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Docentes, madres y adjuntas de taller este jueves en la sede de CANARIAS7. ARCADIO SUÁREZ
Aulas Enclave: la difícil convivencia entre lo público y lo privado
Educación

Aulas Enclave: la difícil convivencia entre lo público y lo privado

Denuncia. Un grupo de madres y docentes reclama a Educación que asuma a las adjuntas de taller como personal propio

Luisa del Rosario

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 3 de febrero 2025, 01:00

El sistema público de enseñanza en Canarias cuenta con más de 300 aulas Enclave, unidades de escolarización en centros educativos ordinarios, para alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE), esto es, « que requiere de adaptaciones que se apartan significativamente del currículo en la mayor parte o en todas las áreas o materias, y que precisan de la utilización de recursos extraordinarios de difícil generalización», según la definición de la Consejería de Educación. En ellas, además del alumnado, conviven docentes y auxiliares, en la etapa de Primaria, o adjuntas de taller, en Secundaria. Pero muchas de estas últimas, mayoritariamente mujeres, no forman parte de la comunidad educativa. Son personal de una empresa privada, en concreto Aeromédica, que tiene prolongada la adjudicación del servicio.

Sentencias a favor

Algunas de estas trabajadoras han logrado en distintos procesos judiciales que Educación las integre como personal laboral. Una de ellas, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias del pasado mes de octubre, aprecia «cesión ilegal de trabajadores» y recoge que en el juicio «quedó probado» que la adjunta de taller «trabajaba en un centro de la Consejería de Educación, coordinándose con el tutor del aula enclave, bajo las directrices del equipo educativo del centro, para poner en marcha la programación que marca la Consejería de Educación; elabora la programación del aula taller, ejecuta los programas, evalúa las actividades, etcétera, usando para ello los medios materiales facilitados por la Consejería o los propios alumnos, recibiendo instrucciones de las coordinadoras de los centros educativos y coordinándose con el personal del centro docente».

Este reconocimiento ha hecho que las condiciones cambien y se tensionen las relaciones. Y es lo que denuncia un grupo de madres, docentes y adjuntas de taller aunque evitando dar sus nombres e incluso poner su cara por las posibles «represalias» con las trabajadoras.

Una coordinación imposible

Las adjuntas, dice una profesora de aula Enclave, «no pueden hablar con las familias» y en la atención al alumnado con necesidades específicas de atención es fundamental. «Hay directores de centro que ni las saludan», asegura otra explicando que es una forma de eludir la «relación laboral». Pero lo cierto es que estas profesionales trabajan en los centros educativos públicos compartiendo aula con las docentes, e incluso llegan a quedarse solas con el alumnado, aunque eso «no aparece en el eKade, las familias no lo ven», explica otra en referencia a la plataforma en la que se recogen las comunicaciones, incidencias y expediente del alumnado y a la que tienen acceso también las familias.

En la teoría que se ha impuesto, la docente no puede coordinarse con la adjunta, explican, porque eso revelaría una relación cuanto menos curiosa: personal de Educación se coordina con personal de una empresa privada para realizar un trabajo en un centro público. Pero «es absolutamente necesaria esa colaboración», exponen. «Entre las funciones de la adjunta está el estar en contacto con las familias, programar, evaluar... Pero el l año pasado recibimos una notificación diciendo que no tenemos que tener trato con la adjunta», asegura una docente.

«En el horario escolar no podemos programar juntas porque no tenemos un espacio horario para coordinarnos, ni para recibir a los padres, ellas [en referencia a las adjuntas de taller] no pueden hablar con ellos, no pueden puede colaborar contigo en las actividades complementarias», dice otra con una visible expresión de impotencia.

El plan de trabajo del aula lo establece la docente, explica una profesora, «la adjunta va a hacer el taller que yo he programado. ¿Cómo lo va a hacer si no conoce a los niños y niñas?» se pregunta otra apuntando también a los cambios de adjunta en las clases durante el curso, lo que condiciona la marcha del aula. «Están empeñados en que trabajamos por separado, pero eso es inviable», abunda.

El seguro no les cubre las actividades fuera del aula

Las docentes y adjuntas que hablan ponen varios ejemplos de operatividad que no entienden. Si se programa una salida con el alumnado, como «ir a la playa de Las Canteras», la adjunta va con la clase «pero no se puede meter en el agua», porque esa actividad no la tiene cubierta por el seguro comenta una de las docentes. Esto implica que una sola persona se tiene que hacer cargo de los seis u ocho alumnos que acudan a esa salida, alumnado con discapacidad que requiere una atención especial. Y así con todas las demás actividades fuera del centro. De hecho, comenta otra, no han podido optar a la oferta que hacen muchos ayuntamientos de actividades escolares por esto mismo. «Nosotros hacemos viajes, Erasmus, proyectos de acampada... La clase que tiene adjunta de la Consejería de Educación sí puede hacerlas, pero las otras no».

La adjunta de taller también tiene negado «hacer patio», es decir, estar al tanto de los chicos y chicas durante el recreo. «Esta función la tiene la Consejería de Educación en su pliego pero Aeromédica la quita», dicen.

Además, dicen que si la adjunta llama la atención sobre estas malas condiciones la cambian de centro, con lo que tienen que enviar a otra en medio del curso. «La Consejería de Educación tiene que meter mano en este asunto», reclaman.

Aulas Enclave con diferentes condiciones

Muchas de estas trabajadoras llevan encadenando contratos más de una década. Son «fijas discontinuas» que cobran «sueldos irrisorios» de 800 euros, salvo septiembre y junio, que como no hay case el mes completo se quedan en 500 euros. «Unas aulas Enclave cuentan con adjuntas de taller de la Consejería de Educación y otras con adjuntas de una empresa privado» con lo que «la calidad de la enseñanza no es la misma», dice otra docente si se avienen a lo que pretende la empresa, que no tengan contacto laboral salvo la coincidencia física en el aula.

Impacto en los chicos y chicas

A las familias también les afecta esta situación porque tiene repercusiones directas en sus hijos e hijas. Una madre lo expresa claro: «¿Si está dando una taller a mi hija cómo no voy a poder hablar con ella?».

También los cambios afectan al alumnado. «Nuestros niños son de rutinas. Cuando cambian a una adjunta y la mueven para otro instituto se les rompe la rutina. Con esa persona ya tenía un hábito, una confianza. Cuando viene ora persona eso falla y hay que empezar de nuevo», lamenta esta madre que recuerda que estos niños y niñas son «especiales», chicos y chicas con «distintos tipo de discapacidad» y en casos con «un problema de adaptación» por lo que los cambios «no solo les afectan en el aula, también en sus casas o cuando van a otras terapias».

La sentencia del TSJC del pasado 24 de octubre en la que daba la razón a una trabajadora subraya que «el servicio» se prestaba «en los centros educativos de la Consejería de Educación con los medios materiales existentes en esos centros, en el horario de apertura de los mismos y codo con codo con el personal educativo». Este argumento es el que lleva a las familias, docentes y adjuntas a reclamar que asuma a estas trabajadoras como propias, porque así es como el aula Enclave volverá a ser una vía de la integración.

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