reclamar que la familia se marche de Cataluña. «No queremos supremacistas castellanos que nos odian«, escribió.
La asociación 'Hablamos español' interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Barcelona contra lo que considera una «campaña contra esta familia». «Hemos presentado denuncia ante la Fiscalía, solicitando al Ministerio Fiscal que proceda a investigar los hechos denunciados y que tras identificar a los autores de los tuits que incitan a la violencia y odio se proceda contra sus responsables», informó esta entidad. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha señalado este jueves que el Gobierno analizará los expedientes para «ver qué ha pasado». «No tenemos conocimiento exactamente. Hay que ver los expedientes y ver qué ha pasado primero, pero desde luego todo nuestro apoyo a la familia», según la ministra.
La cuestión de la lengua marca la agenda política en Cataluña. El líder del PSC, Salvador Illa, ha defendido que ofrecer el 25% de la enseñanza en castellano «no es ir contra el catalán, es cumplir con las resoluciones judiciales». «Y sigue garantizando que el catalán sea el centro de gravedad en el sistema educativo de Catalunya y se garantiza que todos los alumnos, al finalizar la etapa obligatoria, dominan ambas lenguas», ha asegurado TVE. Ciudadanos ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo y le pide que obligue al cumplimiento de la sentencia que garantiza un 25% de enseñanza en castellano.
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