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Europa Press / Las Palmas de Gran Canaria
Viernes, 2 de agosto 2019, 08:08
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Europa Press / Santa Cruz de Tenerife
El Gobierno de Canarias espera una aclaración judicial para saber si una sentencia generada por una reclamación en un proceso de empleo público implica la suspensión de las bases de 17 procesos en curso que afectan en torno a 15.000 personas. «No se paraliza, sino que se aplaza el plazo máximo para resolver [estos procesos]. Lo que ha ocurrido es que un juzgado, a consecuencia de una discusión de legalidad de uno de los procesos, ha dictaminado que anula las bases de todos los procedimientos», reconoció el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, que ejerció ayer como portavoz del Ejecutivo en la habitual rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Se trata, en concreto, de una demanda sobre la oposición al cuerpo general de la escala de arquitectos e ingenieros. «[El Tribunal] ha considerado que las bases de ese procedimiento no eran legales, pero en sentencia anula las bases para todos los procedimientos selectivos. Como ese no era el objeto del pleito, el departamento jurídico de la Comunidad Autónoma ha solicitado una aclaración», detalló.
La sentencia, además, no es firme y puede recurrirse, algo que no se hará hasta saber si incurre nulidad en las bases de uno o de todos los procesos. «El Gobierno de Canarias va a estar encima para tratar de minimizar el impacto en el resto de procedimientos», incidió el consejero, para reconocer que se trata de una «noticia inesperada» y, desde luego, «no es cómoda» por la preocupación de los opositores y las «consecuencias de un recurso».
El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó el miércoles la decisión de la Dirección General de la Función Pública, de «aplazar» el plazo máximo para resolver los 17 procesos de selección que están en curso. Esta decisión fue adoptada después de del fallo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por el sistema de concurso-oposición utilizado en los procesos selectivos, ya que, indica, la ley dicta que sea solo por oposición. El consejero Julio Pérez explicó ayer que ya se han pedido las aclaraciones al Tribunal pero indicó que estas convocatorias no se han paralizado.
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