EFE

La 'ley Celaá' necesitará tres cursos para implantar sus principales reformas

Los cambios en la admisión de alumnos están ya en vigor, el Bachillerato se podrá aprobar con un suspenso desde septiembre, y hasta 2022 no se cursará 'Educación en Valores'

Alfonso Torices
ALFONSO TORICES Madrid

La 'ley Celaá', la reforma educativa que ha partido en dos al Parlamento y que ha puesto en pie de guerra a la escuela concertada, está en vigor desde este martes, justo 20 días después de que fuese publicada en el BOE. Sin embargo, son solo un puñado los artículos y disposiciones que introducen cambios de aplicación inmediata en las escuelas e institutos. El grueso de la reforma se implantará entre el próximo curso y los dos siguientes, hasta el 2023-2024. Siempre, claro, que no haya un adelanto electoral con cambio de mayoría política -el PP prometió que tumbará la Lomloe en cuento pueda- o que el Tribunal Constitucional acepte antes alguna de las impugnaciones a la ley que PP, Ciudadanos y Vox van a plantear en breve en sendos recursos de inconstitucionalidad.

El ministerio que dirige Isabel Celaá ya ha comenzado a elaborar un calendario concreto y detallado para la aplicación escalonada de la reforma, que empezará a discutir con las autonomías en una inminente conferencia sectorial, pues serán las consejerías de Educación quienes deban ejecutar muchas de las modificaciones legislativas, según avanzaron fuentes gubernamentales.

En esta tarea, sin embargo, no parece que vaya a contar con la colaboración de las comunidades gobernadas por el PP, pues el propio Pablo Casado explicó que protagonizarán una estrategia dirigida a obstruir la implantación de la Lomloe. De hecho, algunas, como Madrid, Murcia o Galicia, dieron en diciembre pasos para retrasar polémicos aspectos de la norma que este martes han entrado en vigor y para regirse, al menos este año, por la 'ley Wert'. Aceleraron la puesta en marcha de los procesos de escolarización para el curso 2021-2022, los expedientes de cesión de terrenos públicos para centros privados, o prorrogaron la duración de sus acuerdos con los centros concertados.

Lo hicieron porque, para las autonomías que este martes no hayan iniciado estos procesos, uno de los bloques directamente aplicables son los cambios en el proceso de admisión de alumnos, con el final de la «demanda social» y de los distritos únicos que facilitaban la ampliación de plazas en la concertada, la prioridad de entrada a los centros elegidos por cercanía y renta, o la creación de comisiones de escolarización con el encargo de evitar la segregación escolar con un equilibrio de alumnos con necesidades de apoyo -vulnerables, discapacitados o migrantes- entre centros públicos y privados.

También estaría ya en vigor la prohibición de cerrar prórrogas o nuevos conciertos con centros que segregan por sexos, de ceder terreno público a la privada, el aumento del control sobre cuotas no voluntarias cobradas por la concertada, o la vacuna contra el 'pin parental' de Vox con la declaración de gratuitas -y por lo tanto obligatorias- de todas las actividades complementarias.

La entrada en vigor de la Lomloe permite ya la recuperación de competencias y de poder de profesores, padres y alumnos en los Consejos Escolares, donde volverán a ser mayoría para designar al director -que deberá realizar un curso formativo para presentarse- y, de nuevo, serán quienes aprueben el proyecto educativo y la programación del centro.

Nuevo currículo, en 2022

Según el calendario de aplicación que la disposición final 5ª de la ley avanza a grandes rasgos, será ya en el próximo curso, el que se inicia en septiembre, cuando entrarán en vigor todas las medidas dispuestas para convertir la repetición de curso en algo «excepcional» - máximo de dos repeticiones de los 6 a los 16 años, posibilidad de pasar de curso en ESO sin límite de suspensos, planes de refuerzo individualizados-, y los cambios en la titulación, como que la simple graduación en ESO o FP Básica habilita para acceder tanto a Bachillerato como FP media, o la posibilidad de sacar Bachillerato con un suspenso.

A la espera de que ministerio y autonomías afinen más el calendario, el curso 2022-23 sería en el que se comenzaría a aplicar los cambios en el currículo -con el fin de actualizarlo, aligerarlo y hacerlo menos memorístico y más práctico- y la reforma de la organización de los distintos niveles educativos. Los cambios empezarían en los cursos impares de Primaria, ESO, FP Básica y Bachillerato y se completarían, en los pares, en el curso siguiente.

Entre las modificaciones previstas para antes de que finalice el curso 2023-24 estarían la vuelta a los tres ciclos -de dos años cada uno- en Primaria, al final de los itinerarios en la ESO, y la implantación del cuarto modelo de Bachillerato -el General- y la posibilidad de completar estos estudios en tres años para los alumnos amenazados por el fracaso escolar. También, salvo que haya modificaciones, serían los cursos en que Religión pasaría a ser una asignatura sin calificación para la nota media, en que se implantaría en Primaria y ESO la materia de Educación en Valores Cívicos y Éticos, o cuando Historia de la Filosofía volvería a ser obligatoria en segundo de Bachillerato. En 2024 se estrenaría el nuevo formato de la selectividad y esa primavera se realizarían las primeras evaluaciones de diagnóstico en 4º de Primaria y en 2º de la ESO.

La ley también prevé, sin fecha, el aumento de las plazas públicas de primer ciclo de Educación Infantil para poder universalizar este nivel educativo; emplaza a las administraciones educativas a elaborar en un año una nueva regulación de la formación inicial del profesorado y de su carrera profesional; y dice que Ministerio y autonomías deben diseñar un plan con el objetivo de que el plazo de diez años aumente la inscripción de alumnos con discapacidad en centros ordinarios, que deberá incluir los medios humanos y materiales para que este proceso sea posible.