Canarias reclama tener voz en la reforma de la profesión docente

La mitad del camino, considera el viceconsejero de Educación y Universidades, David Pérez-Dionis, «ya está recorrido» y recuerda que la propuesta que a principios de año hizo Canarias, como la comunidad encargada de diseñar el modelo estatal de acceso a la profesión docente en la Conferencia Sectorial de Educación (el órgano que reúne a las consejerías y el Ministerio de Educación), «se parece mucho a la de la minstra», pues contemplaba un cambio del sistema de acceso a la profesión docente, con un MIR educativo y varias modificaciones en las oposiciones. En ese órgano es a donde Celaá, según el viceconsejero, debe llevar el modelo que esbozó.

Pedro Crespo, presidente de ANPE Canarias, Emilio Armas, portavoz del STEC, y José Ramón Barroso, secretario de la Federación de Enseñanza de CCOO Canarias, también exigen a la ministra «sentarse» con los representantes de los trabajadores y llevar su propuesta «al ámbito de una negociación global» en el seno de la Mesa Sectorial de Educación. Cada sindicato plantea, eso sí, de manera diferente cómo abordar el «cambio integral» ideado por la ministra para renovar el acceso a los estudios, al trabajo y a la carrera profesional.

El Ministerio no dice qué va a pasar con las oposiciones, pero sí habla de un período de prácticas tipo MIR con un acompañamiento inicial del maestro y también de una evaluación en la carrera profesional.

Las pinceladas dadas por Celaá se parecen, como dice Pérez-Dionis, a la propuesta canaria, que planteaba un MIR educativo, de manera que, superado el grado de primaria o el máster de secundaria, los aspirantes a dar clases tendrían que hacer un examen para acceder a dos años de práctica antes del acceso definitivo a la plaza.

Los sindicatos ven «poco concreto» lo planteado por Celaá, dice Pédro Crespo, que critica que se estén lanzando siempre «globos sonda» y no se haga el esfuerzo de «sentarse a negociar y fraguar un pacto» como el que estuvo a punto de firmarse con el anterior Gobierno este mismo año. José Manuel Barroso va más atrás en el tiempo, hasta 2007, y pide que se tome como punto de partida, actualizándolo, eso sí, el borrador del Estatuto del Funcionario Docente que estuvo a punto de aprobarse y que tocaba todos los aspectos de la vida docente, desde la formación inicial, las titulaciones y el tipo de acceso hasta la movilidad del profesorado o la jubilación.

Emilio Armas advierte de que «no se pueden lanzar propuestas sin concretar», como a su juicio hace la ministra, a la que acusa de «desviar la atención de las verdaderas carencias del sistema educativo, carente de herramientas y de medios, para poner el foco en el profesorado» y se pregunta «¿cómo se va a evaluar a los profesores si no pueden ni trabajar en condiciones?». Hay que «ir al fondo», invita Armas, y «abordar los recortes, por una ley regresiva como la Lomce y empezar por un sistema de acceso que no sea injusto y desfasado como el actual», sostiene.

David Pérez-Dionis es cauto respecto a la propuesta de la ministra Isabel Celaá, «porque no se sabe qué recorrido tendrá», pero se muestra esperanzado en que en la próxima Conferencia Sectorial de Educación, y la Comisión General que previamente convocará la Secretaría de Estado de Educación (donde se sientan los viceconsejeros autonómicos) antes de Navidad les concreten los cambios previstos y se abra la negociación.