«¿Por qué le vamos a dar la presunción de veracidad al docente, a cuántos hemos apaleado las familias?»

La presidenta de la Federación de Ampas de Gran Canaria-Fapa Galdós, Marián Álvarez, ha denunciado este viernes en el Parlamento los obstáculos que impone el sistema educativo a la participación de los padres y de las madres, y ha asegurado que la situación llega al punto de que hay familias que no participan de forma crítica porque tienen miedo a represalias contra sus hijos.

Marián Álvarez ha comparecido a petición de Nueva Canarias en la comisión de educación del Parlamento de Canarias, donde ha expuesto la resistencia que hay a que los padres y las madres puedan participar de forma real en la vida de los centros y ha propuesto a los grupos políticos que aprueben un estatuto específico, un marco legal que proteja y fomente esa participación de las familias.

La presidenta de las Asociaciones de Padres y Madres (Ampas) de Gran Canaria-Fapa Galdós ha criticado además a CC, PP, ASG y AHI por «criminalizar» a las familias y a los estudiantes, al promover una proposición de ley de reconocimiento de la autoridad del profesorado en la que se da presunción de veracidad a los docentes en caso de conflictos en el aula.

Se promueve una ley que criminaliza al alumnado y a las familias sin dar voz a los padres y a las madres y «sin contar con una base estadística rigurosa», sin datos, hablando de «las palizas que las familias damos a los docentes».

«¿Alguien se ha leído los derechos del niño, por qué le vamos a dar la presunción de veracidad al docente, a cuántos equipos docentes hemos apaleado las familias?», ha preguntado a los grupos parlamentarios.

Ha admitido que puede haber algún caso, igual que también «hay algún docente que insulta a un alumno, que empuja o que zarandea», y no por eso «hemos pedido la presunción de veracidad para el alumnado».

«Traigan los casos, dennos los datos y después si quieren, nosotros sacamos una estadística de abusos sexuales a menores en la escuela, de agresiones a menores en la escuela», ha retado la representante de las Ampas a los diputados, a quienes ha pedido que no «echen a pelear» a la comunidad educativa.

En su intervención, la representante de las familias ha denunciado además «situaciones preocupantes» en las aulas, como la entrada de la policía en un colegio de educación infantil y primaria para llevarse a un alumno con necesidades educativas especiales en aplicación del protocolo de convivencia, la existencia de castigos generales a clases enteras, «en los que pagan justos por pecadores», o lo castigos que privan a los niños del recreo.

En cuanto a la participación de las familias en los sistemas de enseñanza ha reiterado que está en riesgo y no por voluntad de los padres y las madres.

«Hay una idea generalizada en la comunidad escolar» de que la función de las Ampas es «echar una mano en el acompañamiento de las actividades extraescolares» o ejercer como «mano de obra no cualificada», ha denunciado Marián Álvarez, para quien en líneas generales «el sistema es reacio e impermeable a la participación verdadera de las familias».

«El espíritu crítico de las familias no tiene cabida en la escuela canaria, tener un criterio distinto es interpretado como ser una madre o un padre problemático», ha afirmado.

Para la representante de las madres y los padres muchos equipos directivos se saben impunes, porque la Inspección Educativa es «completamente corporativista» y no actúa con objetividad ni imparcialidad, así que «no hay nadie que pueda hacer nada contra ellos».

«Desde el punto de vista de la familia, hay abuso de poder, actuaciones arbitrarias e injustas y el silencio administrativo es su principal aliado», ha subrayado, y ha afirmado que las Ampas no quieren «luchar cada centímetro de participación democrática» para darse «contra un muro de corporativismo».

También ha denunciado la indefensión de estas asociaciones para pleitear judicialmente por sus derechos porque tienen que poner el dinero de su bolsillo.

Marián Álvarez ha asegurado que si las Ampas fueran entidades de derecho público para poder tener asistencia jurídica gratuita cambiarían las cosas, pero el Ministerio ha rechazado esa posibilidad.

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