El Govern tratará de blindar la inmersión lingüística con una ofensiva legislativa

Aragonès tenía previsto convocar también a los partidos, pero finalmente optó por reunirse únicamente con las entidades de la comunidad escolar. Aragonès quería escenificar que es el ejecutivo quien lidera la respuesta al TSJC y al Supremo. Quería visualizar también un amplio consenso social al modelo catalán, pero la ausencia de las formaciones políticas dejó algo cojo su objetivo.

Acompañado por el vicepresidente del Govern, el consejero de Educación y la consejera de Investigación y Universidades, el dirigente republicano anunció que tiene previsto poner en marcha una «ofensiva legislativa» con la que tratará de «blindar» la inmersión lingüística. El Govern, en aquellas aulas o centro afectados por sentencias que obligan a aplicar el 25%, incrementará el número de docentes para «preservar los proyectos lingüísticos de cada centro», según anunció Aragonès al final de la reunión. No aclaró si acatará los fallos. Y obvió que la sentencia del TSJC afecta a todos las escuelas. Además, dio la orden al cuerpo de inspectores educativos para que intensifiquen la supervisión del cumplimiento de los proyectos lingüísticos de los centros y que se garantice por tanto el uso del catalán en las aulas. Aragonès llamó asimismo a manifestare este sábado a favor de la inmersión.

Al mismo tiempo, las plataformas que abogan por el bilingüismo dieron a conocer datos sobre el efecto que ha provocado el caso de Canet de Mar. En solo un mes, la Asamblea por una Escuela Bilingüe ha recibido sesenta peticiones de padres para iniciar los trámites para que sus hijos puedan ser escolarizados en castellano y en catalán, como en Canet, en que el TSJC ordenó al Govern a que imparta el 25% de las clases en español en una clase de P5 del centro Turó del Drac. Una sesentena es una cifra modesta respecto al conjunto de la comunidad educativa catalana, que tiene millón y medio de alumnos. Pero es significativa, teniendo en cuenta que desde 2005, según datos de la Generalitat, son 80 las familias que han reclamado una escolarización en la que no solo el catalán sea la lengua vehicular.

Las plataformas que defienden el bilingüismo hablan de «rosario» de peticiones y afirman que Canet ha supuesto un punto de inflexión, porque empieza, a su juicio, a «romperse la espiral de silencio» de las familias para defender sus derechos. En este sentido, todas estas entidades se han agrupado bajo un mismo paraguas, Escuela de Todos, desde la que han puesto en marcha una campaña, con el objetivo de impulsar un recurso judicial colectivo, de familias con hijos escolares, contra el consejero de Educación de la Generalitat, Josep González-Cambray, para reclamar a la justicia la ejecución de la sentencia del TSJC, de hace un año, y ratificada por el Supremo hace un mes, que obliga a la Generalitat a impartir el 25% de las clases en castellano.