El British School readmite a Pedro al pagar sus padres un profesor de apoyo

El pacto lo suscribieron ante el magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia número 10 de Las Palmas de Gran Canaria y el Ministerio Fiscal, representado por Rosa Rubio, durante una vista de medidas cautelares celebrada este miércoles. En la misma, los letrados de la familia de Pedro y del colegio acordaron ante la autoridad judicial la reincorporación el lunes a la actividad lectiva del menor con la obligación de los padres de costear el sueldo de un profesor de apoyo que estará a su lado durante toda la jornada lectiva. Por este servicio tendrán que pagar 27.000 euros solo este curso, una cantidad que la entidad les cobrará en los recibos mensuales.

Además, la familia se comprometió a que el niño de 12 años solo estará matriculado en el colegio este ejercicio ya que el siguiente se trasladará a un centro especializado en Madrid por decisión del propio menor.

El caso de Pedro se hizo público después de que el pasado 30 de agosto, un día antes del inicio del curso, su familia recibió un correo electrónico del Colegio Británico de Gran Canaria comunicándole que la matrícula de su hijo había quedado suspendida. «Lo que tenía que ser la vuelta al cole fue una vuelta a casa», lamentó la madre Jane Báez que, desde entonces, tuvo a su hijo perdiendo el ritmo del curso, entristecido y con un agravamiento de su salud mental. De hecho, el niño escribió una carta en la que confesaba que su expulsión de las aulas le empujó a pensar en «escapar de este universo» suicidándose o «viviendo toda su vida» en un videojuego.

Por este motivo y ante la negativa en rotundo del centro escolar de reincorporarlo alegando que no tenían medios para atender al menor, Jane Báez recurrió al letrado Antonio Hernández para interponer una demanda por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales.

Este miércoles el titular del Juzgado de Primera Instancia número 10 señaló de forma urgente la vista de medidas cautelares atendiendo a la especial sensibilidad del asunto y emplazó a las partes a alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambos.

El letrado del colegio, Alejandro Peñafiel, señaló que estaban «dolidos y afectados a nivel reputacional» y advirtió que el centro no tenía «las condiciones para poder cubrir las necesidades de ese niño que tiene unos trastornos determinados».

En respuesta a esa afirmación, la fiscal Rosa Rubio recordó al abogado que había «que tomar una decisión hoy porque la única realidad es que el niño, a 11 de octubre, está sin escolarizar». Un planteamiento que fue refrendado por la representación legal de la madre de Pedro, quien añadió que «el problema solo es este curso porque el año que viene el niño no estará en el British School», dijo.

Su señoría fue tajante al advertir a las partes que había que «buscar un acuerdo», señalando al letrado del centro que «usted habla de que el niño tiene problemas, pero imagino que la educación en su globalidad es compleja en todos los supuestos, no solo en el caso de Pedro, por lo que estamos aquí para encontrar una solución. Incluso, desde la óptica reputacional a la que usted alude –en referencia a lo manifestado por el abogado– a lo mejor les interesará buscar una solución cuanto antes», expuso, para que así el colegio no siguiera recibiendo golpes mediáticos en futuros juicios.

De esta forma, ambas partes plantearon la posibilidad de que el niño tuviera un profesor de apoyo durante toda la jornada lectiva este curso, que sería costeado por sus padres. Tras consultarlo con los responsables del British School que esperaban fuera de la sala, su letrado informó de que «el director no tiene problema y acepta la propuesta de que la familia pague la factura ya que ese profesor lo pondrá el colegio». Paradójicamente, el mismo centro que alegó no tener medios para atender al colegial, minutos después afirmó contar con personal «no especializado pero que puede atender sus necesidades sin problema. Le ayudará si tiene problemas de comprensión o de algún otro tipo», dijo, previo paso por caja de sus padres.

La solución tendrá un coste para la familia del estudiante por los meses que quedan de curso de 27.000 euros, como así les plantearon los responsables del colegio a la madre de Pedro. También exigió el British School que un psicopedagogo asista a Pedro por las tardes y que informe al centro acerca de las pautas a seguir con él.

Así, la parte actora desistió de las medidas cautelares sin imposición de costas.

Ahora, el colegio tendrá que reincorporar a Pedro el próximo lunes 16, aunque el letrado del centro pidió «tiempo para poder organizarnos». Esta solicitud encontró la respuesta tajante del magistrado, que no tuvo dudas a la hora de contestarle que el centro tenía tiempo suficiente y que todos, desde el propio juzgado, la Fiscalía y las partes, habían hecho un esfuerzo convocando de forma urgente esta vista, por lo que ahora la parte demandada tenía que hacer lo propio y reincorporar al menor el día señalado, sin excusas.

De esta forma, acaba un mal sueño para un niño de 12 años que pudo incluso cumplir su ilusión –cuando acabó la vista– de entrar en la sala y ponerse la toga del juez, aunque dejó claro que él quería ser físico.