La falta de consenso cuestiona la 'ley Celaá'

La nueva ley, que va camino del Senado para completar su tramitación, afrontará su andadura con la posibilidad de ser derrotada por la vía de los hechos. Las comunidades y ayuntamientos regidos por los populares están dispuestos a condicionarla mediante órdenes y decretos, además de pedir firmas para su retirada. La oposición irá más allá y recurrirá el texto ante el Constitucional al entender que es fruto de la «imposición soberanista».

La norma educativa, que será la octava de la democracia, regulará la enseñanza de 8,2 millones alumnos de los niveles no universitarios. «Supone un gran cambio con la actitud del PSOE en otras épocas, como en el mandato de Ángel Gabilondo, quien hizo mucho hincapié en la necesidad de conseguir un gran pacto escolar y lo intentó en serio. Lo de ahora es un error, porque la educación es un sector estratégico que requiere la convocatoria, para su debate previo, de los consejos escolares y de los colegios de doctores y licenciados. Es una ley que supongo caerá cuando haya un cambio de partido», aseguró el presidente de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, Alfonso Bullón de Mendoza.

El proyecto sustituirá a la Lomce, de 2013, la ley del exministro José Ignacio Wert, que tampoco concitó adhesiones amplias, pues se aprobó con los únicos votos de la mayoría del PP. Las leyes educativas tardan en ver plasmados sus efectos en la vida diaria de los centros escolares; su impacto es gradual y lento, por lo que no cabe incurrir ni en el júbilo triunfalista ni en los discursos apocalípticos. Al menos esa es la opinión de Lucas Gortázar, consultor del Banco Mundial y experto educativo de Esade.

A su entender, en medio de todo el marasmo ideológico está la previsible caída de alumnos que se producirá en la próxima década, «lo que hace todo más difícil». «Habrá menos puestos de trabajo y una competencia más feroz por mantener el 'statu quo'. Si esta ley pretende volver a ser más exigente con la escuela concertada, que obviamente no va a desaparecer, los centros con conciertos plantearán una batalla ideológica legítima. Se ha expuesto todo en términos de libertad e igualdad, y algo de eso hay, pero no es ese el meollo», remacha Gortázar.

La Lomce, la ley aún vigente que se pretende derogar, no ayudó a mejorar los resultados de aprendizaje ni contribuyó a la reducción del abandono escolar temprano, que empezó a decaer de verdad cuando la recesión golpeó de manera muy dura. Muchos jóvenes prefirieron continuar los estudios que integrarse en un mercado laboral hostil. En lo que coinciden varios expertos es en que la repetición de curso, decisión de la que se ha abusado en España, es una medida «injusta, cara e ineficaz», asegura Luis Lizasoain, profesor de Métodos de Investigación en Educación en la Universidad del País Vasco. Para Lizasoain, por mucho que se empeñen los políticos, la evaluación de los estudiantes españoles conforme a los criterios del informe PISA nunca va a obtener buenos resultados. Y ocurrirá así por una razón muy sencilla. «PISA evalúa a los alumnos de 15 años y, a esa edad, el 33% de ellos al menos arrastra ya un curso de retraso», destaca.

Abordar el problema del retraso escolar al acabar la ESO, cuando la repetición empieza a producirse en Primaria, se antoja una labor imposible. «La solución está en la detección e intervención temprana de profesionales muy bien preparados y motivados», alega el especialista.

La 'ley Celaá' ha crispado a las fuerzas políticas en asuntos como la lengua vehicular en las escuelas, la Religión, la red concertada y la educación especial. Miguel Ángel Sancho, presidente de la Fundación Sociedad y Educación, pronostica que la norma tendrá «serios problemas» desde el punto de vista jurídico. «Las enmiendas de Unidas Podemos que se han añadido a posteriori alteran el equilibrio y el consenso constitucional en torno al derecho a la educación. Hay un sesgo ideológico clarísimo en orden a configurar otro modelo educativo, al considerar la red concertada subsidiaria de la pública», argumenta Sancho.

El empeño incesante en que cada gobierno de turno se dote de su propia ley educativa es visto con cierta sorna y mucho escepticismo por Julio Carabaña, catedrático jubilado de Sociología de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Para el sociólogo, el poder de una ley para cambiar las cosas en un país en que las competencias educativas están transferidas es muy dudoso. Pone como ejemplo la inmersión lingüística en Cataluña, donde la Generalitat «siempre ha hecho lo que ha querido». Pero es que, además, «las leyes educativas sirven sobre todo para cohesionar ideológicamente al partido y su electorado».

Según Laura Martín, directora del grado en Educación Infantil y Primaria de la Universidad Francisco de Vitoria, es preciso dar mayor importancia a la atención a la diversidad en la formación inicial del profesorado para combatir el fracaso escolar. «Deberíamos ponernos de acuerdo en la formación que todo el profesorado debería de recibir. En la ley se aboga por la inclusión educativa, pero hemos de propiciarla. Se da la paradoja de que el sistema falla con chicos que tienen grandes capacidades y una cognición alta», asevera Martín.